La Corte interviene en el caso ESMA

Un recurso judicial y otro del Gobierno frenan la ejecución de la sentencia que había ordenado liberar a Astiz y a otros 20 represores
El destino de Alfredo Astiz, Jorge Acosta y los otros 19 acusados por crímenes de la última dictadura que la Cámara de Casación ordenó liberar quedará en manos de la Corte Suprema.

En Tribunales, comenzó su camino un recurso extraordinario que nadie planea frenar y el Gobierno hizo un llamado terminante. "La Corte debe avocarse en forma directa para evitar el escándalo jurídico", dijo ayer el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, en una conferencia de prensa convocada de urgencia, en la que anunció además que pedirá el juicio político de ocho magistrados.

Pero la Corte no tiene apuro. Ninguno de los represores alcanzados por el fallo quedará en libertad. Al menos, no por el momento.

La sala II de la Cámara de Casación, que dispuso la polémica suspensión de las prisiones preventivas, firmó ayer una resolución en la que advirtió que las liberaciones no deberán ejecutarse mientras rija el plazo del Ministerio Púbico para presentar todos los recursos extraordinarios.

En la fiscalía de Raúl Plee informaron ayer a LA NACION que ya tenían todo listo. Tal como lo establece la ley, el fiscal le pedirá a Casación que le habilite el camino al máximo tribunal. Con las críticas que recibieron en las últimas horas, cuesta creer que los camaristas vayan a pensar siquiera en rechazar el recurso.

Uno de los más duros detractores de Casación fue Eduardo Luis Duhalde. "Dentro del Poder Judicial hay elementos que comparten la ideología represiva. Creen que pueden vivir en una burbuja desde donde favorecen a los represores del genocidio", dijo minutos después de anunciar los pedidos de juicio político. Su conferencia fue en sintonía con el discurso de anteayer de la presidenta Cristina Kirchner, que había afirmado que la decisión de Casación avergonzaba "a la Argentina y a la humanidad".

El fallo en cuestión, firmado por los jueces Guillermo Yacobucci y Luis García, ordenó suspender 21 prisiones preventivas que se habían extendido más allá del máximo de tres años previsto por la ley.

"No había opción. En el fallo Bayarri contra la Argentina, de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo claramente que la prisión preventiva de más de tres años es ilegal y en un caso de Haití advirtió que esto se aplica incluso en casos de lesa humanidad", dijo a LA NACION un funcionario de Casación.

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, desmintió terminantemente que se tratara de un fallo garantista. "Eso no es cierto. Es un fallo recontra conservador. No beneficia a un desplazado ni a alguien vulnerable, sino al peor represor, y parece decir: «Hagan juicios chicle para que después los liberemos»".

El pedido de juicio político que anunció Eduardo Luis Duhalde incluirá a Yacobucci y a García, pero también a los miembros del Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) de la Capital, donde se realizan casi todos los juicios contra represores, y a los integrantes de la Cámara Federal de Mendoza, que -de acuerdo con Duhalde-, "dispuso en el último tiempo la liberación de la totalidad de los procesados por crímenes de lesa humanidad".

El secretario de Derechos Humanos acusó a los jueces del TOF 5 de demorar los procesos. "Uno de los casos fue elevado al tribunal en noviembre de 2007 y aún no se fijó fecha de audiencia", afirmó. Integran el TOF 5 Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías.

Desborde

Se trata de un tribunal desbordado. "La culpa la tiene justamente Casación -dijo la diputada kirchnerista Diana Conti-. Podría haber sorteado esos juicios entre tribunales ociosos, pero no lo hizo y se los dejó al tribunal 5, que está sobrecargado y no fija fecha de audiencia. ¿O será que entre el tribunal y los camaristas de Casación hay una estrategia para que los juicios no se realicen?"

Ahora, la investigación contra los jueces irá por un camino, el del Consejo de la Magistratura, y el fallo que libera a los represores, por otro: el Gobierno quiere que lo revise la Corte.

No es la primera vez que el tema de las prisiones preventivas de represores llega al máximo tribunal. El año pasado, uno de los acusados que había cumplido preso más de tres años presentó un recurso extraordinario para lograr la excarcelación. El 11 de diciembre de 2007, la Corte lo resolvió: decidió no abrir el recurso extraordinario. Sólo la jueza Carmen Argibay opinó en sentido contrario porque consideró que el caso ameritaba que el tribunal lo tratara.

Aquel imputado siguió preso. La jurisprudencia de la Corte en casos que no fueron de lesa humanidad es que el límite de tres años no es de aplicación automática, sino que debe evaluarse según las circunstancias particulares de cada caso. Todo indica que esta vez será diferente y que la Corte deberá abrir el recurso.

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