La corrupción progresista en Neuquén

La pretendida "derechización" de la política oficial en Neuquén no es más que un desesperado intento por volver a los carriles institucionales, después de haber incursionado en un irresponsable coqueteo con la política administrada por piqueteros, "líderes" sociales y demás exponentes de una raza parasitaria que es una versión mezquina y falsa del progresismo vernáculo.
El caso de la "líder social" Milagro Sala, en Jujuy, la intocable impulsora de la agresión que recibió el titular del radicalismo, Gerardo Morales, no es único en Argentina. En cada provincia del país se pueden encontrar líderes de "organizaciones sociales" –un eufemismo para denominar aparatos parasitarios de los partidos políticos vinculados al poder de turno- que administran mucho dinero y se dedican también, y esencialmente, a administrar la rebeldía de los más pobres: por un lado, le aseguran encauzar las protestas a los poderosos; por el otro, la usan para sus propios fines cuando los poderosos se "olvidan" de pagar el diezmo.

Es, posiblemente, una distorsión más de nuestra endeble democracia. Cuesta distinguir los movimientos sociales genuinos, organizados, en esta Argentina de hoy. Por el contrario, parece todo contaminado por un gigantesco sistema de clientes de la renta del Estado, que no necesita ser mucha para ser generosa con quienes se prestan a los manejos "en negro". Una escasa transparencia pública, el ocultamiento de los indicadores económicos estadísticos, presupuestos oficiales mentirosos, y un sistema de reparto nacional absolutamente tergiversado y arbitrario, ayudan a que permanezca y se acreciente este perverso sistema donde el "insurgente" y el "conservador" son dos caras de una misma moneda, hecha del tenebroso metal de la corrupción.

En Neuquén hay muchos ejemplos, que explican entre otras cosas porqué a veces los que más salen en los diarios son los referentes de expresiones minoritarias, y muchos políticos representativos de mayorías, que trabajan de verdad en las instituciones, son mostrados casi con desprecio, como parte de una burguesía en declinación, figuras visibles de una corruptela decadente a las que nos hemos acostumbrado a criticar sin conocer.

Tanto el gobierno provincial como el de la capital neuquina, por nombrar las dos expresiones institucionales más representativas en los dos niveles del Estado, han coqueteado con desigual fortuna con piqueteros profesionales, punteros, dueños de dudosas cooperativas, de ONGs que aseguran estar bien intencionadas. Lo que justifica, tanto para Jorge Sapag como para Martín Farizano, el frecuente contacto de sus más altos funcionarios con estos líderes flojitos de papeles, es una presunta apertura al protagonismo popular en las decisiones de gobierno.

Lo que preocupa, a esta altura de los acontecimientos y con una perspectiva bastante oscura en un panorama lleno de conflictos, que solo promete más conflictos de aquí hasta fin de año, es que la pretendida "derechización" de los gobiernos en Neuquén no es más que un intento de volver al redil institucional, del que nunca se debería haber salido, recortando poderes y atribuciones de una generosa cantidad de piqueteros, punteros, "referentes sociales" y atorrantes de diversos calibre que han sabido vender una mercadería consistente en dosis de miseria, ignorancia, analfabetismo y curros de la más variada condición surgidos de ese aprovechamiento miserable.

Por eso, no debe sorprender que actualmente uno de los problemas políticos vigentes sea el de las usurpaciones. Los gobiernos están pagando sus propias culpas en este tema: cuando, impulsados en su afán de colgarse del gran administrador de la plata nacional de turno –en este caso, Néstor y Cristina Kirchner- sucumbieron a una casi suicida incursión en un progresismo multiétnico y multicultural revestido de grandes palabras pero casi obsceno en su ausencia de legalidad, de controles republicanos, de respeto por las instituciones.

No deben sorprenderse los políticos si encuentran freno y objeciones en la Justicia con este tema. La recurrencia a la Justicia como mecanismo de solución no hace más que ocultar la impotencia política para resolver problemas. La mayor parte de las usurpaciones de tierras y territorios en Neuquén –esta es la verdad, si uno consulta un poco las leyes- no ameritan denuncias penales, sino en todo caso civiles. La propiedad privada no se defiende con la policía, con el garrote o el fusil, sino (mucho más eficazmente) con el Código Civil y la sólida convicción de la propiedad privada que denota nuestra Constitución.

Se paga la culpa de tanta demagogia y mal uso de las intenciones "participativas" de funcionarios que en realidad solo han perseguido el propósito de pagar con plata las presiones sociales de "líderes" que saben dónde apretar y qué botones oprimir para aflojar dineros públicos en su propio beneficio.

De otra manera, no habría por qué tener dudas, por ejemplo, sobre si hubo o no "permiso" desde el ministerio de Gobierno de Jorge Tobares para que piqueteros que incluso han llegado a ser candidatos, como Jorge Salas o Heriberto Chureo, avanzaran en cooperativas que incluían ocupación de tierras como "solución" al problema de la falta de viviendas en Neuquén.

¿O no fue acaso una gran irresponsabilidad que el Estado neuquino y el municipal borraran con el codo lo que los gobiernos anteriores habían escrito con la mano, respecto de las 127 hectáreas, por ejemplo? ¿No es cierto acaso que hubo funcionarios de los dos niveles de gobierno que aceptaron que se podía rever el concepto de que esas tierras serían destinadas para múltiples fines públicos, pero no como predio para construir viviendas?

Uno puede preguntarse tranquilamente cómo es posible que haya "organizaciones sociales" que en realidad son versiones apropiadas para recibir plata de partidos políticos parasitarios de otros partidos políticos más grandes, que trabajen directamente en la administración de terrenos y viviendas.

No solo eso: ¿porqué nadie hizo un escándalo después de la admisión oficial de que el interventor de la UOCRA Neuquén, Víctor Carcar, es empleado de la planta política del Municipio, como parte de la "colaboración" de la CGT en el diseño urbano de la meseta? ¿No es acaso una barbaridad que un sindicalista que ni siquiera ha sido elegido por los afiliados cobre un sueldo municipal para eventualmente garantizar que haya acompañamiento "proletario" a los planes políticos municipales?

Ahondar en estos temas, desentrañar en definitiva lo que es la inmensa corrupción de nuestro sistema democrático, es una tarea impostergable para mejorar la calidad y la eficiencia de nuestra democracia.

De lo contrario, seguiremos ilusionándonos con espejitos de colores, mal pintados, decadentes, patéticos en su obstinación por suplantar el mundo real.

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