La Corte le aceptó a la AFIP la confiscación de Ganancias solo para 2002

El fallo que trascendió permite aplicar una tasa de 46,55% a las ganancias. Las empresas tendrán que determinar si conviene seguir los juicios o acogerse a la moratoria
La Corte Suprema de Justicia emitiría hoy el fallo sobre ajuste por inflación de los balances, elaborando una nueva doctrina sobre la confiscatoriedad de los impuestos.

La causa en la que fallaría la Corte involucra a la empresa Candy S.A., ubicada en Rodeo, provincia de Catamarca y propiedad del grupo Arcor.

Para decidir en la causa, la Corte optaría por hacer lugar parcialmente a un amparo apartándose así de su propia jurisprudencia en la materia.

Luego elaboraría una nueva doctrina sobre la confiscatoriedad, tomando como base el balance contable ajustado. Partiendo del mismo, la Corte diría que si el impuesto a las ganancias aplica como tasa una que exceda en 33% a la alícuota general del impuesto, se daría un caso de confiscatoriedad, por lo que el fisco no tendría base constitucional para reclamar el excedente .

Con ese cálculo resulta que la tasa empírica final permitida es del 46,55%, la que sería aceptable en un año excepcional como el 2002. La idea subyacente en el planteo de la Corte es que ese año todos tuvieron que sufrir distintos perjuicios y sería una nueva aplicación del "esfuerzo compartido".

En este marco, la Corte diría que la ley 24.073 que prohibió incluir en el índice que confeccionaba la DGI la inflación posterior a abril de 1992 no es –en principio– inconstitucional, atento a las particularidades de ese año, salvo que su aplicación lleve a una situación de confiscatoriedad, lo que debe ser analizado en cada caso.

No votarían todos los ministros, porque habría alguna disidencia sobre si fue probado o no el daño en la causa. La causa se decidiría con el voto coincidente de cinco de ellos.

Una vez que se conozca el fallo, los contribuyentes que están en litigio por causas que involucran el ajuste por inflación tendrán que hacer cálculos para saber si les conviene seguir el pleito en la Justicia o desistir y acogerse a la moratoria.

La Corte tiene en análisis esta cuestión más en profundidad desde que en 2006 llamó a amicus curiae, amigos del Tribunal, para que opinaran en la causa Juplast.

Las cámaras de apelaciones fallaron masivamente a favor de los contribuyentes en materia de ajuste por inflación de los balances para el cálculo del Impuesto a las Ganancias, sin que el máximo tribunal se expidiera sobre la cuestión durante todos estos años.

Lo que se discute especialmente es la distorsión de los balances de 2002, cuando el valor nominal de los bienes se triplicó sin que esas cifras de supuesto aumento patrimonial reflejaran ganancias reales.

Las cámaras consideraron casi unánimemente que la prohibición del ajuste por inflación era inconstitucional por violar principios contenidos en nuestra norma fundamental, por lo que abogaron por la aplicación de un mecanismo de corrección de las consecuencias de la inflación y depreciación monetaria, considerando que de la contrario se desnaturalizaría el impuesto a las ganancias, al gravar rentas nominales que no se encuentran alcanzadas y prescindir de la capacidad contributiva del obligado al pago.

También rechazaron la Nota Externa (AFIP) 10/2002 en cuanto dispone la no aplicación del ajuste impositivo por inflación, al considerarla notoriamente ilegítima en cuanto excedería la competencia propia del ente fiscal. Los actos públicos, en función de la fuerza normativa de la Constitución y el Estado constitucional de derecho deben ser razonables, sostuvieron fallos de cámara.

También hubo fallos que se basaron en el principio de la confiscatoriedad, fundamentando el ajuste por inflación en que, si se grava la renta nominal, el fisco se queda con todo el Impuesto a las Ganancias sobre la renta real y además avanza sobre el 11% del patrimonio neto de la empresa.

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