La Corte prohíbe a Buenos Aires embargar cuentas bancarias fuera de la provincia

El tribunal otorgó un amparo a bancos para evitar que Buenos Aires los obligue a anotar embargos en cuentas de otras provincias. Ahora analiza la constitucionalidad
La Corte Suprema de Justicia de la Nación prohibió a la provincia de Buenos Aires requerir a las entidades financieras que anoten embargos ordenados por la agencia de recaudación provincial ARBA, sobre cuentas y activos bancarios radicados fuera del territorio de esa provincia.

El fallo de la Corte sería aplicable directamente también a la traba de embargos interjurisdiccionales por parte de cualquier otra provincia, y son muchas las que lo hacen.

Cuando largó la normativa cuestionada en el fallo de la Corte, en noviembre de 2006, el ex titular de ARBA Santiago Montoya lanzó 54.000 embargos de cuentas bancarias de una sola vez.

Para decidir en el caso, la Corte otorgó una medida cautelar en la causa "Asociación de Bancos de la Argentina c/provincia de Buenos Aires s/acción declarativa de inconstitucionalidad", en la que ABA y varios bancos estuvieron patrocinados por Liban Kusa y Hugo Bruzzone, del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.

Además de ABA, la presentación judicial había sido avalada por el Banco Río; HSBC Bank Argentina S.A.; Bank Boston; BBVA Banco Francés S.A.; Banco Itaú Buen Ayre S.A. y JP Morgan Chase Bank, National Association (sucursal Buenos Aires).

Pidieron que se los eximiera de trabar los embargos y que se declarase inconstitucionales diversas amenazas del Fisco bonaerense.

También invocaron la necesidad de respetar el secreto bancario ante pedidos de informes que les requiere el Fisco y a los que también consideraron constitucionalmente inválidos.

Sobre los embargos, sostuvieron que la única forma de habilitarlos fuera del territorio de la provincia es que provengan de tribunales judiciales y estén regidos por una Ley nacional.

Por eso, cuestionaron las órdenes emitidas por la Dirección Provincial de Rentas para que anotaran embargos sobre cuentas y activos correspondientes a sucursales bancarias ubicadas fuera del territorio bonaerense, y argumentaron que las normas y actos de la provincia de Buenos Aires sólo son obligatorios dentro de su territorio.

La Corte aceptó en primer lugar la competencia originaria en el caso, por entender que se debía dilucidar si el accionar proveniente de la Dirección Provincial de Rentas interfiere en el ámbito que es propio de la Nación respecto del poder de policía bancario y financiero, y también definir la potestad de otorgar validez extraterritorial a los actos públicos provinciales.

Luego hizo lugar a la medida cautelar con relación a las órdenes administrativas de embargo concernientes a cuentas y activos bancarios radicados fuera del territorio de la provincia de Buenos Aires.

La Corte aseguró, de todos modos, que la medida no implica un perjuicio fiscal para la provincia de Buenos Aires, ya que, si bien no podrá trabar embargos sin orden judicial, nada le impide perseguir el cobro de la renta pública con respecto a bienes de los contribuyentes ubicados fuera del territorio bonaerense a través de los juicios de apremio y del procedimiento establecido por la Ley nacional 22.172, referida a convenios y comunicaciones entre tribunales.

Ahora el gobernador Daniel Scioli tendrá 60 días para responder la demanda sobre la cuestión de fondo de la constitucionalidad de todos los puntos que plantearon los bancos.

Firmaron la sentencia en este sentido los ministros Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, en tanto que Elena Highton de Nolasco lo hizo en disidencia parcial, rechazando el otorgamiento de la medida cautelar.

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