La Corte dispuso que las defensorías vayan al interior

La iniciativa pretende satisfacer las necesidades de las personas de escasos recursos. Estofán explicó que una vez por semana, de 10 a 17, se atenderán los requerimientos en cinco localidades del interior.
Una vez por semana, los vecinos de Trancas, de Burruyacu, de Tafí del Valle, de Monteagudo y de La Cocha, así como también los pobladores de las localidades aledañas, contarán en esas ciudades con un nuevo y directo servicio de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia resolvió, mediante la acordada 675/2009, crear un sistema de defensores oficiales itinerantes que, cada siete días, entre las 10 y las 17, atenderán los requerimientos de los habitantes de esas comunidades.

"La Corte quiere atender dos objetivos prioritarios. El primero: brindar un servicio de Justicia adecuado y suficiente. Con este proyecto se va a llegar, sin dudas, a toda la gente de escasos recursos de estas zonas que por razones de tiempo no pueden viajar, ni mucho menos enfrentar los costos del traslado, hacia Concepción, Monteros o San Miguel de Tucumán", explicó a LA GACETA Antonio Estofán, vocal del superior tribunal.

"En segundo lugar, consideramos que se podrá dar contención a los casos de violencia familiar. El drama de la situación de violencia podrá ser atendido cercanamente por la Justicia", puntualizó el magistrado, uno de los principales impulsores de la medida. La acordada acaba de ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, refrendada por Antonio Gandur, René Mario Goane, Alberto José Brito, Claudia Beatriz Sbdar y Estofán. También refrendó la medida el titular del Ministerio Fiscal, Luis Augusto de Mitri.

La norma dispone que los defensores oficiales en lo Civil y del Trabajo de la II, III y IV nominación del centro judicial de la Capital (respectivamente, María Isabel Vidal Sanz, Lidia Beatriz Espinosa y Roberto Paz), trasladarán sus oficinas, en ese orden, a Trancas, a Burruyacu y a Tafí del Valle. Lo mismo harán los defensores en lo Civil y del Trabajo de la I y la II Nominación del centro judicial de Concepción (Horacio Néstor Carbonell e Isabel Nacul) en La Cocha y Monteagudo.

Aunque no figura en el acuerdo firmado por los jueces supremos, Estofán explicó que la idea es que este emprendimiento incluya también al defensor en lo Civil, Laboral y Penal del centro judicial de Monteros, Ricardo Alderete, para que él preste idénticos servicios en el departamento Leales. La idea es que su zona de influencia para ese caso sean las localidades de Santa Rosa, Villa de Leales, Estación Aráoz y Tacanas.

"Esta es una prueba piloto que la Corte encara con las armas institucionales de que dispone en su jurisdicción, y también con el apoyo del Poder Ejecutivo", puntualizó Estofán. Precisamente, los únicos gastos para la Corte serán la designación de cinco empleados con título de abogado en la categoría de ayudante judicial y la compra, para cada defensor oficial, de una computadora portátil y de impresoras de fácil traslado.

En las ciudades

El vocal del superior tribunal explicó que los jueces de paz de La Cocha y de Monteagudo ya comunicaron que ponen a disposición despachos de sus dependencias para que puedan instalarse los funcionarios judiciales. En el caso de Trancas, Burruyacu y Tafí del Valle, se instalarán en oficinas de las municipalidades. "Desde las intendencias ya nos remitieron las notas en las que nos facilitan el espacio físico y hasta nos agradecen por la puesta en marcha de esta iniciativa. En las gestiones para contar con infraestructura de las municipalidades nos ayudó mucho el Poder Ejecutivo", destacó Estofán.

La Casa de Gobierno, además, se encarga de proveer a la Corte de un vehículo oficial y de un chofer para que se encargue, de lunes a viernes, del traslado de los defensores oficiales y de los ayudantes judiciales. Los correspondientes expedientes para la compra de equipamiento y para que la gobernación se ocupe del traslado ya están tramitados. Incluso, la iniciativa judicial ya cuenta con una fecha oficial para su debut: el 19 de octubre, Paz inaugurará la experiencia en Tafí del Valle.

"En el futuro, si el proyecto tiene el éxito que esperamos, la Corte entiende que sería necesaria la intervención de la Legislatura para concretar la creación de defensorías de pobres permanentes en determinados lugares de la provincia. Personalmente, creo que esas defensorías deben ser ocho y que cada una debe contar, además, con un asesor de menores, un psicólogo, un asistente social y un fiscal de instrucción para causas menores", concluyó Estofán.

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