La Corte Suprema de Justicia acumula nuevos reclamos sobre los montes salteños

La ampliación de un recurso de la Universidad Nacional de Salta ante la Suprema Corte de Justicia para preservar las áreas del futuro Parque Nacional de General Pizarro en el departamento de Anta, sumó ayer un nuevo escalón en la batalla judicial para la preservación de los bosques de la provincia.Comunidades aborígenes presentaron la semana pasada una carta denunciando que los desmontes en los departamentos de San Martín, Santa Victoria, Orán y Rivadavia no se han detenido.

Mediante una ampliatoria de una causa que había iniciado en 2005, la Universidad Nacional de Salta volvió a pedir a la Suprema Corte de Justicia que urja a la Provincia y a la Nación el cumplimiento del convenio entre ambas para destinar 4228 hectáreas de General Pizarro para un parque nacional.

La presentación judicial busca evitar que se declare "abstracta" la antigua demanda presentada durante la administración Romero, cuando a través de un decreto se desafecto un parte del área natural de Pizarro para destinarla a la construcción de una ruta.

La UNSa cree que la causa sigue actual y que un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia al respecto favorecería la preservación de las áreas de General Pizarro, sometidas a presión de emprendimientos agropecuarios, aunque toda la zona se encuentra pintada de rojo en el ordenamiento dispuesto por la provincia, lo que significa que es un área de máximo valor de conservación.

La de ayer fue la segunda presentación judicial en el lapso de siete días que se hace en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la preservación de los bosques salteños.

Hace una semana, una mesa de Tierras del Norte de Salta denunció mediante una carta a ese Tribunal que aún continúan los desmontes en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, a pesar de una medida cautelar dispuesta hace un año por ese tribunal dentro de la caso "Dino Salas", que ordenó la suspensión de esas actividades.

Según la organización, ocho mil cuatrocientos hectáreas en la Finca La Maravilla, y otras 880 en El Chilcar, ambas del departamento de San Martín, fueron desmontadas entre el 22 de enero de 2009 y el 21 de octubre de 2009, pero esto sólo sería una muestra de lo que estaría ocurriendo en el resto de las superficies resguardadas de los desmontes por la medida cautelar de la Corte.

La carta firmada por el cacique Eduardo Rivero, Bernabé Aparicio, Félix Almaraz, Estefanía López, Reinaldo Arias y Ezequiel Salas, concluye que la medida cautelar de la Corte no se ha cumplido, y señala que "como si ello fuera poco, los responsables procedieron a la quema de los restos vegetales en un incumplimiento a las normas legales vigentes".

La asociación agregó que los desmontes se realizaron en zonas que, según el mismo Ordenamiento de Bosques que presentó la provincia ante la Corte, estarían en la Categoría II (en color amarillo) y, además, son utilizadas por pueblos indígenas y poblaciones criollas.

La mesa de Tierras del Norte quiere ahora que el INTA o la Universidad Nacional de Salta, detecte mediante imágenes satelitales de 2008 y 2009 los lugares de los cuatro departamentos donde se podrían haber realizado más desmontes durante la vigencia de la medida cautelar. Y que la Corte tome otras medidas para que la medida de suspensión de los desmontes sea efectiva.

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