La Corte le pidió informes a Cristina por el uso de reservas

La Corte le pidió informes a Cristina por el uso de reservas
Es a raíz de un polémico decreto que dispone el pago de la deuda pública con fondos del Banco Central. La provincia de San Luis había planteado la inconstitucionalidad de esa medida. La Presidenta tiene diez días para responder el oficio.
En tiempo récord, la Corte Suprema decidió ayer hacerse eco de un reclamo de la provincia de San Luis y le pidió informes a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el polémico decreto de necesidad y urgencia 2010/09. Este habilita al Gobierno a usar 6.569 millones de dólares de la Reserva del Banco Central para pagar vencimientos de la deuda pública.

En apenas 48 horas, los jueces de la Corte resolvieron enviarle el planteo al Procurador General, Esteban Righi, declararse competentes para intervenir en esta causa, y redactar el oficio, notificado ayer en Balcarce 50.

El lunes, la provincia de San Luis había presentado un recurso ante la Corte para frenar este decreto, que ya le valió una imputación judicial al ministro de Economía, Amado Boudou, y al presidente del Banco Central, Martín Redrado, mientras continúa la pulseada en torno a la comisión bicameral que debe controlar estos decretos de necesidad y urgencia.

Ese día, los abogados que representan al gobierno de Alberto Rodríguez Saá llevaron a la Corte un amparo donde cuestionaron la legalidad del decreto 2010, y plantearon que San Luis y todas las provincias tienen dominio sobre las reservas del Banco Central. También cuestionaron el hecho de que una suma idéntica a la del decreto fue aprobada en el Presupuesto previsto para el año que comienza.

En el amparo, recordaron que el uso de reservas federales sin previa autorización y sin reintegrarlas a la masa coparticipable de las provincias "afecta el poder delegado por éstas en el Congreso de la Nación".

"Esos fondos ya fueron votados en el Presupuesto, pero cinco días después de que terminaron las sesiones ordinarias, se firmó este decreto. Queremos saber cuál es el verdadero destino de estos fondos, que son de todo el país, porque ahora tienen dos cajas para la misma finalidad teórica", señaló uno de los abogados, Rodolfo Barra, ex ministro de Justicia y ex miembro de la Corte durante el gobierno de Carlos Menem.

El mismo lunes, la Corte envió el planteo a la Procuración General, que opinó que el tribunal era competente. Luego, los jueces decidieron aceptar el planteo de San Luis, y ayer por la mañana firmaron una resolución donde ordenaron "requerir con habilitación de días y horas inhábiles al Poder Ejecutivo Nacional el informe circunstanciado" sobre los fundamentos del decreto firmado por la Presidenta. La Corte le dio un plazo de diez días para contestar el oficio.

La resolución aclara que "con respecto a las restantes peticiones efectuadas en el escrito de inicio" la Corte "continuará su estudio" del planteo de San Luis recién después de la feria judicial de enero, dada "la complejidad y alcances de la cuestión comprometidas".

El oficio enviado ayer a la Casa Rosada, al que tuvo acceso Clarín, lleva la firma del secretario de la Corte, José María Irigaray, y trascribe la resolución adoptada por seis jueces del Tribunal: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.

Con esta medida, la Corte intentará avanzar lo más posible en el planteo, pero la feria judicial que comienza esta semana impondrá un paréntesis, dado que sólo dos jueces del tribunal permanecerán en sus despachos.

Mientras tanto, en el Banco Central se aceleran las consultas por las reservas que se afectarían al Fondo del Bicentenario, cuya creación dispuso el polémico decreto 2010.

Por una parte, la entidad pidió la opinión al departamento legal propio. Es para dilucidar si el decreto que habilita al Banco Central a dar parte de sus reservas al Fondo del Bicentenario podría ser interpretado por algunos bonistas como que esos fondos son embargables. Además, el Central contrató para el mismo asesoramiento a un estudio legal de New York.

Fuentes de la Corte señalaron que este es un punto conflictivo del decreto 2010/09, que podría abrir una catarata de planteos de los bonistas.

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