La Corte Suprema culpó al Gobierno

La Corte Suprema culpó al Gobierno
La Corte Suprema de Justicia apuntó ayer al Gobierno, al Congreso y al Consejo de la Magistratura por la falta de condiciones necesarias para que en la Argentina se complete el proceso de sanción de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
El Máximo Tribunal intervino en la polémica por las demoras en las causas de derechos humanos creando un organismo para monitorear los procesos. Esta decisión llegó once días después de que la presidenta Cristina Kirchner reprochara al Poder Judicial la responsabilidad sobre este conflicto generado por un fallo de Casación que autorizó la libertad –que finalmente no obtuvieron– de represores como Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta.

A pesar de que en el comienzo del escrito los jueces consignan la voluntad explícita de los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal para agilizar las causas, luego destacaron que “esa determinación no está exenta de considerables inconvenientes prácticos”, y pasaron a detallar los temas pendientes de resolución que la Corte le hizo notar durante todo el año al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y al Consejo de la Magistratura. En rigor, los cuestionamientos podrían aplicarse a todo el sistema judicial, no sólo a los procesos por delitos de lesa humanidad.

En la acordada, los magistrados resuelven crear una unidad de Superintendencia para los delitos de lesa humanidad, que hará un seguimiento detallado de cada causa, y piden a los jueces que trabajen en conjunto con los fiscales. A la hora de otorgar responsabilidades, la Corte escribió que un factor de demora permanente está en el código procesal penal, al que consideran obsoleto. La reforma del código era una tarea que Cristina Kirchner impulsó y luego frenó cuando todavía era senadora de la Nación. “El proceso penal mantiene una instrucción judicial lenta, extremadamente formalista y plagada de oportunidades dilatorias que afecta el juzgamiento de todos los delitos”, dice el texto.

El 19 de diciembre pasado, la Cámara de Casación firmó un fallo que aseguraba el escándalo. La Sala II, con la firma de Guillermo Yacobucci y Luis García, ordenó la liberación de represores acusados de delitos de lesa humanidad en la causa ESMA. El tribunal consideró que el tiempo que los marinos llevaban presos sin condena superó el plazo establecido por la ley, y decidieron no prorrogar su detención. Ese mismo día, la Presidenta tenía agendado un acto en la Escuela de Mécanica de la Armada. Indignada, dijo que ése era “un día de vergüenza para la Argentina y la humanidad y también para nuestro sistema judicial”. La respuesta de la Corte llegó primero en boca de su más antiguo representante, Carlos Fayt: “No es culpa nuestra, es culpa del Congreso que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados”. La semana pasada, el ex presidente Eduardo Duhalde también apuntó en la misma dirección durante una entrevista con este diario: “Estamos frente a la administración más incompetente que yo haya visto. Ni siquiera lo hacen bien con el tema de los crímenes de lesa humanidad, un tema que el Gobierno impulsó. Hace años alerté respecto de que no se iba a terminar con los juicios si no se modificaban las normas procesales. Y no se cambiaron porque fue gente de otro partido la que presentó un proyecto de ley”.

Ayer, el Máximo Tribunal fijó su postura. Entre las críticas, también señaló que el 15 de julio pasado le envió una carta al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, para pedirle la creación de dos tribunales orales federales en Capital por la congestión de causas que abruman a los seis que ya están en funcionamiento. Uno de ellos es el TOF Nº 5, que sólo se dedica a los juicios de la megacausa ESMA y la del Primer Cuerpo del Ejército, dos expedientes de una magnitud tal que tendrán años por delante hasta dictar sentencia. La carta llegó al despacho del ministro pero ayer, en el cuarto piso de Talcahuano, se encargaron de informar que nunca recibieron respuesta.

En todos los señalamientos de la Corte subsiste la idea de que los problemas no están sólo en las causas por delitos de lesa humanidad sino en todo el sistema. Así, cuando apuntan al Consejo de la Magistratura dicen que las demoras se deben a las vacantes sin cubrir en los juzgados, al retraso en el plan de digitalización de los expedientes y a la falta de infraestructura: “Para el caso en que se concreten los juicios orales, no hay salas de audiencias que ofrezcan condiciones de seguridad”, escribieron los cortesanos en la última acordada del año.

