La Corte Suprema dio 30 días para restituir a Sosa

La Corte Suprema de Justicia ordenó restablecer en su cargo al ex procurador general del TSJ, Eduardo Sosa. Fue separado en 1995, al ser suprimido, por ley, el cargo que ejercía. Después de 14 años y varios fallos en ese sentido, intimó al cumplimiento perentorio bajo "apercibimientos de sanciones penales". Hasta ayer, ni la Fiscalía de Estado ni el Tribunal habían sido notificados del fallo.
La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer restablecer en su cargo al ex procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa, quien había sido separado en 1995 por el entonces gobernador provincial Néstor Kirchner.

El alto tribunal ordenó al ahora gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, reponer a Sosa en su cargo en un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de sanciones penales.

La corte fijó que Sosa sea repuesto en el cargo de agente fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) santacruceño, con la advertencia de que en caso de incumplimiento, se dará intervención a la Justicia penal para que investigue el presunto delito de acción pública.

Si bien el fallo trascendió en forma íntegra en diferentes medios de comunicación nacional y provincial, hasta ayer, oficialmente, ni la Fiscalía de Estado como representante legal del Gobierno de Santa Cruz ni el Tribunal Superior de Justicia habían sido notificados de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, algo que se estima ocurrirá entre hoy y mañana. De igual manera, tampoco había llegado la notificación al demandante, Eduardo Sosa.

Decisiones anteriores

Ya en 2001 la corte había ordenado reponer a Sosa en su cargo, pero la Fiscalía de Estado de la provincia se opuso a ello, alegando que la ley local 2404, a partir de la cual el actor perdió su puesto, no había sido declarada inconstitucional en cuanto a la validez y subsistencia de los cargos de agente fiscal y defensores de pobres ausentes e incapaces.

En 2005, el STJ local hizo lugar a un recurso del fiscal de Estado, y dispuso en lugar de proseguir con la ejecución de sentencia, fijar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a Sosa, declarando la inconstitucionalidad del Art. 9 que disponía su cesantía. La indemnización alcanzaba el millón doscientos mil pesos.

Sin embargo, Sosa no lo aceptó e interpuso un recurso ante la Corte Suprema, en el que recordó que en tres oportunidades -1998, 2000 y 2001- dicho tribunal había ordenado que sea repuesto en su cargo de procurador.

En el artículo 9, segundo párrafo, de la Ley 2404, la Cámara de Diputados provincial había dispuesto el desdoblamiento del cargo de procurador.

Sin embargo, para la corte ello no implica que la competencia del procurador se "suprimió, sino que tan sólo se dividió o desdobló".

"Se admitió que ningún agravio constitucional se habría ocasionado al demandante si se le hubiera asignado uno de los dos cargos en los que se habrían distribuido sus competencias originales", indicó la corte, al mismo tiempo que recalcó que en ningún momento se lo reincorporó a Sosa a ninguno de los cargos.

"Que la nueva decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, que rechaza la ejecución de la sentencia tal como fue requerida por el actor y la sustituye por una suma de dinero, se aparta manifiestamente de las claras y precisas directivas emanadas de esta corte en las distintas y reiteradas intervenciones que le cupo en la causa", reprochó la corte.

Para los integrantes de la corte, "las consecuencias derivadas de la aplicación de normas y actos que comprometen seriamente el normal desenvolvimiento de instituciones fundamentales de la provincia no pueden ser reparadas mediante una indemnización, sino que requieren el restablecimiento del orden por ellas afectado".

Al resolver el planteo para dar una solución de "manera definitiva", la corte intimó al Gobierno de Santa Cruz a "asumir delicadas responsabilidades institucionales".

Por último, la corte libró oficio al juez federal de Río Gallegos, encomendándole "la notificación de esta sentencia en la persona del señor gobernador de la provincia".

El fallo fue suscripto por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.

Una demanda de 14 años

El fallo de la Corte Suprema de Justicia, intimando en un plazo no mayor a 30 días al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz a restituir en su cargo al Dr. Eduardo Sosa, de cumplimentarse en tiempo y forma, pondrá cierre a 14 años de lucha judicial por parte del ex magistrado.

La separación de Eduardo Sosa de su cargo comenzó con la sanción de la Ley 2404, que reformaba la Ley 1, sustituyendo en el capítulo referido al procurador general por la figura del agente fiscal ante el tribunal y el defensor de pobres y ausentes ante el mismo organismo.

Esa ley fue sancionada el 7 de setiembre de 1995, luego en una sesión de alto voltaje, donde la oposición advertía que se estaba frente a la violación de las normas constitucionales, toda vez que la misma reforma establecía en su artículo 9 el cese en sus funciones del procurador general, Eduardo Sosa.

En aquel debate que concentró el mayor tiempo de una sesión que comenzó a las 15 horas y terminó pasada las 23, durando más de 8 horas, se advertía que dicha eliminación era de "dudosa constitucionalidad" e implicaría un "grave" precedente institucional.

También se sostenía que, en lugar de la división de la Procuraduría en Fiscalía y Defensoría se debería mantener la figura del procurador y crear la del defensor, algo que no fue tenido en cuenta por la mayoría de los legisladores del Frente para la Victoria, en tiempos en que Néstor Kirchner gobernaba Santa Cruz.

El oficialismo, que tuvo por miembro informante al hoy titular de la SIDE, Héctor Icazuriaga, y contaba entre sus integrantes a la entonces diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner, se basó para fundamentar su decisión en el marco del derecho administrativo de Miguel Marienhoff y sus citas, planteando que "en nuestro Derecho no existe la estabilidad absoluta", agregando que "la inamovilidad no puede concebirse como un derecho subjetivo del funcionario".

Ocupando entonces la vereda de la oposición, Héctor Peña fue el principal sostenedor de la posición contraria a la sanción de la ley, desde su banca unipersonal, de la bancada radical, el orador fue el diputado Horacio Lafuente. Peña señalaba "su espanto, como abogado, como diputado y ciudadano" por la teoría ensayada por Icazuriaga, y recordaba que se trataba de un derecho constitucional y "suprimir el cargo es mochar a los jueces que se nos de la gana, es una aberración típica del más puro fascismo y va en contra del sistema republicano de gobierno, además de ser una "barbaridad jurídica"".

También se advertía que se podría convertir dicha sanción en un juicio millonario, lo cual se transformó en realidad, cuando Eduardo Sosa comenzó un largo camino judicial con su presentación, aquel viernes 22 de setiembre de 1995, ante el mismo tribunal que dispuso su cese en cumplimiento de la ley sancionada por los legisladores del Frente para la Victoria.

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