La Corte ratificó un fallo y criticó que el Estado dilate el pago de los créditos

Reclamo por diferencias salariales impagas.
En la Legislatura tienen previsto estudiar el proyecto de ley que prorroga la actual emergencia económica y financiera de la Provincia hasta 2011. En ese contexto cobra relevancia la reciente sentencia pronunciada por la Corte Suprema de Justicia -no es la única- en la que ratificó la inconstitucionalidad del mecanismo que, amparado en dicha emergencia, sujeta a créditos de particulares contra el Estado a una nueva o doble consolidación y, por ende, dilata los pagos de "forma indefinida, lo que resulta absolutamente irrazonable por el carácter reiterado e ilimitado en el tiempo". El propio gobernador José Alperovich reconoció ayer el impacto que esta y otras sentencias similares, amén de sólo ser aplicables a casos concretos, generan en momentos en que está por ser aprobado el presupuesto pautado para 2010.

El alto tribunal acaba de confirmar el pronunciamiento por medio del cual el 21 de febrero de 2008 la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo había declarado inconstitucionales e inaplicables, a la causa promovida por el abogado Marcos Rougés, las leyes de emergencia Nº 6.987 y 6.995, prorrogadas, a su vez, por las leyes Nº 7.474 y 7.975.

La sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, integrada por René Goane, Claudia Sbdar y Antonio Gandur (debió intervenir por excusación de los vocales Antonio Estofán y Alberto Brito), no hizo lugar al recurso de casación que la Provincia había interpuesto contra el fallo inicial. Este último tribunal ya había advertido que el crédito reclamado por Rougés, relacionado con su desempeño como magistrado provincial entre 1986 y 1990, "todavía sigue insatisfecho pese a que fue reconocido por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada hace más de diez años (el 30 de noviembre de 1995)".

En la sentencia de la Corte, el vocal Goane, a cuyo voto se adhirieron sus pares, recordó que "es incuestionable que el crédito del actor quedó alcanzado por una segunda consolidación en el mes de diciembre de 1999, cuando tuvo lugar la publicación de la mentada Ley Nº 6.995, que modificó el régimen establecido por la Ley 6.987.

El magistrado dejó en claro que las permanentes prórrogas atentan contra "los requisitos de razonabilidad y temporalidad" que debe perseguir toda legislación de emergencia. "El hecho de que se dictara una nueva ley de consolidación de deudas estatales no habilita a incorporar a la égida de vigencia y efectividad de dicha norma la acreencia que reclama el actor y que fue ya consolidada con anterioridad, dado que no resulta razonable extender nuevamente el plazo de pago de las obligaciones del Estado Provincial", agregó.

Una rueda sin fin

En su voto, Goane alertó que la nueva postergación que supone la doble consolidación implica, de hecho, "la eventualidad de un aplazamiento sine die (indefinido) del pago". "De admitirse la consolidación de las deudas ya consolidadas en virtud del argumento de la emergencia económica, nada impediría que esto se repitiera una y otra vez hasta el infinito", subrayó.

Reconoció que la particular situación de emergencia económica ha provocado, desde la óptica del derecho, el desarrollo de los cauces legales y de los fundamentos jurídicos "para imponer un límite a los derechos individuales, una excepción a las reglas de fondo que regulan las obligaciones". "Pero no es menos cierto que el Estado deudor no puede -sin atentar contra la más elemental seguridad jurídica- invocar una y otra vez el mismo argumento, y prolongarlo indefinidamente, para postergar de manera irrazonable el cumplimiento de obligaciones que emanan de derechos adquiridos, y terminar decidiendo por sí mismo cuándo y cómo pagar", remató.

Textuales de la sentencia

Doctrina.- "Hay que recordar la doctrina que, en esta línea, ha venido siguiendo este tribunal, según la cual: 'el Estado puede, por una consolidación forzosa, sustituir el medio natural de cumplimiento y postergarlo. Pero una vez que se ha consumado dicho acto legislativo, está obligado a cumplirlo porque está sujeto a la ley que él mismo creó, y también está sujeto a los actos coactivos que el Poder Judicial disponga, precisamente, para que cumpla con la ley' (…)".

Doble consolidación.- "La falta de la condición de temporalidad y razonabilidad de la doble consolidación conlleva la frustración y desconocimiento del derecho mismo que se pretende cobrar, con la afectación lisa y llana de la garantía constitucional de la propiedad, al quedar esa particular situación de emergencia económica, que pretende justificar la consolidación de lo ya consolidado, al margen de los supuestos y condiciones que garantizan y posibilitan que la emergencia penetre en la esfera protectora de su constitucionalidad".

Plazos laxos.- "Al consolidársele nuevamente una deuda ya consolidada, es dable considerar que la tesis de la temporalidad de la legislación de emergencia -que supone una crisis coyuntural- queda desvirtuada en el caso concreto frente a tamaña laxitud en los plazos de pago derivada de sucesivas y agregativas suspensiones legales (Leyes Nº 6.271 y 6.987)".

Inconstitucionalidad.- "Es posible sostener la inconstitucionalidad de la doble consolidación como medida de emergencia por no cumplir con los requisitos de razonabilidad y temporalidad, al importar en sí misma un paladino quiebre a la seguridad jurídica que conlleva un avasallamiento, por parte del Estado Provincial, sobre el derecho de propiedad en juego".

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