La Corte giró a un juzgado civil la causa contra una expropiación

El Tribunal se declaró incompetente para resolver un planteo sobre la casa de Manganelli. La decisión fue adoptada mediante un fallo dividido. Todavía está pendiente de resolución el expediente que impulsan los propietarios.
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia se declaró incompetente para analizar la expropiación realizada sobre la propiedad de San Lorenzo 355, de la familia Manganelli. La resolución fue conocida dos meses después de iniciada la demanda original.

En el fallo, el máximo tribunal rechazó intervenir en la acción de amparo colectivo presentada por el abogado Manuel García Fernández en defensa del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la casona, que sería demolida para construir un nuevo acceso para las cocheras del Tribunal de Cuentas, según se indicó en los considerandos del proyecto de ley original, impulsado por el alperovichista José Alberto Cúneo Vergés. La Corte aún debe resolver sobre la presentación interpuesta contra el proceso expropiatorio por los dueños del inmueble, quienes son representados por José Ricardo Falú y Francisco García Posse (pidieron la nulidad de las leyes).

En una decisión dividida, los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Alberto Brito derivaron el amparo al juez de primera instancia en lo Civil y Comercial Común (en el mismo sentido se había pronunciado el ministro fiscal, Luis de Mitri), mientras que René Mario Goane y Antonio Gandur consideraron que debe intervenir la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

El voto mayoritario se centra en que la materia en debate no es de naturaleza político constitucional, lo cual excluye la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, y argumenta en extenso en contra de la actuación de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

"Si bien el amparista manifiesta no defender el interés particular de los propietarios ni cuestionar el derecho del Estado a expropiar, de acuerdo a los términos de la acción emprendida se ven cuestionados los motivos de la declaración de utilidad pública de la ley de expropiación", aseveraron los magistrados supremos.

Estofán, Brito y Sbdar recordaron, además, que García Fernández había denunciado la mora del Poder Ejecutivo en hacer efectivas las medidas de conservación del patrimonio cultural, pero consideraron que este planteo tampoco alcanzaba para que el expediente tuviese que ser estudiado por el superior tribunal.

En minoría

Gandur y Goane, en tanto, resaltaron que, para determinar la competencia de un tribunal, deben analizarse los hechos expuestos en la demanda. "Lo relevante será la naturaleza intrínseca del acto jurídico constitutivo de la pretensión, con prescindencia absoluta del derecho que invoque", alegaron.

Si bien coincidieron con sus pares en que la Corte no es competente en este caso, subrayaron que debía actuar el fuero en lo Contencioso Administrativo. "La acción está referida a un instituto de indudable naturaleza administrativa como es la expropiación", sostuvieron, y derivaron también a los camaristas el debate sobre la inacción del Estado para proteger el patrimonio provincial. En sus conclusiones incluyeron la declaración de nulidad de la primera parte del artículo 57 del Código Procesal Constitucional, que atribuye competencia al juez en lo Civil y Comercial Común en los amparos.

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