La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó para el 29 de mayo próximo a las 10 una audiencia pública en la causa “ESSO Petrolera Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de Quilmes", la misma en la que jefes comunales presentaron un amicus curiae en diciembre. 

Según se informó,  en la audiencia participarán los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. En tanto, el juez Carlos Rosenkrantz se ha excusado de intervenir en la causa. 

El máximo tribunal estableció un plazo de 30 días para la participación de Amigos del Tribunal a los fines de que efectúen presentaciones de carácter jurídico, técnico o científico, que finalizará el 15 de mayo de 2019. De este modo, intendentes oficialistas y opositores buscarán tener voz en la audiencia. 

Como publicó este medio, se trata de una acción iniciada por la empresa ESSO Petrolera Argentina S.R.L. contra la Municipalidad de Quilmes con el objeto de impugnar la determinación de la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene correspondiente a dos estaciones de servicio localizadas en su jurisdicción, por períodos correspondientes a los años 1996 a 2002. La tasa en cuestión se cuantificaba tomando como base los ingresos brutos provinciales del contribuyente. 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires desestimó la demanda. Contra esa sentencia, la empresa demandante planteó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Procuración General de la Nación ya se expidió, en agosto de 2018, a favor de la empresa, y cundió el temor. Si la Corte se expresa en el mismo sentido, en los municipios estiman que no sólo afectaría a la recaudación de varias comunas, sino que recibirían demandas judiciales que impliquen la devolución de fondos percibidos, indicaron a La Tecla.

Más allá de la grieta, más de 30 intendentes radicales, macristas y peronistas se juntaron en diciembre, en el teatro Colón, para la presentación de un amicus curiae ante la Corte, con el patrocinio de los abogados  Antonio María Hernández y Germán Krivocapich.

Los jefes comunales evitaron entonces foto conjunta, dada la cercanía con el año electoral, pero estamparon su firma en el escrito que brega por el respeto a la “autonomía municipal”.