La Corte le dio otro duro golpe al poder kirchnerista

Eduardo Sosa había sido desplazado en 1995, cuando Néstor impulsó desde la gobernación provincial una polémica reforma judicial. Cristina Fernández, en aquel momento, era integrante de la Legislatura.
Catorce años después de que Néstor Kirchner lo desplazara de su cargo a partir de la aplicación de una ley que luego fue declarada inconstitucional, el ex procurador general de Justicia de Santa Cruz, Eduardo Sosa, puede volver a su trabajo. La Corte Suprema ordenó al gobernador Daniel Peralta que lo restituya en su puesto en los próximos 30 días. De no hacerlo, lo denunciarán por delito de acción pública. La intimación penal tiene razones concretas: el máximo tribunal ya había dado esta orden tres veces desde 1998, pero la Justicia santacruceña nunca la cumplió.

Esta es la historia de un hombre que se negó a cobrar una indemnización de $ 1.216.182,16 para seguir con la pelea por recuperar el trabajo que le habían quitado violando la Constitución. El 7 de septiembre de 1995, cuando el entonces gobernador Kirchner aprobó en la Cámara de Diputados la ley 2.404, modificó la composición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial –que pasó de tres a cinco miembros– designando una mayoría con fuertes vínculos con el kirchnerismo.

En esa misma ley se dispuso la disolución del cargo de procurador que pasaba a desdoblarse en dos: un fiscal y un defensor de pobres e indefensos. La curiosidad es que a Sosa no lo designaron en ninguno de esos puestos. Según el artículo 9º, el Tribunal Superior debía dejar cesante al procurador a partir de la reforma. Entonces, la Legislatura provincial tenía entre sus miembros más poderosos a Cristina Fernández y al actual titular de la SIDE, Héctor Icazuriaga.

Antes de que la ley entrara en vigencia, Sosa comenzó a reclamar la inconstitucionalidad de la decisión y siguió en una disputa judicial que terminó ayer, cuando por unanimidad la Corte Suprema decidió que "el demandante deberá ser repuesto como agente fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz". En su fallo, los jueces aclaran que la persona que actualmente está desempeñándose en ese cargo tiene que irse y no puede "oponer estabilidad o inamovilidad". Además, encomiendan al gobernador la tarea de la restitución en el cargo por "ser quien ejerce el poder de representar a la provincia" y le aclaran que le iniciarán una demanda penal si no responde el pedido. Tanto detalle para la ejecución de este fallo intenta dejar fuera de combate cualquier intento por evitar el cumplimiento de la sentencia.

Dos años después de la aprobación de la reforma judicial, el propio Tribunal Superior le reconoció a Sosa que su separación del cargo era inconstitucional pero no resolvieron nada acerca de su restitución. Con esa sentencia, Sosa contrató al abogado Daniel Sabsay para llevar su caso a la Corte, que en 1998 resolvió a su favor ordenándole al TSJ que complete el fallo con su razonable consecuencia: si fue inconstitucional su separación del cargo, correspondía devolverle el puesto. Sin embargo, no hubo respuesta. Pidiendo justicia, Sosa volvió al alto tribunal que, evaluando la demora, instó nuevamente a la Corte provincial.

El 26 de julio de 2000, los santacruceños volvieron a remitirse a su fallo sobre inconstitucionalidad. De la restitución, ni una palabra. Y Sosa volvió a reclamar. Un año después, con la firma de Julio Nazareno, Gustavo Bossert, Carlos Fayt, Antonio Boggiano y Guillermo López, el alto tribunal le dio 30 días al TSJ para devolverle el desaparecido cargo de procurador.

Entonces, el máximo organismo judicial santacruceño estaba presidido por Carlos Zannini, el actual secretario de Legal y Técnica, que negó cumplir lo ordenado por la Corte argumentando únicamente que no había partida presupuestaria para ese cargo.

Unos años más tarde, en 2005, asumiendo el daño económico que había provocado dejarlo cesante, el TSJ no le devolvió el trabajo pero le ofreció $ 1.216.182,16 como indemnización. Para entonces, Sosa ya había iniciado una demanda civil y ya había vuelto a golpear la puerta del Palacio de calle Talcahuano, en Buenos Aires. Así, se negó a cobrar el dinero y siguió esperando. Hasta ayer, que la Corte volvió a defender duramente su derecho recordándole a la provincia del matrimonio presidencial que "las autoridades de una provincia no pueden trabajar o turbar en forma alguna la acción de los jueces que forman parte del Poder Judicial de la Nación".

OPINIÓN

Una medida saludable

Ricardo Gil Lavedra (Constitucionalista)

La Corte está haciendo cumplir una decisión antigua de ella misma, que ya había ordenado la restitución a su cargo. Una medida que fue desoída, lo que hace es darle ejecutoriedad. Es una decisión saludable de la Corte, para que sus decisiones tengan imperio. Esta Corte ya ha dado muchas muestras de independencia del poder político, y ésta es una de ellas. Lo cual me parece saludable en un país que tiene una calidad institucional tan pobre. Siempre que tenga un caso por resolver, es imperioso que establezca criterios, porque también es su competencia que los otros poderes no avancen sobre lo que no les corresponde. Por supuesto que deseo que vengan más decisiones, pero eso depende que tenga materia para decidir. Por eso espero que los jueces en este país controlen la corrupción cuando los funcionarios están en su cargo y no recién cuando los dejan.

Seguirán con los manejos

Gregorio Badeni (Constitucionalista)

Es la tercera vez que la Corte ordena reponer en su cargo a Sosa. Me parece muy atinada la decisión de la Corte de que su fallo se respete.

Sosa fue arbitrariamente separado del cargo con la excusa de que había sido suprimido el cargo. La Corte entendió que la separación había sido mal dispuesta. Sin embargo, ésta es la tercera sentencia en el mismo sentido. En su momento la provincia había ofrecido hasta indemnizar a Sosa, cosa que él rechazó.

De todos modos, no creo que esto ponga fin a ciertos manejos que el kirchnerismo está acostumbrado a tener hacia la Justicia. La falta de respeto a las instituciones y a la separación de poderes es uno de ellos. Realmente han demostrado que no están dispuestos a acatar decisiones judiciales ni en Santa Cruz ni en ninguna otra parte: la ambición de poder no tiene límites.

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