La Corte ordenó reponer en el cargo a un procurador que echó Kirchner

En 2001 el máximo Tribunal ya lo había dispuesto, pero el kirchnerismo nunca acató el fallo.
En momentos en que crecen las advertencias sobre un peligroso avance del Gobierno sobre las instituciones, la Corte Suprema le ordenó ayer al gobierno de Santa Cruz que reponga en el cargo al procurador que echó Nestór Kirchner cuando era gobernador hace 14 años. El caso de Eduardo Emilio Sosa se convirtió en un emblema de la intromisión del poder político en el poder judicial en la provincia del matrimonio presidencial.

En un fallo firmado por seis de sus siete integrantes, la Corte intimó al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a reponer a Sosa en el cargo de Agente Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia en un plazo de 30 días. En el mismo fallo, se anticipa que si Peralta no cumple, se dará "intervención a la justicia penal para que se investigue la posible comisión de un delito" por desobediencia. El problema ahora no lo tiene sólo Peralta sino sobre todo el propio Kirchner, que hasta ahora hizo todo lo que pudo para evitar la reposición del procurador que él mismo echó.

Los contratiempos para Sosa comenzaron el 7 de septiembre de 1995, cuando la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la ley 2.404, impulsada por la diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner. Esa ley, además de ampliar de tres a cinco el número de integrantes de la Corte provincial, desdobló el cargo de procurador en dos: por un lado un fiscal y por el otro un defensor de pobres, ausentes e incapaces. A Sosa no lo designaron en ninguno de los dos cargos y lo dejaron cesante.

El Gobierno provincial justificó la decisión en la cercanía que el procurador tenía con el radicalismo. Lo cierto es que en esos momentos, desde la Procuración, Sosa impulsaba la investigación sobre los honorarios que recibió un estudio de abogados por su gestión en el cobro de los 535 millones de pesos por las regalías petroleras mal liquidadas. Además del pago dispuesto por la Corte, el estudio de abogados habría cobrado también un sueldo de la Gobernación, que lo contrató a pesar de tener una Fiscalía de Estado con su propio cuerpo de expertos.

A partir de su desplazamiento, Sosa comenzó a reclamar la inconstitucionalidad de la ley que lo había dejado sin cargo. En abril de 1997, el Tribunal Superior de Santa Cruz declaró la invalidez de la ley, pero no se pronunció sobre el pedido de reposición. Sosa llegó entonces a la Corte Suprema y obtuvo tres fallos a su favor. En abril de 2000, en duros términos, la Corte le ordenó al gobernador Kirchner que repusiera al Procurador en su cargo. El Tribunal provincial respondió que era "materialmente imposible" reponer a Sosa en un cargo que había dejado de existir cinco años antes.

El 2 de octubre de 2001, la Corte ordenó "restituir al actor en el cargo de Procurador General con las funciones que ejercía antes de la sanción de la ley 2.404 dentro del plazo de treinta días de notificada la presente". Con ese fallo, Sosa se presentó ante el Tribunal provincial a reclamar su reposición. El Tribunal, presidido entonces por el actual secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, dijo que "no había partida presupuestaria para ese cargo". Curioso: a Sosa siempre le negaron el cargo pero llegaron a ofrecerle un resarcimiento de más de un millón de pesos por los sueldos que dejó de cobrar.

Ayer, igual que en 2001, la Corte le dio un plazo de 30 días al gobernador de Santa Cruz para hacer efectiva la reposición. La Corte se anticipa a una posible excusa del gobierno provincial y aclara: "Los jueces de la causa deberán pronunciarse sobre la situación de la persona que estuviese desempeñándose en dicho cargo, teniendo en cuenta que a los fines del cumplimiento de esta sentencia no será oponible la estabilidad o inamovilidad que pudiera invocar quien se desempeñe actualmente como Agente Fiscal".

El fallo lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. Enrique Petracchi no participó de la votación. Según fuentes judiciales, fue porque ya se había pronunciado en contra de la intervención de la Corte en este tema.

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