EL COLAPSO ES UN CASO FEDERAL

Por Martina Noailles

La falta de unificación de causas por delitos cometidos en el mismo centro clandestino es la razón principal que demora las investigaciones y los juicios.

El cuello de botella de la Justicia en los procesos sobreviolaciones a los derechos humanos no sólo se refleja en las pocas causas que fueron elevadas a juicio oral. Como contracara de los 21 expedientes que están en manos de tribunales orales, otros mil casos recién se encuentran en etapa de instrucción. Los motivos del lento andar son disímiles a lo largo y a lo ancho del país, pero uno de los puntos principales es la fragmentación de las investigadores.

Según los datos actualizados que maneja la Unidad Fiscal a cargo del seguimiento de las causas desde la Procuración General de la Nación, hoy existen 534 personas procesadas por delitos de lesa humanidad. De ellas, 378 seencuentran detenidas, algunas en cárceles comunes, muchas otras en sus casas. Los prófugos son 54. Y los condenados sólo 36.

Pero más allá de este número total de procesados –que en 2008 tuvo un aumento considerable con respecto al año anterior–, al poner la lupa sobre los detalles de cada jurisdicción los problemas se hacen aún más evidentes.

Los obstáculos son muchos y se verifican en distintos momentos procesales: desde que se abre la causa hasta que se indaga a los imputados; desde que se los procesa hasta que el fiscal requiere la elevación a juicio y desde que finalmente el juez cierra la instrucción y deja en manos de un tribunal oral la fecha en la que sentará en el banquillo a los acusados. En el medio, las cámaras de apelaciones y la Cámara Nacional de Casación Penal se toman su tiempo para resolver los innumerables recursos presentados por las partes.

Uno de los problemas que se verifica en la mayoría de las provincias es la atomización de las causas. Este año, por ejemplo, en Tucumán se realizó el primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos de la provincia, con sólo dos imputados, los jerarcas Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, y una víctima, Guillermo Vargas Aignasse.

En esa tierra, donde funcionaron los primeros centros clandestinos del país antes del golpe de 1976, se tramitan unos 600 expedientes, casi todos instruidos por un único juez federal, Daniel Bejas, y un solo fiscal, Emilio Ferrer. En el último año, los pedidos del ministerio público lograron que algunas de estas causas que se refieren a una única víctima se acumularan jurídicamente según el lugar en el que estuvieron detenidos.

En Córdoba, el intento por unificar las causas aún no tuvo éxito y hoy se tramitan 19 causas por los delitos cometidos en el mismo lugar: el centro clandestino La Perla. En muchos de estos expedientes ni siquiera se han tomado declaraciones indagatorias.

En el norte el panorama no es más alentador. Aunque en Jujuy existen unas veinte causas abiertas y el requerimiento de indagatorias del fiscal Domingo Batule data de agosto de 2006, el juez subrogante Carlos Olivera Pastor sólo tomó declaración a tres represores. También hace ya varios meses que el fiscal solicitó la unificación de las causas, pero aún no obtuvo respuesta. “Está claro que el juez no hace lo necesario para que las causas avancen. No tiene por acreditados los testimonios realizados en el hábeas data local ni en las mismas causas con anterioridad a su reapertura, lo que lleva a una pérdida enorme de tiempo en testimonios que no haría falta repetir y la postergación interminable de la citación a indagatoria de los responsables”, relató Pablo Pelazzo, abogado querellante.

Mendoza es otra de las provincias que ve avanzar la Justicia a paso lento. La gota que rebasó la paciencia fue la decisión de la Cámara Federal provincial de liberar a todos los represores procesados. “Pedimos el juicio político contra los tres camaristas por mal desempeño ya que las libertades concedidas son escandalosas. Además se les negó ser querella a distintos familiares, por ejemplo al hijo de Paco Urondo”, indicó Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y uno de los que realizó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. En Mendoza sólo una causa espera fecha de juicio oral. Con el millar de causas en espera, los juicios orales en 2009 no superarán la media docena.

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