La Corte pide apurar los juicios a represores

Exhortó a los tres poderes a colaborar
La Corte Suprema, mediante una acordada, creó ayer una unidad especial para monitorear el desarrollo de las causas contra ex represores, pidió a los jueces que aceleren el trámite de los procesos e instó al Gobierno y al Congreso a buscar soluciones.

El tribunal que preside Ricardo Lorenzetti creó un organismo que tendrá competencia para requerir informes a los jueces que registren atrasos en esas causas y llamó a los magistrados a mejorar la coordinación con los fiscales. Asimismo, exhortó al Congreso a dictar normas procesales más ágiles y demandó la creación de nuevos tribunales orales.

La iniciativa de la Corte intenta apaciguar la polémica que se suscitó días atrás cuando la Cámara de Casación, con el argumento de la dilación de los juicios, ordenó la libertad de varios represores.

Legisladores de la oposición coincidieron con el pronunciamiento de la Corte, que reclama una reforma legislativa para acortar las causas más complejas. Por su parte, la diputada kirchnerista Diana Conti afirmó que "las herramientas ya existen", pero sostuvo que está dispuesta a dialogar para "buscar soluciones" (ver aparte).

La Corte, en la acordada 49/08, crea la Unidad de Superintendencia de causas de Derechos Humanos, que tendrá competencia para monitorear las causas en trámite y pedir informes a los jueces y sugerir medidas; solicita mayor celeridad a los magistrados, e insta al Consejo de la Magistratura para que acelere los nombramientos de jueces y asigne a la Justicia mayores recursos.

Por su parte, el tribunal invita al Congreso y al Poder Ejecutivo a coordinar los esfuerzos para resolver las dificultades.

Hace dos semanas, la decisión de la Cámara de Casación de ordenar la excarcelación de una veintena de represores, que se fundaba en la larga duración de los procesos en los que están imputados los oficiales y ex militares, produjo un fuerte escándalo y despertó acusaciones cruzadas entre la Corte, el Congreso, ministros del Poder Ejecutivo y los organismos de derechos humanos.

De las casi 800 causas sobre derechos humanos que tramitan en todo el país, según un diagnóstico elaborado en un informe de la propia Corte, los tribunales orales dictaron condena en 12 expedientes, y hay 21 que, actualmente, están en juicio oral. Evidentemente, más de 750 causas no llegaron a esta etapa por las demoras que se producen en la instancia de investigación o porque los tribunales orales no pueden absorber ese trabajo.

La decisión dictada ayer reconoce que los tres poderes estatales, a lo largo de toda la democracia y aun con los vaivenes que significaron las leyes del perdón, "mantuvieron la política de Estado de perseguir las violaciones de los derechos humanos", pero también recuerda que tanto las víctimas como los imputados tienen derecho a que las causas se tramiten en un tiempo razonable.

A la hora de relatar los "considerables inconvenientes prácticos" que enfrentan esos casos, la Corte señala que "el procedimiento penal no es adecuado" y que "estima conveniente el estudio y tratamiento de reformas legales que establezcan un procedimiento adecuado para la sustanciación de causas complejas" -no sólo las causas de derechos humanos-, en las cuales hay pluralidad de víctimas, imputados y testigos.

La Corte recuerda, también, que el 15 de julio de 2008 Lorenzetti remitió una nota al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, para solicitarle la creación de dos tribunales orales federales para que colaboren con la tarea que ahora absorben seis tribunales orales.

"Los procesos no pueden ser llevados a juicio en un tiempo razonable ante la cantidad de audiencias", había advertido Lorenzetti a Fernández, con expresa mención de las causas Esma y Primer Cuerpo de Ejército, que tramitan en la Capital y que absorben por completo la capacidad de trabajo del Tribunal Oral Federal N° 5.

En una segunda nota, del 20 de agosto, la Corte pidió que el Congreso modificara la ley 26.374, por la cual estableció un régimen de recursos orales, para que lo adecue a las posibilidades reales de los tribunales, de modo de no causar más demoras que beneficios. Por eso, solicitó que sólo se aplique a las causas por delitos más graves.

Buena parte de los argumentos de la acordada están explicitados, también, en el informe elaborado por la Corte.

Dice allí el màximo tribunal que "se trata de la mayor investigación llevada a cabo en el mundo entero sobre delitos calificados de lesa humanidad. En nuestro país se abrió una investigación exclusivamente a través del Poder Judicial, sin una legislación previa que organice o delimite la investigación o establezca pautas, sin la creación de tribunales con competencia específica, sin un procedimiento adecuado para estas megacausas y con una enorme amplitud en investigación", señala el tribunal, entre otras deficiencias.

800 son las causas por delitos relacionados con la dictadura militar, pero sólo en 12 hubo condenas.

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