En el marco de la causa por lavado de activos que tiene como imputados al exjefe de Gabinete, Alberto Pérez y al exsubsecretario de Administración, Walter Carbone, entre otros exfuncionarios sciolistas, el fiscal Álvaro Garganta le tomó ayer declaración indagatoria al exdirector de Contabilidad del organismo mencionado, y logró confirmar graves irregularidades, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Cayo Alfonso Ortiz Almada, de 52 años, quien lleva más de 33 años como empleado en la administración pública, aunque actualmente está con carpeta médica. Ayer, el exfuncionario, durante cerca de cuatro horas, brindó detalles sobre el circuito burocrático de los expedientes.

Un vocero judicial le dijo a este medio que “tras la indagatoria a Cayo Ortiz, quedó claro que la Contaduría tendría que haber cotejado todos los precios con una lista testigo, pero no lo hacían porque las boletas no tenían precio unitario”.

La declaración de ayer dejó en una mala posición a la contadora fiscal Mónica Ripamonti, explicaron desde la UFI nº11, ya que se detectaron graves falencias en los controles.

Como se recordará, ya desfilaron por el despacho de Garganta Alberto Pérez, Walter Carbone y la exdirectora general de Administración de la Jefatura de Gabinete, Sandra Mamberti, y pronto lo harán las excontadoras fiscales, Mónica Ripamonti y Alejandra Tavelli; y el extitular del Departamento de Liquidación y Gastos, Omar Moretti.

Garganta advirtió que hasta el momento se constataron como apócrifas 108 facturas presentadas entre 2014 y 2015, cantidad que denota el carácter sistemático de la maniobra. 

Además, sin respetar ninguna de las normas de la AFIP, las facturas no indicaban cantidades ni precios unitarios. Así, por ejemplo, aparecieron boletas con la única descripción “viajes” y la suma a pagar de $800.000.

En la resolución, a la que tuvo acceso este diario, Garganta sostuvo que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que, entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y el titular de la Subsecretaría Administrativa, Walter Carbone, sustrajeron por lo menos en 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.

Durante 2014 se emitieron 45 facturas truchas por más de 4 millones de pesos y, al otro año, fueron 63 las boletas apócrifas por más de 6,5 millones de pesos.