La Corte resuelve mañana

El Superior Tribunal de Justicia resolverá el miércoles sobre la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de Estado, en la que pidió se ordene al Ejecutivo abstenerse de llevar adelante cualquier acto vinculado con la venta directa de gas a Tierra del Fuego Energía y Química SA, hasta tanto el contrato sea aprobado por el Tribunal de Cuentas y la Legislatura. También deberá fijar criterio sobre el planteo de inconstitucionalidad de la ley 774 sustentado por el fiscal Oscar Fappiano.
Los tres miembros de la Corte fueguina resolverán este miércoles, en acuerdo plenario, sobre el pedido de medida cautelar presentado hace más de dos meses por la Fiscalía de Estado, para que se ordene al Ejecutivo abstenerse de llevar adelante cualquier acto vinculado con la venta directa de gas a Tierra del Fuego Energía y Química SA, hasta tanto el contrato sea aprobado por el Tribunal de Cuentas y la Legislatura.

En esa misma oportunidad deberán también definir el criterio a adoptar respecto del planteo de inconstitucionalidad planteado por el ex vicegobernador Carlos Bassanetti, bajo la figura de amigo de la corte, que fuera plenamente compartido por el Fiscal ante el STJ, Oscar Fappiano.

En el terreno de las suposiciones, los ministros deberían, en primera instancia, fijar postura sobre esta cuestión constitucional, ya que en función de ello la medida cautelar podría, o no, tornarse abstracta en los términos en que fue introducida por el órgano de control.

Claro que existe la posibilidad de que el Superior Tribunal de Justicia resuelva postergar la definición sobre la constitucionalidad de la ley 774, sancionada el 23 de diciembre del años pasado, que habilitó por vía de excepción la contratación directa con TFEQSA para la venta directa de gas de regalías por 25 años, y abocarse únicamente a resolver sobre la medida cautelar.

En este supuesto, dos podrían ser los caminos a seguir por los ministros de la corte. Podrían analizar la presentación tal fue planteada por la Fiscalía de Estado, en cuyo caso deberían limitar su análisis a dilucidar si el Ejecutivo cumplió adecuadamente o no con la normativa que rige la intervención del Tribunal de Cuentas en la materia, y con la Constitución, en cuanto el rol que debe jugar el Parlamento en atención a lo que fija el artículo 84 de la carta magna.

La otra alternativa pasaría por evaluar el dictado de la medida cautelar pero en los términos planteados por el fiscal Fappiano, los que resultan más estrictos que los de la Fiscalía, ya que solicita que la suspensión de los actos se disponga hasta tanto el Ejecutivo encuadre la operación en los términos previstos en la Constitución y las leyes nacionales y provinciales vigentes en la materia.

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