La Corte rechazó una demanda de 18 mil estatales por $ 210 millones

Los agentes públicos reclamaban el pago de la antigüedad que dejaron de percibir entre 1996 y 2003 por decisión de Lafalla.

La Corte provincial rechazó ayer los reclamos por el cobro de la antigüedad que hicieron 18 mil trabajadores estatales. En un fallo plenario, el máximo tribunal consideró que fue constitucional el congelamiento de la antigüedad realizado por los gobiernos de Arturo Lafalla y Roberto Iglesias entre los años 1996 y 2003.

El Gobierno provincial recibió con alivio la decisión judicial, ya que así se ahorrará de pagar 210 millones de pesos, y el gremio Sitea (Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados) advirtió que apelará ante la Corte nacional.

La resolución judicial fue sobre el denominado "Caso Cañas" y se hizo en plenario pues involucró a los siete magistrados que integran el tribunal. Los ministros Alejandro Pérez Hualde, Aída Kemelmajer, Carlos Böhm y el presidente de la Corte, Jorge Nanclares (quien desempató) votaron a favor de declarar legal el recorte de la antigüedad. En tanto, Pedro Llorente, Herman Salvini y Fernando Romano se manifestaron en disidencia.

La posición que se impuso en el fallo se basa fundamentalmente en que no existe la "intangibilidad salarial", es decir, que los sueldos pueden ser variables. Por eso, dice textualmente que reconoce "el derecho al sueldo o ingreso y el de su percepción periódica, pero no a un monto exacto a percibir el mismo. Mes a mes puede ser variable dentro de ciertos límites".

Una fuente del máximo tribunal explicó así a Los Andes la decisión: "La solución contraria a la que se tomó significaba establecer la intangibilidad salarial de la que no goza nadie, excepto los jueces, pero en este caso es sólo por una cuestión de independencia de poderes. Reconocerle la intangibilidad de las remuneraciones a los empleados estatales sería otorgar un privilegio que no tienen".

Pero, además, remarcó que el fallo apuntó a establecer si eran constitucionales o no los recortes establecidos. "De ninguna manera se puso el acento en que si la decisión de recortar el salario a los trabajadores estatales era correcta desde lo político", sostuvo.

Tras conocer la determinación judicial, el Gobierno provincial mostró su satisfacción. El ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, afirmó a este diario: "Este fallo le ha evitado una carga al Estado que indudablemente nos iba a poner en un aprieto financiero ya que no contamos con los 210 millones de pesos que hubiéramos tenido que pagar de ser otra la decisión".

El funcionario recordó que el Gobierno hizo una oferta a los estatales que fue rechazada por el grupo que fue a juicio: "La decisión de ir a juicio es personal e implica riesgos. Hay que tener en cuenta que el Estado ya hizo una oferta para llegar a un acuerdo, muchos adhirieron y otros no. Sabemos que no se trató del ofrecimiento ideal, pero era el posible y sólo lo aprobó el SUTE".

Para terminar, contó su situación personal: "El ex gobernador (Julio) Cobos también hizo un ofrecimiento y como yo era empleado y había sufrido el recorte acepté, porque reconocí la buena voluntad del Gobierno de querer arreglar".

En tanto, Sitea cargó contra los miembros de la Corte que avalaron el fallo. El titular del sindicato, Victor Hugo Dagfal, aseguró que "se trata de una devolución de favores que le hizo Nanclares al gobernador (Celso) Jaque, quien le restituyó a los jueces la jubilación del 82% móvil, entre otras cosas".

Indignado, Dagfal puso énfasis en que "los jueces fallaron a favor de pagarse la antigüedad cuando a ellos se la congelaron" y criticó la sentencia del Caso Cañas porque, según dijo, "hace una interpretación sesgada de un fallo de la Corte menemista, conocido como caso Tobar, que en realidad le devuelve el 13% de un recorte a los empleados nacionales".

El martes próximo a las 10, Site hará una asamblea en las afueras de las oficinas de Rentas de la Casa de Gobierno. Pero los gremialistas ya anticiparon que apelarán la determinación judicial ante la Corte nacional.

La antigüedad fue recortada en 1996 por Lafalla. Los fallos anteriores al Caso Cañas son contrapuestos en cuanto a sus fundamentos. Y cuando han intervenido conjueces, los fallos han sido duros con el Estado, lo contrario ha sucedido cuando intervino la Corte

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