La Corte elimina los topes en jubilaciones de las provincias

La Corte Suprema ratificó que los jubilados provinciales de las Cajas transferidas a la Nación deben cobrar sus jubilaciones con la movilidad y sin tope, de acuerdo a las condiciones fijadas por las leyes locales por las que se jubilaron antes de ser transferidos. Para la Corte no pueden alterarse los "derechos adquiridos".
Así, ayer en la causa "Francisca América Aban contra ANSeS" el Alto Tribunal ratificó una sentencia de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social de 2004. Y se suma al fallo conocido este miércoles por el que la Corte ordenó que se actualice el sueldo de referencia para calcular el haber inicial por la variación de los salarios y su ajuste posterior también según la suba salarial, como se estableció en el caso Badaro.

Con el traspaso de la Caja provincial, la jubilada -de la Provincia de Jujuy- pasó a cobrar su jubilación después de transferida el Instituto previsional local con el tope máximo de $ 3.100 ¿ vigente a partir de 1995 según la Ley de Solidaridad de Menem y Cavallo- a pesar de que se había jubilado por la ley local que no fijaba ningún tope, con un haber de casi $ 5.000 y con el derecho al 82% móvil. Esto significa, dice la sentencia, descuentos "de más del 37% del haber previsional".

En el fallo, la Corte sostiene que el problema fundamental es "la necesidad de dar garantía a los derechos adquiridos por los jubilados y pensionados de las provincias". Que el cambio de responsabilidades con las provincias "no puede redundar en perjuicio de los titulares de las prestaciones". Y que no se puede convalidar "una quita de la prestación que es inaceptable, toda vez que ha sido efectuada de modo intempestivo, unilateral, sin atenerse al principio de legalidad ni a las reglas del convenio de transferencia, que no consienten reducción o limitación alguna al monto del haber legítimamente determinado".

En coincidencia con el fallo, el juez de la Sala II de la Cámara, Luis Herrero consideró que el fallo de la Corte "desmantela las normas restrictivas aplicadas en los 90 para perjudicar a los jubilados provinciales transferidos".

Si bien se refiere a un caso particular, el fallo ratifica una doctrina que comprende a las 11 Cajas provinciales transferidas, entre ellas la de Jujuy, Mendoza, y Ciudad de Buenos Aires.

En tanto el especialista Guillermo Jáuregui precisó que este fallo continúa la línea doctrinaria de la Corte iniciada en la causa Blanco de Mazzina de febrero de 2008. Y que dentro de esos "derechos adquiridos" están el reajuste del haber conforme a la ley provincial, la no disminución del haber provincial por aplicación de normas nacionales y la movilidad del haber conforme al régimen de la ley provincial.

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