Con corrupción no hay democracia

Con corrupción no hay democracia
Por José Miguel Onaindia

El pasado 10 de diciembre se cumplieron veinticinco años de la asunción del gobierno de Raúl Alfonsín, que inauguró un cuarto de siglo sin interrupciones militares. Los argentinos recuperamos la costumbre de votar, luego de cinco décadas de gobiernos de facto, continuados por democracias débiles o autoritarismos de base electiva. Sin embargo, fue un aniversario sin gloria. En ese lapso histórico no pudimos establecer un sistema político con la calidad institucional necesaria para asegurar a los habitantes un ejercicio razonable de sus derechos humanos.

El restablecimiento del respeto de un orden jurídico difícilmente pueda lograrse si se elude la necesidad de rehabilitar el pacto de convivencia que significa la adopción de un texto constitucional. Y esto aún no ha sucedido.

"En 1930 se produjo el primer golpe de Estado que derrocó a las autoridades legítimamente constituidas y, sin la vigencia de la Constitución Nacional y cada vez más alejados de sus principios rectores definidos por Alberdi, el país cayó en un proceso de franca declinación. Tanto durante los gobiernos militares, ilegítimos y violadores de derechos cívicos y humanos, como durante muchas administraciones civiles formalmente republicanas, el pretendido propósito de corregir injusticias o solucionar desigualdades sirvió de pretexto para que imperara una nueva trama social, basada en la dádiva y el clientelismo político?", así describe José Ignacio García Hamilton la evolución de nuestra realidad política y social ( Alberdi. La paz y el trabajo ) en Visiones de una Constitución , coordinada por Jorge Alejandro Amaya (UCES, pág. 19 y sgtes.).

El mismo día del aniversario de la asunción del gobierno de Alfonsín, un informe realizado por la Universidad de Buenos Aires y dado a conocer por Red Solidaria comunicaba que ocho chicos menores de cinco años mueren diariamente en la Argentina, como consecuencia de la desnutrición.

La dramaticidad del dato permite prescindir de cualquier calificativo. Pero demuestra que el intenso deterioro de nuestra calidad institucional es proporcional a la abrupta caída del nivel de vida de grandes sectores de la población. La pobreza y la inseguridad, como moneda de dos caras, se fueron instalando en nuestra convivencia social y condujeron al severo cuestionamiento de la doctrina de la representación.

La Constitución reformada en 1994, siguiendo el ejemplo de otras constituciones latinoamericanas, incorporó una cláusula inexistente en el texto originario -el artículo 36- en defensa del orden republicano y democrático, mediante una norma que, en sus cuatro primeros párrafos, castiga con la máxima sanción penal que fija su texto -traición a la patria- a quienes intenten interrumpir la observancia del sistema constitucional o colaboren con gobiernos que no surjan de las formas por él previstas. Se intentó así, desde lo normativo, impedir la repetición del fenómeno de los golpes de Estado.

Esta nueva norma culmina con una disposición, que estima que también se atenta contra el sistema democrático cuando se incurre en delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, y castiga con inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos a quienes los cometan.

Es muy acertada la disposición, porque la corrupción administrativa y el desvío de fondos públicos afecta el equilibrio y la legitimidad de nuestro sistema político. Desgraciadamente, aquí se demuestra la certeza del pensamiento de Marguerite Yourcenar cuando, en su Alexis o el tratado del inútil combate , afirma que las palabras traicionan al pensamiento, pero que las palabras escritas lo traicionan aún más, puesto que ninguna medida idónea derivó de esa nueva norma.

Si bien el Congreso sancionó la ley de ética pública que también contempla el último párrafo de esa norma constitucional, el sistema jurídico no ha podido impedir que este atentado al sistema democrático suceda cotidianamente, lo que viola los principios esenciales de nuestro régimen constitucional y los derechos de la población.

La sucesión de hechos de corrupción sin esclarecer, la ausencia de mecanismos judiciales que permitan en forma efectiva erradicar esta conducta desarrollada como algo habitual en nuestra realidad son la fuente principal de la inequidad social y del deficiente ejercicio de nuestros derechos. También, de la caída de confianza en el sistema y del grado de participación de la ciudadanía en las diversas expresiones de la vida pública. La merma de concurrencia a los actos electorales es sólo un ejemplo de este fenómeno.

Los actos de corrupción impiden que pueda cumplirse con el fin esencial del Estado, que es la promoción del bienestar general. Si con dineros públicos se realizan negocios privados, el bien común desaparece y el principio de igualdad también, porque se crean grupos de privilegio en detrimento del resto de la población. Desentrañar las causas de este colapso necesita de un arduo análisis, realizado desde diversos ángulos del conocimiento; pero, entretanto, sí podemos observar que la resistencia a ordenar las conductas a las normas ha sido la variable que ha impedido la calidad institucional en nuestro país y la posibilidad de reencontrar un camino que conjugue el funcionamiento normal de las instituciones y el bienestar general.

Los altos índices de indigencia y pobreza que afectan a nuestra sociedad tienen, en los actos de corrupción, una de sus causas principales, porque cuando los fondos cuyo destino es la mejora de la calidad de vida de le población sólo mejoran la fortuna de funcionarios y habitantes que realizan negocios con ellos, el malestar del habitante aumenta y se multiplica. Máxime cuando estos actos no son patológicos y aislados, sino que se repiten en la trama ordinaria y habitual de nuestra realidad. Así, la ratificación de los pactos de derechos humanos y su elevación a rango constitucional se tornan en meros actos declarativos que, en la realidad, sólo producen efectos limitados.

La corrupción impide que muchos habitantes gocen de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad psicofísica, a la vivienda? La corrupción mata, sin orden de matar. Pero la sociedad debe ser consciente de que las cuentas bancarias, las casas fastuosas, los dólares que aparecen en bolsas o en valijas, se nutren de los cuerpos muertos que yacen bajo tanta tumba sin nombre.

El autor es profesor de Derecho Constitucional y Legislación Cultural (UBA, Flacso, UNC)

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