La Corte no quiere una ley para designar jueces subrogantes

Mediante una acordada, el Tribunal bregó por “la cobertura en propiedad” de los cargos vacantes en la Justicia, desestimando así cualquier tipo de mecanismo de designación temporaria.
Implícitamente, a través de una resolución, la Corte Suprema dejó en claro su oposición a la posibilidad de que los cargos vacantes producidos en la Justicia con la jubilación de magistrados sean cubiertos mediante una Ley de Subrogancias que pueda surgir en el ámbito parlamentario.

Mediante la acordada Número 818, fechada el pasado miércoles 22 de octubre, los magistrados defendieron las facultades de ese Tribunal para disponer las coberturas de vacancias en el Poder Judicial, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Tribunales (artículo 13).

Esa disposición otorga a la Corte la facultad de encomendar (subrogar) los juzgados que queden vacantes por licencia, enfermedad, jubilación o fallecimiento de sus titulares, a otros magistrados del mismo fuero, hasta tanto se proceda a la cobertura del cargo mediante un mecanismo adecuado a la Constitución.

El documento, que lleva la firma del presidente de la Corte, Antonio Gandur, y de los vocales Alberto Brito, Antonio Estofán y Claudia Sbdar, (el vocal decano René Mario Goane se encuentra de licencia), fue emitido a partir de la vacante que se producirá desde el próximo 1 de noviembre en el Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la Primera Nominación de la Capital, cuando se jubile su actual titular Benjamín Palacio.

Los magistrados acordaron "suspender el ingreso de nuevas causas" a ese Juzgado a partir de las 00.00 del próximo 30 de octubre, hasta tanto se proceda "a la cobertura en propiedad del cargo vacante".

Con la utilización de esa última frase (sobre todo con la palabra "propiedad"), la Corte fijó clara posición en contra de la designación de jueces subrogantes y a favor de que los magistrados sean ungidos mediante mecanismos constitucionalmente establecidos.

Al respecto, vale recordar que la Carta Magna reformada en 2006, disponía la creación de un Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) como órgano natural para la selección de jueces, punto que fue declarado inconstitucional por el Superior Tribunal tucumano y apelado por el Gobierno ante la Corte Suprema de la Nación.

Esa decisión, según entienden el Poder Ejecutivo y algunos legisladores, produjo un vacío legal que podría ser resuelto con la sanción de una Ley de Subrogancias por parte de la Cámara, que permita cubrir transitoriamente las vacantes en la Justicia hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo (la legalidad o no del CAM).

Sin embargo, la acordada echa por tierra esa posibilidad, dejando en manos de los propios integrantes de la Corte la solución a la gran cantidad de vacantes producidas en los últimos meses con la masiva jubilación de magistrados (más de 25), seducidos por el 82 por ciento móvil, hasta que se defina un método constitucionalmente válido.

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