Por Daniel Lozano

CARACAS.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cumplió las órdenes de Nicolás Maduro y declaró inconstitucional la ley de amnistía y reconciliación nacional propuesta por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. La sentencia fue hecha pública ayer, en medio de las celebraciones oficialistas del 11 de abril, día del golpe de Estado fracasado contra Hugo Chávez.

"La amnistía intenta procurar la impunidad de delitos comunes cometidos por sectores que actualmente controlan el Parlamento", acusa el TSJ. Una vez más, el poder judicial acató sin ruborizarse las órdenes del Ejecutivo. Los magistrados consideran que la ley no se apega a los principios constitucionales y que revela un carácter arbitrario del legislador, que pretende imponer una verdad distinta a lo que expresa la Carta Magna.

Incluso los jueces insisten en que no basta con que la Asamblea apruebe una ley para que ésta sea válida: "No se puede controlar la validez de una norma teniendo en cuenta exclusivamente lo que ésta dice".

Con esta propuesta legislativa, la oposición pretendía forzar la libertad de los 79 presos políticos que actualmente hay en Venezuela, incluso más que los prisioneros políticos en cárceles cubanas. El chavismo ha construido, gracias a su aparato de propaganda, una narrativa de violencia contra los presos, que exhibe una y otra vez en sus medios.

Leopoldo López, el preso más emblemático de la revolución, fue condenado a más de 13 años de cárcel pese a que el fiscal que lo acusó confesó que todas las pruebas fueron montadas. Investigaciones periodísticas, fotografías y videos demostraron que el 12 de febrero de 2014 fueron policías y agentes de información quienes dispararon y asesinaron al joven opositor Bassil Dacosta.

Las otras dos víctimas, Juancho Montoya y Roberto Redman, también murieron alcanzadas por disparos realizados por paramilitares oficialistas, según las denuncias de sus familiares.

"No va la ley de amnesia criminal y de impunidad", insistió Maduro en el festejo revolucionario de ayer. "Es una ley que perdona los delitos. Ellos confiesan en la ley ser los autores intelectuales y materiales de todos los intentos de desestabilización que ha vivido Venezuela desde 1999 [año en que llegó Chávez al poder] hasta 2015. Pretenden dejar sin efecto los artículos del Código Penal. Si queremos paz, esa ley no va", anticipó el "hijo de Chávez".

Maduro insistió en que López, que cumple su condena en la prisión militar de Ramo Verde pese a que la ONU, el Parlamento Europeo, Amnistía Internacional y un buen número de ex mandatarios latinoamericanos y europeos han reclamado su libertad, es "responsable de la muerte de 43 venezolanos, por las cuales no ha pedido perdón. Y por el contrario, sigue conspirando para asesinar venezolanos, colocar bombas y provocar una hecatombe".

El Supremo, brazo armado de la revolución bolivariana, va más allá, al afirmar que los partidos que aprobaron la ley "son responsables directos de graves violaciones de los derechos humanos de los cuales hemos sido víctimas". Incluso cita a dos dirigentes de Voluntad Popular, el partido de López: Freddy Guevara y Gaby Arellano. "El TSJ no es un poder autónomo, es el bufete privado en defensa de las mafias rojas que tienen secuestrados los poderes del Estado en Venezuela", protestó Arellano tras conocer la sentencia.

"Hoy más que nunca lograr la amnistía depende del revocatorio [contra Maduro]", subrayó el gobernador Henrique Capriles vía Twitter. Horas antes, Maduro le había acusado de "andar contratando asesinos para matar al pueblo".

La diputada Delsa Solórzano, una de las políticas que más han trabajado en favor de la ley, puntualizó que "la decisión demuestra que lo inconstitucional no es la ley, sino el máximo tribunal. No descansaremos", añadió.

"La decisión no sorprende", analizó el jurista José Ignacio Hernández. "Hasta el 6 de diciembre, la Sala Constitucional tuvo una posición favorable a la Asamblea [de mayoría chavista]. A partir de allí, la Sala cambió drásticamente de criterio."

Según el abogado constitucionalista José Vicente Haro, el Supremo usó "más argumentos políticos que jurídicos" en su sentencia.