Cortocircuito entre el gobierno y los diputados por una ley social

Es el Plan Familias por la Inclusión Social, que beneficia a 3 mil madres. Una ley que sancionó la Legislatura en diciembre las obliga a trabajar para el Estado, cuando el beneficio que cobran -300 pesos mensuales- es para que manden a sus hijos a la escuela y los controlen con el médico de manera periódica. La secretaria de Desarrollo Humano, Azucena Ceballos, rechazó la ley y advirtió que "se cambia el espíritu del programa y no estoy de acuerdo".
La titular de Desarrollo Humano y Familia, Azucena Ceballos, rechazó el contenido de la ley sancionada en diciembre por la Legislatura, por la cual se obliga a cumplir alguna actividad laboral en reparticiones estatales a las beneficiarias del plan Familias por la Inclusión Social, quienes perciben 300 pesos mensuales a modo de beneficio para que hagan estudiar a sus hijos y los lleven periódicamente a control médico.

Al abordar el tema Ceballos explicó que se trata de un plan que beneficia a 3 mil personas.

La funcionaria consideró que la contraprestación establecida en la Ley 8.463, "sería más beneficiosa si las beneficiarias la cumplen justamente, atendiendo a sus hijos en sus domicilios, participando en los talleres de promoción que se dictan a través de la Subsecretaría, charlas informativas y capacitación para la actividad en su seno familiar".

Agregó en este sentido que "una contraprestación laboral estaría cambiando el espíritu del programa, dado que el objetivo es contener y preservar a las familias en estado de vulnerabilidad".

Consiste en un plan para madres con más de dos hijos, y que sean menores de 18 años. Indicó Ceballos que "hasta el 2008, estuvieron haciendo la contraprestación que desde la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia se había implementado".

Es decir, cada persona cumple ciertos requisitos, entre ellos: "un control médico, asistencia regular de escolaridad, las mamás se realizaban un estudio ginecológico y en el caso de los hombres un estudio médico general".

Azucena Ceballos explicó que "en este momento y por esta ley 8.463 se pide que se haga una contraprestación por este beneficio". La misma requiere la asistencia a "los centros educativos públicos, a los centros vecinales, hospitales, a los centros religiosos", donde cumplirían la contraprestación.

"Desde la Subsecretaría a mi cargo –subraya Azucena Ceballos- considero que de esta manera se estaría cambiando el espíritu de esta Ley".

Y agregó que "a lo que apunta la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia, es a contener y preservar a las familias en estado de vulnerabilidad. Por eso, yo no estoy de acuerdo en que realicen la contraprestación laboral".

Para Ceballos, sería más beneficioso que esa contraprestación sea "justamente, atendiendo a sus hijos en sus domicilios, participando en los talleres de promoción que se dictan a través de la Subsecretaría, charlas informativas y capacitación para la actividad en su seno familiar".

Recordó la titular de Desarrollo Humano y Familia que esta Subsecretaría "viene trabajando con relación a la familia, a los niños y adolescentes de la provincia" y que, debido a ello, tienen "un gran aval de la Nación".

Finalmente dijo que están haciendo las cosas "con la mirada de la Nación. Siguiendo sus lineamientos, es decir, en la contención de los niños y adolescentes y familia".

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