La Corte nacional prohíbe a Mendoza reclamar a YPF por diferencias en regalías.

El Alto Tribunal falló la semana pasada a favor de la empresa petrolera y en contra del decreto de Julio Cobos del cual se valió Celso Jaque para intimar a la firma para que pague 22,7 millones de pesos en concepto de regalías mal liquidadas.
La primera pulseada judicial por las regalías petroleras mal liquidadas entre el Gobierno de Mendoza e YPF la ganó la empresa.

Al anuncio que el Gobierno de Celso Jaque hizo a mediados del año pasado de ir a la Justicia para lograr el pago de la diferencia de regalías desde 2002; la petrolera le antepuso una "acción declarativa de inconstitucionalidad".

El juicio planteado por la multinacional tuvo su primer resultado a favor de la demandante a través de un "fallo interlocutorio" el 7 de abril pasado.

El Alto Tribunal federal decidió aplicar una medida cautelar donde ordenó "no innovar y hacer saber a la provincia de Mendoza que deberá abstenerse de exigir a YPF el pago de las diferencias en concepto de regalías según el decreto del Poder Ejecutivo provincial 435/07".

El expediente original "YPF contra Provincia de Mendoza y otro" que contiene la demanda planteada por la compañía está desde el 20 de marzo pasado en el despacho Enrique Petracchi juez de la Corte.

Esto se puede corroborar en el registro de "movimiento de expedientes" en el sitio oficial de la Corte Suprema de Justicia.

¿Cuál es la diferencia de las regalías mal liquidadas que reclama Mendoza? Se trata de la diferencia entre las regalías según el precio del mercado internacional (donde se incluyen las retenciones a las exportaciones) y las regalías de acuerdo al precio del mercado interno. De ahí que el Gobierno haya intimado en siete oportunidades por el pago de 22.749.159 de pesos por el lapso entre marzo y septiembre de 2002.

La aplicación de estas intimidaciones contra YPF se basaron en el decreto 435 emitido el 9 de marzo de 2007 y publicado 11 días después que Julio Cobos firmó siendo gobernador.

En ese documento se interpreta la ley nacional 25561 en el artículo 6 y lo hace en base a la potestad del Estado Provincial sobre la exploración y explotación del subsuelo mendocino.

Otra curiosidad en esta medida de la Corte federal es que este tribunal se salió de su propio molde en casos similares como éste.

Dicho de otro modo, la Corte varió su propio criterio sobre medidas cautelares de actos legislativos y administrativos donde normalmente no da lugar a estas solicitudes por considerar a estas decisiones que provienen de otros poderes del Estado gozan de "presunción de legitimidad".

En noviembre del año pasado el mismo Ejecutivo se dedicó a anunciar que haría seis demandas por este reclamo a distintas empresas que explotan los yacimientos petrolíferos.

En aquel tiempo el gobierno anunciaba también que accionaría judicialmente contra la petrolera Oxy por el uso indebido de reservorios en el Valle de Uco.

Este es un caso por demás particular porque esta empresa tiene declarado su sede en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Oxy tiene denuncias por contaminación petrolera planteada por la Inspección de Cauce de Arroyo Carrizal.

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