Los cortes de ruta pusieron a la Justicia en una encrucijada.

Sólo en el Norte salteño se abrieron 16 expedientes en enero por cortes en la ruta nacional 34.
En esas causas, el juez ordenó 38 veces "hacer cesar delitos". El visto bueno nunca llega a Gendarmería.

En los últimos días se instaló en Salta un áspero debate sobre los cortes que se suceden en distintos caminos de jurisdicción federal y que derivaron, días atrás en La Viña, en una intervención directa de policías provinciales ante una manifestación que mantenía bloqueada la ruta nacional 68, en procura de la destitución del intendente de esa localidad. El gobernador Juan Manuel Urtubey defendió las competencias y el rol preventivo de la Policía, no sin apelar a una respuesta menos "lenta y parsimoniosa" de la Justicia Federal.

Es que lo que ocurre en las rutas nacionales muestra a jueces federales cruzados de brazos, o atados de manos, ya que la realidad social e institucional que minó al país de piquetes supera a la realidad jurídica creada por el artículo 194 del Código Penal (el delito de interrupción de vías de comunicación). Los propios jueces federales, como fue el caso de Raúl Reynoso (Orán) el mes pasado y de Miguel Medina (N� 2 de Salta) días atrás, comenzaron a sostener públicamente que "prefieren las rutas cortadas a tener otro Aníbal Verón". Esto, en relación con los luctuosos antecedentes de General Mosconi y Tartagal entre 1999 y 2001.

Lo que no se dice

Las manifestaciones de los magistrados dejan traslucir cierto agobio que tiene como contracara al hartazgo de infinidad de ciudadanos que, como los del departamento San Martín, quedan una y otra vez varados, aún en medio de un desastre como el que sufrió Tartagal el pasado 9 de febrero.

Así como son cada vez más los sectores que recaen en el ilícito del artículo 194 por toda clase de peticiones, cada día son más los ciudadanos que sienten sus derechos y garantías personales pisoteados en medio de una ruta, y también son más los jueces federales resignados a ver que sus órdenes no tienen ningún efecto ni resultado si el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, no autoriza previamente a Gendarmería Nacional y la Policía Federal a acatarlas.

Vuelta de almanaque

Esta situación de atropello al sistema republicano y la división de poderes fue impuesta por el ministro Fernández el año pasado mediante la resolución 1084/08, que desató airadas quejas de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y desembocó en una denuncia de Ricardo Monner Sans que parecía superada tras una intervención de la Corte. La defunción de la controversial resolución fue declarada a fines de 2008 pero los expedientes examinados en relación con los cortes de ruta que hubo este año en el departamento San Martín, en el Norte salteño, indican que la disposición sigue siendo de cumplimiento obligado para las autoridades de Gendarmería y la Policía Federal.

Sin aclaraciones

Infructuosos fueron todos los intentos por contar con consideraciones del ministro Fernández, pero fuentes cercanas a su despacho señalaron que las directivas a los organismos de seguridad se apoyan en el principio de "no criminalizar las protestas sociales". Tal premisa, por acertada que es, no debiera prestarse a permitir que, detrás de las justas y legítimas reivindicaciones que mueven a los auténticos luchadores sociales, se perpetúen excesos, abusos y oportunismos que se valen hasta de la inimputabilidad e inocencia de algunos niños para usarlos como cobradores de peajes extorsivos.

¿Zona liberada?

Según registros en los que se apoya este informe, durante enero la ruta nacional 34 tuvo en los 145 kilómetros que van desde Embarcación hasta Salvador Mazza de uno a siete piquetes en al menos 20 de los 31 días del primer mes del año. Raúl Reynoso, el juez federal de Orán con competencia en esa jurisdicción, abrió 16 expedientes y dirigió 51 oficios a las autoridades de la VII Agrupación de Gendarmería, el Escuadrón 52 de la citada fuerza en Tartagal, la Subdelegación Tartagal de la Policía Federal Argentina, la Jefatura de Policía de Salta y sus unidades regionales 4 (Tartagal) y 2 (Orán).

Los oficios del juez incluyeron 38 órdenes de "hacer cesar los delitos" cuidando todos los recaudos que exigen los derechos humanos y las garantías constitucionales en juego.

En uno de los casos -a las 19,40 del 29 de enero- una periodista de General Mosconi solicitó una urgente intervención en Ballivián, donde una mujer fue agredida en un piquete y su pequeño hijo recibió una pedrada en la cabeza.

Las órdenes que dictó el juez para que las fuerzas auxiliares hagan cesar los delitos enmarcados en el artículo 194 fueron, en todos los casos, letra muerta.

En algunas de las situaciones más comprometidas el magistrado recibió notas de la VII Agrupación de Gendarmería en las que se le comunicó que "se dio trámite ante la Dirección General de Gendarmería de lo dispuesto en dicho oficio judicial, a efectos de la tramitación correspondiente por ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, para la obtención de la autorización respectiva; la que, obtenida, será informada de inmediato a ese tribunal".

En ninguno de los expedientes abiertos en el Norte salteño entre enero y febrero consta que las fuerzas de seguridad hayan recibido el "visto bueno" del ministro Fernández, lo que en opinión de especialistas del derecho, no sólo lesiona al sistema republicano y al ordenamiento jurídico argentino, sino que podría haber desembocado en procesos contra más de un funcionario por desobediencia judicial.

Cualquier juez, en tales situaciones, tiene dos caminos: accionar contra todos aquellos que desconocen abiertamente sus órdenes o aceptar, tras circunstancias atenuantes como la escasez de medios operativos de Gendarmería en la jurisdicción, que sus oficios son sólo hojas expuestas al viento.

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