Un costo fiscal de las andanzas de Moreno: US$ 2.300 millones

Por: Alcadio Oña

La notable caída de las importaciones -38% durante el primer semestre- puede coronar en un superávit comercial impactante y en una marca histórica: 17.000 millones de dólares en todo el año. Pero esto es una buena noticia sólo en apariencias.

Primero, porque el ingreso de bienes de consumo, insumos y equipamiento para la industria y el campo se desploma a causa de la recesión. Luego, porque gravitan mucho las trabas que ha impuesto Guillermo Moreno. Y, por otro motivo, resulta además caro e inquietante.

Según un trabajo de la consultora LCG que dirige el ex ministro Martín Lousteau, sólo las trabas aduaneras acarrearían un costo fiscal anualizado de US$ 2.300 millones. Justo cuando las cuentas públicas hacen agua y se sostienen a duras penas con los recursos de la ANSeS.

Las compras al exterior, dice, tienen una carga tributaria del 27%, entre derechos de importación, IVA e Impuesto a las Ganancias. Eso significa que por cada 10 dólares, casi 3 van automáticamente a la AFIP.

El costo fiscal surge de calcular en US$ 8.600 millones las importaciones que filtra Moreno, o sea, sin computar las que caen a causa de la recesión. Por lo demás, ya se acumulan demandas judiciales contra la operatoria, desorden administrativo y va para incontenible el descontento en el gobierno brasileño por las trabas a sus productos.

Tal cual pasa con tantas otras cosas, el kirchnerismo contraataca con la teoría de la conspiración: acusa a los importadores de hacer lobby. Seguro lo hay, pero también ocurre que la movida busca, redondamente, frenar la compra de dólares escasos, la presión sobre las reservas del Banco Central y el tipo de cambio.

De hecho, algo de eso se ha evitado. Lo que no se logró es que, en gran medida, los dólares del superávit comercial financien la salida de capitales del sistema: de lo contrario, las reservas habrían crecido fuerte, en lugar de ser inferiores a las de un año atrás.

Así ahora haya mermado, la aspiradora de divisas consumió US$ 23.600 millones en los últimos doce meses, según el BCRA. Significa plata que no va al consumo ni a la inversión, que pega en la actividad económica y en el horizonte productivo. Resulta, al fin, el efecto desconfianza que ni de lejos el Gobierno ha logrado remover.

Apremiado por la necesidad de encontrar otras fuentes de financiamiento que no sean la ANSeS, el Banco Central y el Nación, Amado Boudou insiste, una y otra vez, con la idea de avanzar en la reapertura del canje para los bonistas. Quienes conocen el paño, aseguran que hay buen ambiente entre esos acreedores; incluso, disposición a aceptar una quita mayor a la original.

Sólo que mientras el ministro madura la operación y ve si de verdad cuenta con plafond en la cima del poder político, hay por delante un escollo de hierro.

Se lo autoimpuso Néstor Kirchner en los días del canje de 2005 y se lo bautizó "ley cerrojo". Prohíbe al Gobierno relanzar la operación, así como le bloquea cualquier transacción con los títulos que quedaron afuera: largos US$ 20.000 millones a valor nominal.

Sería inevitable sacar una ley que derogue la que está vigente. O un decreto de necesidad y urgencia, si la Presidenta admite correr con los riesgos y el costo político y piensa que así se podría recuperar financiamiento internacional.

En la misma, difusa hoja de ruta del ministro figura la intención de tentar con el mercado de crédito interno antes de fin de año. Según un banquero que ha compartido reuniones con Boudou, "también sería necesario que el Gobierno de vuelta las incertidumbres que él mismo siembra". Nada que se perciba, sino todo lo contrario.

Para más adelante, cerca de dos años, el jefe de Economía tiene puesto cerrar un acuerdo con el Club de París. Es cualquier cosa menos un trámite sencillo, por más que se hayan conciliado los números de una deuda que bordea los 7.000 millones de dólares: en esa negociación entra una auditoría del Fondo Monetario y a la vez, las estadísticas del INDEC.

El Gobierno sólo podría sacarse de encima al fastidioso celador si paga todo al contado, cosa que Cristina Kirchner había anunciado y ahora resulta imposible.

Una buena noticia es que desde julio se ha frenado el goteo de depósitos en el sistema privado y, aunque levemente, tienden a crecer. Otra, que aflojó mucho la compra de dólares de la gente.

Alentador, pero inestable, tal cual lo muestra una curva de los depósitos que circula en el ambiente financiero. Se derrumbaron durante el conflicto con el campo; luego empezaron a repuntar y de nuevo cayeron a pique con la estatización de las AFJP. En fin, ruidos conocidos.

Más de uno, en cargos encumbrados del Gobierno, cree necesario al menos definir un programa sobre cómo se afrontará la deuda en lo que resta de 2009 y durante 2010. Dar señales contundentes, para remontar algo de la confianza perdida. Son funcionarios, no arietes del enemigo.

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