La Corte citó a negociar al PE y a los abogados

Se llamó a una audiencia para que las partes discutan un posible acuerdo amigable en la causa sobre la reforma constitucional. La audiencia tendrá lugar el miércoles a las 10. El debate estará centrado en la integración del Consejo Asesor de la Magistratura.
Un gran interrogante radica en quiénes participarán por la Corte Suprema de la audiencia a la que convocaron al Colegio de Abogados y a la Fiscalía de Estado. Podrían hacerlo, además del presidente (Antonio Gandur), los otros vocales que intervienen en la causa: René Goane, Alberto Brito y hasta Ebe López Piossek (la camarista que integró la Corte). En el alto tribunal nacional las audiencias públicas se convirtieron en una costumbre

Esa palabra democrática

Buscan que la causa sobre la reforma no se nacionalice

Durante los últimos cuatro años, los representantes del Colegio de Abogados y del Gobierno han mantenido tensas relaciones, caracterizadas por la confrontación, los cruces verbales y las controversias judiciales. Como consecuencia, no ha habido prácticamente espacios institucionales para que ambas partes puedan comunicarse e intercambiar puntos de vista frente a frente. No obstante, el miércoles, a las 10, tendrán la oportunidad, porque la Corte Suprema de Justicia de la provincia, inesperadamente, los convocó a una audiencia de conciliación en la causa en la que los letrados cuestionaron numerosas disposiciones de la Constitución reformada en 2006.

El llamado fue concretado por el presidente del alto tribunal, Antonio Gandur, quien hizo uso de las facultades que confiere el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil y Comercial Común de la provincia, en el capítulo correspondiente a los deberes y facultades de los magistrados.

Con amplitud, la disposición expresa: los jueces “podrán procurar, en cuanto sea compatible con el ejercicio de su función, que los litigantes pongan término a sus diferencias por medio de avenimientos amigables, a cuyo efecto podrán citarlos en cualquier estado de la causa y proponerles bases de arreglo. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento”.

Llama la atención el momento en que la Corte invita a dialogar y a explorar la posibilidad de una salida consensuada, porque, más allá de lo estrictamente procesal, ese es el objetivo de esta potestad a la que, por cierto, el tribunal no suele recurrir.

Avatares

¿En qué estado se encuentra la causa? Aunque en un fallo dividido, el alto tribunal ya ha emitido una sentencia de fondo, por la que, como pretendían los abogados, bloqueó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda organizar discrecionalmente -mediante decreto- el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), previsto por la Carta Magna de 2006 para la selección de los jueces inferiores. Además, impidió que en el futuro pueda haber reformas constitucionales por medio del sistema de enmiendas legislativas.

El Gobierno, fundamentalmente, impugnó la sentencia por medio de la interposición de un recurso extraordinario federal, en el afán de que la Corte Suprema de la Nación revise el fallo. Este no acatamiento, en los hechos, impide integrar el CAM por medio de la sanción de una ley, como se desprende del criterio mayoritario sostenido por la Corte tucumana; en particular, a partir del voto de Gandur, que instó a la Legislatura a proveer una composición equilibrada (del CAM) que permita la selección de jueces independientes.

Actualmente, la imposibilidad de organizar el CAM cobra relevancia dada la gran cantidad de jueces que están en trámite de jubilarse. En estos momentos, las vacantes que no pueden ser cubiertas definitivamente ascienden a 18. Por eso, el llamado a conciliación efectuado por la Corte no puede desconectarse de esta situación y hasta puede conllevar la propuesta de sentar las bases para discutir cómo puede solucionarse -sin tener que esperar un fallo de la Corte de la Nación- la integración del CAM y, en lo inmediato, la designación de jueces provisorios o subrogantes. Esto explicaría por qué el tribunal tucumano, antes de expedirse sobre si correspondía abrir los recursos extraordinarios federales deducidos por las partes (el Colegio de Abogado sólo cuestionó de la sentencia lo dispuesto en relación con el Jurado de Enjuiciamiento), prefirió explorar la posibilidad de un avenimiento o acuerdo.

El Colegio de Abogados no cuestiona lo resuelto por la Corte en relación con el CAM, sino todo lo contrario. Por eso, para que pudiera abrirse un espacio de discusión sobre este tema, el Gobierno primero debería desistir de la pretensión de que la Corte de la Nación revise el fallo del tribunal tucumano, al menos en lo que tiene que ver con esta cuestión. Esta salida haría que la controversia quedara acotada a lo relacionado con el sistema de enmiendas y con el Jurado de Enjuiciamiento (planteada por los letrados), lo que podría ser elevado a consideración de la Corte de la Nación.

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