La Corte suspendió el Código y ahora es el turno de Diputados

La cámara baja debe resolver si vota la prórroga para el nuevo sistema agregando delitos al período de transición, o si lo mantiene como hasta ahora. Ayer, una acordada salvó la incertidumbre generada por el vencimiento del plazo.
La prolongación de la vigencia del viejo Código Procesal Penal, y del período de transición que establece una aplicación paulatina de las previsiones del nuevo sistema basado en la oralidad, quedó establecida ayer -tal como estaba previsto- por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, a través de una acordada. Sobre esa base, la Cámara de Diputados deberá establecer mañana en qué términos avalará la postergación solicitada por el Poder Ejecutivo, después de que la semana pasada ésta se viera frustrada, por la diferencia de criterios entre ambas cámaras sobre la posibilidad de agregar 8 delitos a la transición.

Superada ya la incertidumbre generada a partir del vencimiento del plazo de espera para la entrada en vigencia del nuevo Código, que operó a las 0 horas del 30 de noviembre sin una nueva prórroga que salve la imposibilidad de su aplicación, ahora los diputados deberán resolver si aprueban sin más la versión del Senado -ajustada al mensaje original del gobernador, que prorroga la transición hasta el 31 de enero de 201, en los mismos términos en que rigió hasta ahora- o si insisten con el agregado de 8 delitos más que ellos votaron por unanimidad, y devuelven el proyecto para su reconsideración en la cámara hermana.

Puntos de vista

Al respecto, la Corte había advertido, primero a través de una acordada y luego de una comunicación que fue tomada en cuenta por la mayoría justicialista del Senado a la hora de considerar el proyecto, que la ampliación de delitos susceptibles de ser tramitados por juicio oral aumentaría significativamente el volumen de causas, sin estructura ni recursos suficientes para abordarlas. Para los diputados ésto no era tan así y, con algunas concesiones -como dejar para más adelante los homicidios simples- se podía extender los alcances de la transición, como una manera de estimular la concientización y la adopción de una nueva cultura procesal entre los ciudadanos y, sobre todo, los operadores del derecho.

"Nosotros propusimos que se comenzara a aplicar la oralidad a partir de abril del 2010, lo cual hacía irrelevante la cantidad de causas. El Senado optó por el mensaje original del Ejecutivo, que solo hablaba de extender la prórroga y devolvió a Diputados el mensaje. Lo vamos a analizar. Yo tendré que conversar con el Frente Progresista y los demás bloques, porque para insistir con nuestra propuesta se necesitan los dos tercios", comentó esta mañana el presidente del bloque de diputados del Frente Progresista, Raúl Lamberto.

Argumentos

En todo caso, ambos actores acudieron explícita o reservadamente a argumentos que no carecen respectivamente de su cuota de razón: la Corte a la escasez de infraestructura y recursos -e incluso de normativa reglamentaria-, los diputados a la necesidad de avanzar sobre la resistencia al cambio que todavía se advierte en parte del Poder Judicial. "Hace falta un cambio, una decisión que cuesta y un sistema que se vaya acostumbrando a la oralidad", dijo Lamberto.

En cualquier caso, la decisión de la Corte -que invocó a tal efecto su condición de cabeza de uno de los tres poderes del Estado- resultó fundamental para traer seguridad jurídica a la equívoca situación generada. Y es que, técnicamente, y si bien desde el Ministerio de Justicia se interpretó otra cosa, durante tres días y medio estuvo en vigencia el nuevo sistema penal en la provincia, situación que se revirtió a partir de la media tarde de ayer.

Para el ministro Héctor Superti ésto nunca pasó, ya que faltó un acto formal del gobernador que ponga en vigencia el nuevo Código, cosa que no se produjo porque no estaban dadas las condiciones para ello. "No es nada nuevo ni debería generar polémica, porque es lo mismo que pasó en julio de 2008", interpretó. Recordó que "el proyecto original como la correspondiente ley de implementación sostienen que el Código empezará a regir cuando el Poder Ejecutivo entienda que estén dadas las condiciones para que eso ocurra".

Ley y acordada

En realidad, el articulado de la última ley de prórroga, la 12.912, que la Corte reproduce en su decididamente diplomático pronunciamiento de ayer, no establece una facultad para el gobernador, sino que le impone una obligación. Si, por un lado, el art. 2 conmina a generar las condiciones para la vigencia del Código -incluso mediante la articulación de acciones entre los tres poderes-, el art.3 dispone, taxativamente, que "la implementación definitiva e integral de la ley 12.734 -Código Procesal Penal- será dispuesta por el Poder Ejecutivo en un plazo que no podrá superar el 30 de octubre de 2009".

La fórmula escogida por la Corte para salvar el desfase temporal fue considerar que todavía conservaba vigencia, por mantenimiento de las mismas condiciones, la anterior acordada sobre el mismo tema, dictada el 2 de julio de 2008. Esto, "hasta tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la Provincia adopten las decisiones institucionales que resulten necesarias a los fines de la puesta en vigor total o parcial" del nuevo Código.

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