La investigación de ATE, cuyos detalles fueron publicados en un artículo difundido por el portal Infobae, detalla una aparente maniobra de malversación de fondos púbicos en la Escuela Nacional de Náutica, que depende de la Armada, pero que hasta el pasado 10 de diciembre tuvo como responsable al empresario naval de Servicios Portuarios Integrados.

De Tettamanti subsecretario dependía Sergio Dorrego, el director de nacional de Marina Mercante y a su vez, director de la Escuela de Formación Naval. “Dorrego detentaba el curioso estatus de ser su propio superior, ya que su cargo nacional estaba en directa relación con la tarea que desarrollan todas las escuelas públicas y privadas que forman al personal de la marina mercante”, sostiene Fernando Morales.

En la denuncia de ATE, con datos aportados por personal de Contaduría de la Escuela, reluce un lote de contrataciones efectuadas en 2015, entre ellas una llamativa compra de tóner para impresoras por $299.998,50, con el agregado de que poco tiempo después se realizó otra compra al mismo proveedor por $352.725. No conforme con ello, mediante el expediente 04/15 ESNN 3HO, el funcionario amplió la compra por otros $120.210,00, argumentando que los cartuchos son requerido para la impresora HP 5550 DN (la única de ese modelo que posee el instituto naval) correspondiente a la oficina de la Secretaría de Gestión de Certificaciones.

“Curiosamente, la propia Armada prohibió a sus escuelas de personal mercante que emitan certificados, algo que se hace en una dependencia de la fuerza ubicada en la calle Reconquista al 300”, distingue el informe.

Si estas contrataciones resultan difíciles de explicar, mucho más resulta la compra de software por $600.000 a la empresa SPI Astilleros, propiedad de Tettamanti y jefe directo del capitán Dorrego en su otro trabajo. “Directamente raya en lo ilegal”, asegura Morales.

Si bien el propietario de la mencionada firma había transferido sus acciones al asumir el cargo, familiares y allegados quedaron al frente de la empresa y hasta su casilla de e-mail personal seguía perteneciendo al servidor oficial de la firma.

Ahora, fuera de la función pública, ha retomado su cargo sin importar que la Ley de Ética Pública le imponga una restricción de dos años para hacerlo.

Otras perlas encontradas en un lapso de tiempo auditado de pocos meses, es la adjudicación de un servicio de limpieza por $1.000.000 en dos licitaciones, y la compra de material de limpieza por $300.000 al mismo prestador del servicio que se suponía tenía que traer su propio material para la tarea de limpieza.

Tampoco parece tener justificación una abultada contratación de micros para dudosos transportes por más de $300.000 y la compra de “Banderas y Gallardetes” por $50.000.