Costa presento sus primeros proyectos

Infoglaciar - Eduardo Costa, Diputado Nacional por el Acuerdo Cívico y Social presentó 8 iniciativas legislativas que procuran recuperar la distribución federal de los ingresos nacionales, mejorar la igualdad de oportunidades de la niñez y atender la deuda previsional de los jubilados nacionales.

Junto a otros diputados nacionales del bloque U.C.R, liderados por Ricardo Alfonsín y Oscar Aguad, el representante santacruceño ingresó el viernes último ocho proyectos de ley que se consideran urgentes para dar respuesta a la situación económica de las provincias, apuntalar la educación y el acceso a la alfabetización digital y saldar la deuda del 82 % móvil a los jubilados nacionales.-

Restaurar el reparto Federal

Con este objetivo se presentaron los siguientes proyectos:

Eliminación de la pre-coparticipacion del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias.-

A partir de la privatización de las Jubilaciones, en la década de 1990, y con el fin de compensar la pérdida de aportes al sistema previsional estatal, el Gobierno Nacional por distintas vías comenzó a deducir de los fondos coparticipables determinados porcentajes de la recaudación del IVA y Ganancias.

Al reestatizarse el sistema de las AFJP, carece de sentido seguir privando a las Provincias de su legítimo ingreso por coparticipación.-

El proyecto presentado por Costa e integrantes del Bloque de la U.C.R. busca restaurar este derecho de los Estados Provinciales, el que implica devolverle a las provincias un valor cercano a los 12.000 millones de pesos, que hoy el Gobierno Nacional asigna en forma discrecional y arbitraria.-

Coparticipación del 100 % del impuesto al Cheque.-

El impuesto a las Transacciones Financieras, comúnmente llamado impuesto al cheque, ha quedado fuera del régimen regular de coparticipación de los impuestos nacionales por una disposición especial; ésta establece que sólo se coparticipa el 30%, quedando el 70% de lo recaudado con destino al Tesoro Nacional.-

El proyecto presentado dispone que la totalidad de lo recaudado se destine al régimen de coparticipación, distribuyendo entre Nación y Provincias los porcentajes generales que este último instaura.

De esta forma se recupera para las provincias una suma estimada anualmente en 8.200 millones de pesos.-

Apoyar la terminalidad educativa y la alfabetización digital.-

Uno de los proyectos procura instituir un subsidio por terminación del ciclo escolar obligatorio y el otro prevé un plan para el acceso universal a Internet y la provisión gratuita de una computadora portátil a cada alumno de la educación primaria del país.-

Con el primer proyecto se propone avanzar y profundizar el concepto de la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, instituyendo una prestación complementaria consistente en un subsidio equivalente a cuatro sueldos promedio de la administración pública nacional, a aquellos menores que terminen los doce años de educación obligatoria.

Se intenta reconocer económicamente el esfuerzo a los hijos de familias sumidas en la pobreza, e incentivarlos a que terminen sus estudios con el objeto de revertir los inaceptables niveles de deserción escolar, que en el segmento más pobre de la población supera al 30%.-

Con el segundo proyecto se propone un plan a cuatro años para dotar de computadoras portátiles de bajo costo, en forma gratuita y universal, a todos los alumnos de la educación primaria; y extender la conectividad educativa a todas las escuelas del País.-

Logrando así comenzar la alfabetización digital, permitiendo un acceso igualitario a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; con el convencimiento de que no debemos resignarnos a una brecha digital que pareciera inalcanzable, sobre todo para los sectores mas vulnerables.-

Estas iniciativas sin dudas significan romper con un modelo de inequidad y fractura social, la aplicación del mismo en otros países como Uruguay lo demuestran claramente.-

Para reactivar la producción de alimentos en la Argentina.-

Con este objetivo se proponen modificaciones a la Ley Ncial. 26351, conocida como Ley Martínez Raymonda; y la revisión de las funciones de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario –ONCCA-

Conocido es que la crisis entre el Gobierno Nacional y el sector del Campo ha generado una paralización de la actividad agropecuaria afectando los niveles de ocupación laboral y producción de alimentos, al punto de poner en peligro el abastecimiento del mercado doméstico y con ello los costos de la canasta familiar.-

Este proyecto de modificación de la ley 26.351 persigue el propósito de recuperar para el País, el carácter de proveedor confiable de alimentos y dispone evitar cupos, restricciones cuantitativas, limitaciones o modificaciones que alteren los regímenes que rigen las exportaciones de granos y de carnes.-

Junto con ello se propicia la adecuación de funciones de la ONCCA, con autarquía económico-financiera y técnico administrativa, en jurisdicción del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.-

Impulsando de esta forma un organismo técnico para el control y fiscalización en la cadena de producción agroalimentaria; quitándole la facultad de otorgar subsidios, que en esta administración han sido causa de investigación judicial.-

Asimismo, no podrá intervenir arbitrariamente en los mercados, permitiéndosele un financiamiento en base a los ingresos por registraciones y derechos.-

Para saldar la deuda con los Jubilados Nacionales.-

Se propone ampliar el gravamen a la Renta Financiera con destino a la ANSESS y universalizar los derechos de actualización de haberes de jubilados nacionales.-

En cuanto al impuesto a la Renta Financiera, se trata de equiparar las personas físicas con las jurídicas, que ya están alcanzadas por el mismo, destinando lo recaudado a la ANSESS.-

De este modo se compensa parte de lo que se detrae para mejorar la coparticipación a las provincias.

Se entiende que en un país con una distribución del ingreso tan inequitativo, resulta injusto que los ingresos por trabajo se hallen gravados por el impuesto a las ganancias, mientras no ocurre lo mismo con los ingresos por rentas financieras.-

Por su parte la universalización de los derechos de actualización de haberes de jubilados nacionales busca equiparar a aquellos que no han podido solventar asesorías letradas para lograr el reconocimiento del 82% móvil, que en varias causas ya ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación; proponiendo una planificación de aquí al 2014.

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