La Corte anuló la ley que permitía el espionaje telefónico y de Internet

La Corte anuló la ley que permitía el espionaje telefónico y de Internet
También creó el "amparo colectivo", para evitar los juicios múltiples.
En un importante fallo que abre el año de las sentencias de la Corte, el Tribunal declaró inconstitucional la ley 25.873, conocida como "Ley Espía", y el decreto que la reglamentó en 2004. Esa ley autorizaba la intervención de las comunicaciones telefónicas, las habituales "pinchaduras", y las comunicaciones por Internet, que debían ser resguardadas por diez años por los prestadores de esos servicios.

El Tribunal que preside Ricardo Lorenzetti juzgó que la vigencia de esa ley violaba el derecho a la privacidad. En realidad la ley estaba suspendida por un decreto del Ejecutivo y la Corte evitó que otro decreto la pusiera nuevamente en vigencia.

El respeto a la privacidad es el argumento que presentó el abogado Ernesto Halabi cuando llegó a la Corte con su pedido de inconstitucionalidad. Halabi argumentó que la ley violaba su privacidad como consumidor y, además, su derecho a la confidencialidad como abogado. Un juez de primera instancia y la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo dieron la razón a Halabi. Pero el Estado interpuso un recurso extraordinario ante la Corte, que ayer falló también en favor del abogado.

En realidad, la sentencia de la Corte tiene dos partes. Por un lado, declara la inconstitucionalidad de la ley, en un fallo unánime de sus siete miembros. Por otro lado crea la figura de "acción colectiva", o "amparo colectivo" que extiende los alcances de la sentencia a todos los ciudadanos que tengan un conflicto similar, sin necesidad de que celebren un juicio cada uno y por la misma causa.

Esta parte de la sentencia (ver: "Un juicio...") fue aceptada por una ajustada mayoría de cuatro votos (Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda) contra tres (Carmen Argibay, Carlos Fayt y Enrique Petracchi).

La Corte juzgó fuera de la Constitución el que una ley autorice las "pinchaduras" telefónicas y las comunicaciones y contenidos de Internet sin que una ley determine en cuáles casos y con cuáles justificativos pueden llevarse a cabo esas intervenciones.

La ley ponía en manos de la SIDE y del Estado una herramienta de alcances insospechados porque determinaba que la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE estaría encargada de las intercepciones telefónicas y los prestadores de Internet de realizarlas y conservarlas. La Corte advirtió que la información recogida por esos métodos quedaba en manos "de la más libre discrecionalidad" de parte de los agentes del Estado, todos bajo la órbita del Poder Ejecutivo.

El fallo mantiene la obligación de la SIDE de realizar la intercepción de comunicaciones que formule el Poder Judicial. Por cierto, no garantiza que las "pinchaduras" arbitrarias e ilegales desaparezcan de la vida social argentina, pero pone un límite al espionaje y rescata el derecho a la privacidad.

La ley desechada ayer imponía a los prestadores de Internet correr con los gastos del equipamiento necesario para obtener y preservar la información de sus usuarios

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