La Corte Suprema le cerró la puerta al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime: el máximo tribunal se negó a estudiar un planteo que había hecho el ex funcionario para que se declare inconstitucional el delito de enriquecimiento ilícito, por el que lo procesó el juez federal Sebastián Casanello.

La resolución, por un lado, significa que la causa contra Jaime seguirá adelante. Pero, por el otro, también es una mala señal para el vicepresidente Amado Boudou, porque el tribunal está poniendo en evidencia que no está dispuesto a jugarse por ningún funcionario para salvarlo de un caso de supuesta corrupción.

El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni, decidió que ese tema no merece siquiera ser analizado, por lo cual entendió improcedente abrir a estudio el reclamo que había planteado el defensor de Jaime, Andrés Marutián.

Algunos abogados cuestionan la forma en que está instrumentado ese delito, pues sostienen que se invierte la carga de la prueba; es decir, el imputado debe demostrar que los bienes que posee son legítimos, lo que hace caer la presunción de inocencia.

Sin embargo, ese argumento ya fue desechado con anterioridad por la Justicia en otros casos. Y, además, si los funcionarios están obligados a formular declaraciones juradas de sus bienes es porque ellos están admitiendo que tienen sólo esos bienes. Se entiende, entonces, que son ellos los que deben justificar cualquier incremento posterior, a efectos de llevar más transparencia a la función pública.

En el particular caso de Jaime, la causa no registró grandes avances mientras el juez a cargo fue Norberto Oyarbide, a pesar de los muchos pedidos que hizo el fiscal federal Carlos Rívolo. Pero el expediente recobró algún impulso cuando el juez Casanello se hizo cargo del juzgado donde tramita ese expediente.

Casanello consideró que la cantidad de bienes a disposición de Jaime "no podía ser justificada a través de sus ingresos legítimos y declarados". Y la resolución alertó sobre un "drástico y evidente cambio en el nivel de vida", que se habría traducido en un incremento patrimonial que el juez cuantificó en $ 12,5 millones.

Jaime planteó la inconstitucionalidad de la figura del enriquecimiento ilícito antes de ser procesado, pero sin éxito en todas las instancias judiciales.

El 8 de agosto de 2013, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, desestimó el planteo y declaró inadmisible el recurso extraordinario para que fuera la Corte Suprema la que definiera la cuestión.

Por eso, Marutián insistió con un recurso de queja, que presentó directamente ante la Corte y que el alto tribunal rechazó, lo que en los hechos significa que la causa seguirá adelante..