La Corte dejó en manos del Congreso el destino de las reservas del BCRA

La Corte dejó en manos del Congreso el destino de las reservas del BCRA
Para la Corte, las provincias no deben recurrir a la Justicia para defenderse en cuestiones en las que son representadas políticamente por sus diputados y senadores
La Corte Suprema de Justicia se negó ayer tratar en el plano procesal una cuestión que cree que debe dirimirse a nivel político. Así rechazó un pedido de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia que creó el Fondo del Bicentenario con reservas del Banco Central para el pago de deuda. No opinó sobre la validez de la norma, sino que descartó que la provincia de San Luis, impulsora de la demanda, tuviera interés directo en la causa.

Los ministros defendieron la sentencia como una muestra de independencia de la Justicia ante las presiones tanto del oficialismo como de la oposición, al haber mantenido jurisprudencia de antecedentes anteriores sobre "legitimación procesal" de las provincias, sin dejarse llevar por la tentación de apartarse por "razones de gravedad".

Para los ministros de la Corte, las provincias no deben recurrir a la Justicia para defenderse en cuestiones en las que deben ser representadas políticamente por sus diputados y senadores en el Congreso.

Sobre la posibilidad de que, si el Gobierno apela los fallos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, cosa que aún no hizo, pueda haber un pronunciamiento de la Corte, también dejaron trascender que es jurisprudencia unánime que sólo hay recurso extraordinario sobre sentencias firmes, y no sobre medidas cautelares como las que hasta ahora han otorgado los tribunales inferiores.

Incluso, para la Corte, los diputados que pidieron esas medidas cautelares no estarían tampoco legitimados para representar a los ciudadanos en la Justicia, cuando deben hacerlo en el Parlamento, aunque en este caso la Cámara planteó una excepción, porque al estar cerrado el Congreso, si se aplicaba el DNU, los legisladores iban a perder la oportunidad de pronunciarse.

Además, la provincia de San Luis no planteó la inconstitucionalidad de la ley que regula los DNU y su control por el Congreso, y para la Corte, recién cuando termine ese control y el DNU sea aceptado o rechazado, deberá opinar la Justicia sobre su constitucionalidad.

En la sentencia, el Máximo Tribunal dijo que San Luis no tiene legitimación activa para actuar contra el DNU 2010/09, ni en representación de sus ciudadanos ni por derecho propio en defensa de la moneda, como habían planteado sus abogados.

En el caso de la representación de los ciudadanos, para la Corte, el artículo 43 de la Constitución es claro cuando da legitimación para litigar sobre "intereses difusos" a las ONG, al Defensor del Pueblo y a los afectados, y no a las provincias.

Esto sería negativo, para la Corte, porque si se aceptara que las provincias representaran en la Justicia a los ciudadanos siguiendo cierta jurisprudencia de los Estados Unidos que citó San Luis y que significa "como un padre por su hijo incapaz", los habitantes quedarían rehenes de los gobernantes para todo tipo de planteos.

En cuanto a la legitimación por derecho propio que invocó San Luis, respecto a la defensa del valor de la moneda, los ministros consideraron que no hay prueba directa de un perjuicio actual y directo, sino general. O sea, una eventual espiral inflacionaria en un futuro, sobre la que no hay evidencias hasta ahora.

Además, la Corte dijo que San Luis –con el concierto del resto de las jurisdicciones provinciales– ha delegado en el Gobierno central el ejercicio de facultades (sobre la moneda), y en ese marco no puede reconocérsele la potestad de ejercer un control pormenorizado del ejercicio de aquellas por parte de la Nación, sin un interés directo claramente demostrado.

La sentencia salió tras un breve debate sin disidencias, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Enrique Petracchi.

Comentá la nota