Ahora bien, la dulzura y el permanente gesto sonriente de poco están sirviendo para encarar los graves problemas que afronta el Estado bonaerense y que forman parte de la pesada herencia que dejó la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex gobernador Daniel Scioli. Hablamos, concretamente, de una provincia que se encuentra quebrada, con partes importantes de su territorio dominadas por narcos y fuerzas de seguridad –y del servicio penitenciario- que han sido penetradas por los mercaderes de la muerte. Enfrentar esos flagelos requiere firmeza, convicción política para combatir las mafias y equipos altamente profesionalizados, y capacitados, algo que por el momento brilla por su ausencia.

Cierto es que Vidal, desde lo discursivo, ha hablado de querer enfrentar el narcotráfico y la corrupción, y también se refirió a la necesidad de que haya más transparencia en la Provincia. Nadie podría estar en contra de eso. Ahora bien, los hechos concretos –por el momento- no acompañan esas afirmaciones. Es más, cuesta entender por qué las actuales autoridades bonaerenses aún no presentaron una sola denuncia penal por el pesado legado que dejó Scioli. Y esto no sólo puede ser atribuido a la ingenuidad ya que otros gobernadores, que forman parte del frente Cambiemos, como es el caso del jujeño Gerardo Morales, están haciendo todo lo contrario. Morales denunció penalmente, con nombre y apellido, y números concretos, el robo infame que hizo la dirigente piquetera ultrakirchnerista Milagro Sala que, durante años, manejó más poder y dinero que el propio gobernador de esa provincia norteña.

Pareciera, asimismo, que con las sonrisas y las puestas en escena de los funcionarios provinciales para emanar buenas vibras, se pretendería tapar el hecho de que hasta el momento no se ha avanzado, en lo más mínimo, en los cambios profundos que requiere una provincia quebrada como Buenos Aires, a lo que se sumarían evidentes acuerdos con estructuras mafiosas y corruptas enquistadas desde hace años. Un caso concreto es lo que está sucediendo en el IOMA, la obra social que fue vaciada durante el gobierno de Scioli y que, pese a las numerosas denuncias penales que se acumulan en los tribunales platenses, aún mantiene en su directorio varios de los responsables del desfalco. Estamos hablando de personajes que están involucrados en delitos gravísimos que van desde utilizar nombres de afiliados fallecidos para vender clandestinamente medicamentos oncológicos de alto costo, hasta hacer acuerdos con la industria farmacéutica para pagar abultados sobreprecios que sirvan para alimentar cajas políticas, mientras miles afiliados tienen que penar para que la obra social les reconozca remedios y tratamientos que son esenciales para su salud.

Tras la designación de Santiago Cassinotti como presidente de la obra social, quien hasta el mes pasado se desempeñó como director ejecutivo de la Cámara Argentina de Droguerías que integran varias empresas que tienen contratos millonarios con el IOMA, poco y nada cambió. Peor aún, Humberto Pumo, quien durante años fue la mano derecha del sciolista Antonio La Scaleia, presidente del IOMA hasta el pasado 10 de diciembre, sigue apareciendo como vocal en el directorio. Lo mismo ocurre con los representantes gremiales en la conducción de la obra social, Patricia Nisembaum y Luis Pérez, que responden a los dirigentes sindicales kirchneristas Roberto Baradel (Suteba) y Carlos Quintana (UPCN), promotores políticos y económicos de la candidatura a gobernador de Aníbal “La Morsa” Fernández en las últimas elecciones.  Eso no es todo: también siguen en funciones, heredados de la gestión sciolista, la directora general de Regionalización del IOMA, Ana Paula Ruggiero; el director de Recursos Humanos, Marcelo Horacio Seara; la directora de Afiliaciones, Eugenia Rosilló Acuña; el director de Sistema de Información, Oreste Luis Carlino; el director de Programas Específicos, Pelayo Aner Romero y el director de Coordinación de Regiones, Gabriel González. Todos los nombrados están involucrados, directa o indirectamente, en las 14 denuncias penales presentadas por la Asociación de Profesionales del IOMA. Entre otros delitos, los denunciantes –que son médicos auditores con varios años de experiencia en el instituto- dieron cuenta que sólo en el año 2014 y el primer semestre de 2015, habría un agujero de 2800 millones de pesos que no se pueden justificar cómo se gastaron.

La corrupción que tuvo lugar en el IOMA también tiene complicidades judiciales. Por ejemplo, en una decisión escandalosa, el juez César Melazo le otorgó una excarcelación extraordinaria a los ex funcionarios de la obra social que se encuentran procesados –varios de ellos vinculados con Quintana- por haber hecho negociados con las drogas oncológicas. La decisión de Melazo les permite actualmente estar en libertad hasta tanto se realice el juicio oral que, por el momento, ni siquiera tiene fecha. Este juez es el mismo que interviene en la causa por la triple fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, quien el martes pasado dispuso la rápida liberación del ex líder Hinchadas Unidas Argentina, Martín Mallo (ver página 4).

El gobierno de Vidal, con la escandalosa fuga de los condenados por el triple crimen, está pagando demasiado caro la decisión de asumir la conducción de la Provincia y mantener gran parte de la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Policía de la gestión anterior. Bombas similares le pueden explotar en cualquier momento en otras áreas de la provincia donde hubo un reciclaje masivo de funcionarios kirchneristas y sciolistas, como es el caso del Instituto de Loterías, el ministerio de Salud y la Asesoría General de Gobierno.

 ¿Se animarán a cambiar el rumbo? Esperemos que tengan la fuerza y el coraje para hacerlo. Haremos votos por ello.