Costo de un decreto improvisado: una crónica con final anunciado

Por: Alcadio Oña

Pasó, al fin, lo que cualquier especialista podía prever. Y el Gobierno no contempló. Que el decreto de necesidad y urgencia, que creó el Fondo del Bicentenario, daría argumentos a los fondos buitre que pleitean contra la Argentina: en eso consiste el embargo de reservas del Banco Central dispuesto ayer en Nueva York.

Fue decidido, es cierto, por un juez, Thomas Griesa, que otras veces ha fallado contra la Argentina. Pero es un hecho concreto, no parte de una conspiración internacional con conexiones locales.

Y seguramente pesó un artículo del DNU presidencial. Dice que "las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales y al pago de servicios de la deuda pública del Estado Nacional".

Organismos financieros internacionales pueden ser el BID o el Banco Mundial. "Deuda pública del Estado Nacional" es toda. El punto está justamente allí. Y otro más adelante: hay previstos 4.382 millones de dólares para los "tenedores privados".

El argumento clave de los fondos buitre ancla en que Banco Central y el Estado argentino constituyen un solo bloque. Y de seguido, que si el país destina las reservas al pago de deudas con acreedores privados, como prevé el DNU, ese es un activo que puede ser embargado para cobrarse las deudas que el Estado mantiene con ellos mismos. Tan recontraconocido como su empeño por ir hasta el fin.

Por eso, el decreto fue incorporado a la demanda. Y no sólo recortes periodísticos, como dijo el ministro de Economía.

Era factible, pues, un desenlace como el de ayer. Salvo, claro está, para quienes redactaron el decreto y ni siquiera se cuidaron de incorporar alguna cobertura que protegiese las reservas.

Sin ir más lejos, la división entre Banco Central y Estado es lo que sostiene la defensa argentina, en Nueva York, en su intento por destrabar un embargo por más de 100 millones de dólares. Como es obvio, el decreto del Fondo del Bicentenario tampoco contempló este antecedente.

Es rigurosamente cierto, encima, que los abogados que asesoran a la Argentina advirtieron que el decreto les servía, en bandeja, un buen argumento a quienes pleitean contra la Argentina. Cobran fortunas por su trabajo, pero nadie les pidió consejos.

En vez de responder por qué no se los había consultado, Amado Boudou prefirió ver una conspiración de Martín Redrado. Porque, a su juicio, el documento fue filtrado desde el Banco Central: sobre el escrito mismo, ni una sola palabra.

Salta a la vista, ya en este frente, el altísimo grado de improvisación con que el Gobierno manejó el asunto. Como suele pasar, prevaleció la voluntad sin filtros del que manda. La necesidad de echar mano a cualquier recurso, porque las cuentas fiscales hacen agua. Y, finalmente, el inocultable objetivo político de seguir empujando el gasto público, este año y el que viene.

Es un debate abierto, entre los economistas, si un país que dispone de un stock de reservas de 47.000 millones de dólares no puede usar una parte para saldar deuda externa y liberar fondos para otros fines. Pero una cosa muy distinta es cómo se instrumenta la decisión o, en todo caso, si al menos no corresponde que sea validada por una ley del Congreso.

Pero aun entre los partidarios de un "empleo productivo" de las reservas, cuesta encontrar quien defienda el DNU así como fue engendrado. De apuro, y evidentemente sin consultar a nadie que le pusiese cuanto menos cierto grado de técnica legal: como se ve, a veces eso es importante.

En cambio, Boudou opta por imaginar conspiraciones ajenas en vez de aceptar la ineptitud propia. Conspiración de Redrado, conspiración de Cobos, conspiración de la oposición, conspiración de ciertos sectores de la Justicia.

También, recriminaciones a la jueza que actuó rápido o lento en los casos, o sea, no al gusto del poder político. Como si el Gobierno no hubiese sido rápido con los decretos, eludiendo al Congreso.

Poco importa, si de verdad interesa, saber quién fue el responsable de las imprevisiones o de la falta de un trabajo más elaborado. Al fin, el decreto lleva la firma de la Presidenta y de todo el Gabinete nacional: es de su entera responsabilidad.

El DNU del Bicentenario está trabado en la Justicia y su suerte final aparece comprometida. ¿Estarán los directores K del Banco Central dispuestos a colocarle su firma a la transferencia de reservas al Tesoro Nacional? Por más presión que llegue de Olivos, cualquier paso que hoy den en ese sentido los pone ante el riesgo de una acción penal.

¿Y qué pasa si lo hacen y al final el DNU se cae? "Podemos quedar colgados de un pincel", se escucha en algún despacho del Central.

Después del zafarrancho que el propio Gobierno ha armado, no queda muy claro cómo se logrará recuperar la confianza de los mercados. O acceder a líneas de crédito a tasas más bajas y plazos más largos para inversión pública y privada.

Por si quedan dudas, no son argumentos de financistas. Sino del propio Boudou.

Los acreedores, eso sí se sabe, siempre quieren cobrar. Y cuanto más y más pronto, mejor.

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