La Corte decidirá cuánto debe pagar Jaque por la antigüedad

La Corte decidirá cuánto debe pagar Jaque por la antigüedad
A pedido del Ejecutivo, el máximo tribunal en pleno buscará unificar criterios luego de cuatro fallos anteriores contrapuestos. El monto final oscila entre 35 y 120 millones.
En las próximas horas quedarán resueltas, en la Suprema Corte de Mendoza, las recusaciones presentadas por gremios estatales contra Jorge Nanclares, Carlos Böhm, Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde en las acciones judiciales referidas al pago de la antigüedad adeudada a los empleados públicos.

Todo indica que estas recusaciones serán rechazadas, ya que el Tribunal -a pedido del Poder Ejecutivo- ha dispuesto que no será una sala del tribunal sino el plenario de todos sus miembros, el que adoptará un fallo definitivo sobre el tema.

La decisión no es menor porque está pendiente de resolución un expediente -denominado "Caso Cañas"- que involucra a unos 18 mil trabajadores estatales que -en su momento- iniciaron acciones contra el Estado reclamando por la antigüedad no abonada durante los gobiernos de Arturo Lafalla y Roberto Iglesias.

Según sea el criterio de resolución final -adoptado por el voto mayoritario entre sus siete miembros-, el actual gobierno de Celso Jaque deberá pagar este año los 35 millones que previó para cancelar acuerdos extrajudiciales, o elevar esa cifra a 120 millones de pesos si el fallo es contrario para el Estado.

La inexistencia de un criterio consolidado, en la Justicia mendocina, para resolver estos pleitos, admite desde la posibilidad de un rechazo a los reclamantes (como ya existió en un fallo de la Sala 1) hasta el pago total de los seis años de antigüedad no abonada (como resolvieron las resoluciones de conjueces).

Es que existen cuatro fallos anteriores absolutamente contrapuestos en argumentos y que difieren en tres veces sobre los montos finales que debían recibir los empleados públicos y pagar el Estado.

Cuando han intervenido conjueces, es decir abogados que remplazan a jueces que se excusan de resolver en el tema, los fallos han sido duros con el Estado y "generosos" con los demandantes (Caso De Gourville y Araya). Mientras que cuando han intervenido directamente jueces de la Suprema Corte, el criterio ha sido absolutamente inverso y hasta se ha reconocido que el Estado puede recortar sueldos (hasta un 20%) en época de emergencia (Caso Sozzi).

La Corte mendocina reservó para sí las causas de mayor impacto sobre el Estado (por la mayor cantidad de demandantes), mientras los reclamos menos numerosos quedaron en manos de conjueces.

Caso Araya

En los últimos días la Corte Suprema de la Nación no encontró "agravio federal" para intervenir en este conflicto y -como consecuencia- dejó firme un fallo anterior de tres conjueces de la Suprema Corte, mendocinos, que resolvía la devolución a los empleados por los seis años reclamados (no sólo por dos) y desestimó las prescripciones de derechos.

En su momento, el entonces gobernador Julio Cobos recurrió este fallo ante el tribunal nacional, cuyo reciente pronunciamiento ahora obliga al actual mandatario, Celso Jaque, a pagar 400 mil pesos a 28 empleados.

Se trata de una causa (Araya) de pocos reclamantes resuelta a favor de los empleados por los conjueces de la Suprema Corte: Luis Sarmiento García, Raúl Jofré y Pablo de Rosas, en noviembre de 2007, cuyo criterio choca de plano por el dispuesto por los ministros Kemelmajer y Pérez Hualde (Caso Sozzi) que -con la ausencia de Fernando Romano- consideró válidos los recortes salariales del Estado y las prescripciones de derechos de los empleados.

Semejante nivel de diferencia de criterio en la resolución de causas iguales -entre conjueces y la Sala 1 de la Suprema Corte- derivó en la convocatoria a plenario que ahora -aún sin fecha- deberá resolver la Causa Sozzi (que inicialmente agrupó a 18 mil empleados).

La eventual aplicación del criterio de los conjueces del caso Araya a la resolución del Caso Sozzi, significaría multiplicar por tres el pago que debería llevar a cabo Celso Jaque, en momentos en los que el Gobierno provincial alerta sobre el impacto de la crisis mundial en Mendoza.

El Tribunal tiene siete miembros y deberán votar para resolver el tema. Entre los ministros, algunos consideran que el derecho asiste más a los empleados reclamantes y otros al Estado demandado.

Entre los primeros, se especula que está Fernando Romano y entre los segundos se descuenta a Kemelmajer y Pérez Hualde. Por lo tanto, definirán los votos de Herman Salvini, Pedro Llorente y Carlos Böhm o, en última instancia, el del presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares.

Todo indica que la resolución de este caso tendrá su repercusión en la Casa de Gobierno y en los gremios estatales. Es que según sea el fallo, será el margen de acción que tendrá la Provincia hasta fin de año.

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