Al filo de la aprobación del presupuesto para el año entrante, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán arrancó al gobernador Juan Manzur la promesa de considerar las necesidades de financiamiento del Poder Judicial que surjan en 2017. La conversación tuvo lugar ayer a las 8 de la mañana, en la Casa de Gobierno: hasta allí se trasladaron los vocales Antonio Gandur (presidente), Antonio Estofán,Claudia Sbdar y Daniel Posse -sólo faltó el vocal decano René Goane-. La reunión fue breve porque el mandatario debía viajar, y, si bien quedaron temas pendientes, como el intercambio de inquietudes acerca de la coyuntura delicada de la Policía, los jueces volvieron a sus despachos con una “puerta presupuestaria abierta” hacia el futuro y el visto bueno para la ocupación de un inmueble de la Provincia ubicado al frente del penal de Villa Urquiza.

“En la medida en que haya erogaciones y vaya ingresando el dinero que corresponde, y en la medida en que haya necesidades en un área u otra, acomodaremos las partidas, como siempre ocurre. Lo importante es que ya tenemos un presupuesto”, explicó Manzur durante un diálogo telefónico desde la Ciudad de Buenos Aires.

La Corte había gestionado la audiencia porque el Poder Ejecutivo (PE) recortó de manera sustancial los recursos pedidos para el Poder Judicial en el proyecto de presupuesto enviado a la Legislatura, que ese cuerpo aprobó este jueves con algunas variantes (ver notas relacionadas en esta edición). El alto tribunal presupuestó que necesitaba $ 4.780 millones -un aumento del 95% respecto del año en curso que representaba casi el 9% de la masa total de fondos del Estado- mientras que la administración de Manzur le asignó casi $ 3.200 millones, suma que supone un incremento del 30%. En la sesión, el oficialismo informó que había añadido $ 125 millones a la previsión del PE para el Poder Judicial, que incluye los fondos de administración separada del Ministerio Público Fiscal y Pupilar; la Junta Electoral y el Consejo Asesor de la Magistratura. En total, esa institución dispondrá de $ 3.240 para gastar en 2017, cantidad que implica el 6% del presupuesto general del Estado provincial.

El recorte de recursos había inquietado a las autoridades judiciales en parte por los numerosos cargos nuevos de magistrados creados a lo largo de 2016 -todos en proceso de cobertura en el Consejo Asesor de la Magistratura- y por los proyectados para 2017 en función de los requerimientos de estructura del nuevo Código Procesal Penal. La ley de creación de ese digesto dispone que la reforma integral entrará en vigencia en septiembre. Amén de ello, la Corte está embarcada en un plan ambicioso de obras donde sobresalen los edificios en construcción al frente del Palacio de Justicia y en el ex Comando, donde tiene sede el fuero penal de la Capital.