La Corte reclamó al Ejecutivo que apure creación de cargos

La Corte Suprema de Justicia reclamó a la Jefatura de Gabinete que acelere la creación de los 750 cargos prometidos para la planta del Poder Judicial, a fin de atender las necesidades de personal de distintos juzgados y agilizar las causas.
La solicitud fue realizada a través de una nota enviada por el secretario general de Administración de la Corte, Daniel Marchi, informó oficialmente el máximo tribunal.

El nuevo personal debe ser destinado a todos los fueros para darle celeridad a las causas, tal como se acordó luego de fuertes cruces entre la presidenta Cristina Kirchner y los jueces del máximo tribunal por el lento avance de los juicios contra represores y la liberación de imputados peligrosos.

La asignación de las partidas correspondientes fue acordada el 10 de marzo último por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el jefe de Gabinete, Sergio Massa, aunque hasta el momento no fueron efectivizadas.

La suma necesaria para cubrir aquellas vacantes, de 36 millones de pesos, ya está disponible, pero necesita de la autorización administrativa de la Jefatura de Gabinete y de una ley del Congreso para crear los nuevos cargos.

En aquel encuentro de marzo pasado el Gobierno había mostrado la intención de ponerle punto final al enfrentamiento con distintos representantes de la Justicia sobre cuestión de la inseguridad y la liberación de represores sin condena.

Esos temas aparentemente no fueron abordados en la reunión, pero Massa llegó con el compromiso de asignar las partidas que una semana antes había reclamado públicamente la juez de la Corte Carmen Argibay.

"Con esto estamos satisfaciendo la necesidad de personal de todos los juzgados, porque interesa acelerar todos los juicios, el de los jubilados y los penales", señaló Lorenzetti el día del anuncio para aclarar que no se trataba sólo de causas vinculadas con los derechos humanos sino también aquellas que atañen a otros fueros.

Durante la conferencia de prensa, Lorenzetti y Massa habían coincidido en destacar que no se trataba de un "problema presupuestario", ya que el Poder Judicial cuenta con partidas que no fueron utilizadas.

Sin embargo, su asignación para cupos de personal debe ser aprobada primero por una "autorización administrativa" de la Jefatura de Gabinete y luego debe ir al Parlamento, para que sea refrendada por ley.

Además, se destacó que la partida de 36 millones de pesos servirá -además que para designar empleados- para la informatización del sistema judicial, lo que agilizaría las concreción de las causas.

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