La Corte Suprema falló a favor del ex gobernador Maza

El máximo tribunal hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la defensa de Maza.
La Corte Suprema de Justicia falló a favor de Ángel Maza, destituido como gobernador en el 2007 por la Cámara de Diputados. Fue por mal desempeño en sus funciones y falta de cumplimiento a los deberes a su cargo. La denuncia que derivó en el enjuiciamiento, presentada por el abogado Luis Carreño, fue por la expropiación de 45 hectáreas de tierras fiscales, ubicadas en la zona Sur de la ciudad, por las cuales el Gobierno pagó a un particular 220.000 pesos, sin dar intervención a la Legislatura. Además de ser destituido quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.

Con esta resolución a favor, el ex mandatario puede presentarse para cargos electivos provinciales nuevamente. Así lo explicó Pedro Carreño, uno de los abogados de Maza, y dijo que aún no fueron notificados del fallo.

Recurso

El recurso extraordinario presentado por los abogados Raúl Galván y Pedro Carreño ingresó con el número 1514 a la Corte Suprema de Justicia, en diciembre de 2007. El pedido fue en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, quien rechazó la acción de amparo presentada por la destitución del ex gobernador Ángel Maza.

Carreño explicó que a la Corte se recurre en las sentencias arbitrarias, vicios errados que son contrarias a la Constitución y a la doctrina.

En este sentido dijo que se presentaron tres líneas de argumento en el amparo: "sobre el tribunal de Juicio Político, la falta de prueba sobre la acusación que es inexistente porque no hay elemento; y la gravísima violación de la defensa en juicio". Habló de otra irregularidad: que recién en el fallo apareció la inhabilitación.

En comunicado enviado por el Frente de la Esperanza explica que "entre las irregularidades denunciadas por la defensa del ex gobernador se encuentra el inédito plazo de cuatro días hábiles que otorgó la Sala de Sentencia para contestar las acusaciones en tres juicios políticos (tierras del Golf, toma de la Legislatura y de Casa de Gobierno) y ofrecer las pruebas respectivas".

"Esta defensa se basó en puntos claves, que denotan graves falencias en el proceso instrumentado por Diputados contra Angel Maza. Entre estos puntos deben destacarse: la recusación de algunos miembros del Tribunal del Juicio Político; la nulidad total de la acusación por haberse suprimido la garantía de la defensa en juicio o debido proceso, la inconstitucionalidad de los artículos 109 de la Constitución de la Provincia y de la Ley 5048 (sobre la institución del Juicio Político); la inexistencia y falta de configuración de las causales de Juicio Político, como así también la falta de acreditación y/o inexistencia de los hechos. También se señala que la transacción judicial (por las tierras del Golf, que originaran la causa contra Maza) fue homologada a todos sus efectos por el Tribunal Judicial interviniente con plena validez jurídica, eficacia y ausencia de vicios".

Irregularidades

El comunicado indica que al ex gobernador se lo encuentra culpable de los cargos de "mal desempeño de sus funciones" y "falta de cumplimiento de los deberes a su cargo" y, por unanimidad, se lo absuelve del cargo de comisión de "delitos comunes", explicaron. Por ello "lo destituyen a Maza y se le impone inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el lapso de cinco años. Aunque esta inhabilitación no ha sido considerada, incluida ni votada públicamente por la Sala de Sentencia".

El pedido de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia se fundamentaba en que con la resolución de la Cámara de Diputados "se afecta en forma grave y lesionan, restringen, alteran y amenazan con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías que le corresponden al doctor Ángel Eduardo Maza, como habitante de la Nación Argentina".

Incluso se detectó que varios diputados (Américo Barrios, Gustavo Minuzzi, Mario Guzmán Soria, entre otros) habían vertido públicamente expresiones agraviantes contra Maza, adelantando opinión respecto del Juicio Político contra el ex gobernador.

Finalmente, los abogados Raúl Galván y Pedro Carreño destacan que el Estado y los órganos de contralor homologaron la transacción inmobiliaria que generó el Juicio Político. "Se pagaron 220 mil pesos a un particular para permitir la construcción de una obra vial estimada en 37 millones de pesos. No hubo enriquecimiento. No hubo delito. Así lo afirma además la sentencia de los propios Diputados", señalan categóricamente Galván y Carreño.

"La inhabilitación, como la destitución y, en suma, todo el proceso de Juicio Político, ha sido al margen de la ley y la Constitución", dice uno de los últimos párrafos de la presentación de la defensa de Angel Maza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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