La Corte falló en contra del Instituto

El más alto tribunal del país confirmó una resolución del S.T.J. a favor de cuatro jubilados, aunque se calcula que habrá otras 80 resoluciones similares. Erquicia había prometido pagar para evitar más juicios.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa 1517 XLIII, adhirió al dictamen de la procuradora fiscal de la Nación, Marta Amelia Beiró de Goncalvez, declarando inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por el Instituto de Seguridad Social en contra de varios jubilados que plantearon una demanda similar a la de Roberto Vassia en el año 2000.

En aquella época, el presidente del I.S.S. era Miguel Erquicia. El les pidió públicamente a quienes estaban en iguales condiciones que Vassia -actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas- no iniciar un juicio porque el Instituto les reconocería lo dictaminado en ese fallo adverso.

Erquicia no sólo nunca lo hizo, sino que además fue a la Corte con un recurso extraordinario. Ahora pasará lo de siempre: la caja jubilatoria provincial deberá pagar los juicios iniciados por decenas de jubilados. Si bien todavía no están notificadas todas las partes, ya se sabe que la demanda fue interpuesta por Nelson Cafardo, Juan Ferretjans, José Eduardo Suardi y Walter Aníbal Torino, con el patrocinio legal de Erika Milano junto a Adrián y Bernabé Sánchez. Y habrían todavía 80 notificaciones más.

No se hizo nada.

Hace ocho años el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a una demanda contencioso administrativa interpuesta por varios jubilados, declarando la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 de la ley 2212. Aún así, el I.S.S., a través de los abogados Pablo Girard y Adriana Gómez Luna recurrió a la C.S.J. Todo como consecuencia de la sanción de la Ley de Emergencia Previsional, que vulneró derechos adquiridos y le metió la mano en los bolsillos a los jubilados. Luego de años de lucha, éstos consiguieron que les restituyeran el 7 por ciento.

El caso Vassia fue un daño colateral que pudo ser evitado y, más aún, entre quienes demandaron en forma posterior. Era evidente que la prescripción sólo la podría interrumpir el deudor, en este caso el Instituto, al adelantar públicamente Erquicia que se reliquidarían todos los beneficios, en caso de que la acción planteada ante la Corte fuere desfavorable.

Vassia ganó el juicio en 2005 y nada se hizo, salvo cambiar la ley. Las consecuencias de ese error jurídico -advertido por los legisladores de la oposición cuando se modificó la norma- podrían ser impredecibles, según la sentencia unánime dictada el 4 de agosto por los jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.

Los responsables.

En 1985 se sancionó la ley 883, que otorgaba una jubilación especial para quienes acreditaran 25 años de servicio en la administración pública. Dicho beneficio se transformaría luego en una jubilación ordinaria de la Norma Jurídica de Facto 1170, que todavía rige al sistema previsional pampeano, al alcanzar el agente la edad de 60 años para los varones y 55 para las mujeres.

Antes de operar el cambio el beneficio en la jubilación ordinaria, mediante la Ley de Emergencia Previsional 1671, se transformó la pauta jubilatoria, elevándose la edad en cinco años mediante un cambio en la base de cálculo de los haberes -en lugar de los mejores últimos dos años, se tomó el promedio de los últimos diez y actualmente el promedio de los últimos veinte- y bajándolos en un 7 por ciento. Así, haber pasó del 82 al 75 por ciento.

Posteriormente, la ley 1691 estableció que la modificación de los beneficios de las leyes 883 y 1037 se efectivizaría, no al cumplirse la edad exigida al momento del cese original, sino al producirse la transformación del beneficio. Dicho de otra forma: los afiliados al I.S.S. se retiraron con la expectativa de que al haberse cambiado el sistema en forma arbitraria, se violentó el espíritu de la norma en base a la cual se concediera la jubilación especial.

Muchos de esos jubilados que hoy lograron torcerle el brazo al I.S.S. han fallecido, pero más allá de esos, sus sucesores cobrarán las demandas y el Instituto deberá afrontar las enormes costas de los juicios. Esas decisiones quizá fueron fruto de enconos personales, que terminarán afectando las finanzas de la caja jubilatoria.

Erquicia y Vassia.

Uno de los afectados por ese cambio anticonstitucional fue el decano de Económicas, Roberto Vassia, quien inició una demanda contencioso administrativa ante el S.T.J. El Alto Tribunal consideró que sin la posterior reforma legislativa a la NJF 1170, consagraba exigencias más gravosas que las vigentes al momento de ejercer la opción, vulnerando el derecho adquirido a gozar de la prestación previsional, es decir, a que su jubilación se rija en lo sustancial por el derecho vigente a la fecha de cesación del servicio.

Era clara la inconstitucionalidad que resultaba de alterar las reglas de juego vigentes, imponiendo con posterioridad otras más gravosas.

Conocido este fallo, el I.S.S. interpuso el recurso extraordinario federal ante la Corte. Antes, el directorio del Instituto había dejado expresa constancia en actas que todos aquellos que estuvieran en las mismas condiciones de Vassia (fallo 1248. XXXVIII de la C.S.J. en marzo de 2005) no iniciarían acciones legales ante la promesa de que se aplicarían automáticamente los beneficios de esa sentencia. Incluso fue comunicado en forma pública.

Esa decisión de Erquicia interrumpió el plazo de prescripción de la acción, por reconocimiento del derecho eventual, y la Corte terminó confirmando el fallo del STJ. Conforme a ello, el I.S.S. debió aplicar en forma automática el fallo Vassia y reintegrarle a los beneficiarios los aportes efectuados desde la transformación de la jubilación especial en jubilación ordinaria, al momento del cese en servicio.

Pero no sólo no aplicó en forma automática esa sentencia de la Corte, sino que propició la sanción de una ley que presentaba diferencias con la resolución judicial. Ahora no se sabe cuánto deberá pagar el Instituto entre reparaciones previsionales y las costas de los juicios.

El actualmente presidente Miguel Tavella deberá solicitar ayuda a la Provincia para solventar un proceso judicial que podría desbalancear los fondos de un Instituto que el año pasado ya tuvo una pérdida operativa de 2.000.000 pesos en el servicio de previsión social. ¿Alguien iniciará alguna vez algún juicio por mala praxis de los funcionarios?

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