El fiscal Jorge Paolini solicitó que le sea revocada la excarcelación al ex presidente del Emtur, Emiliano Giri, y al resto de los imputados en la causa en que se investigan casos de corrupción en Astillero Río Santiago.

La petición del fiscal fue realizada en las últimas horas a la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías de La Plata, quien deberá resolver la situación procesal de los imputados en las próximas horas.

Además, Paolini pidió la inhibición de bienes de todos los acusados.

Giri fue detenido el 8 de marzo en el marco de una causa en la que se investigan casos de corrupción ocurridos en Astillero Río Santiago que podrían llegar a significar una defraudación al Estado de 16 millones de pesos. En ese contexto, también fueron apresados el entonces administrador del astillero, Héctor Scavuzzo; Rodolfo Elisetch, que se desempeñaba como coordinador de sueldos y jornales; Oscar Edgardo Borcerio, ex secretario de presidencia; Julio Rubén Borovik, ex gerente general; y Andrés Omar Ombrosi, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Producción bonaerense.

La denuncia sostiene que Giri -junto al resto de los imputados- tomaba datos de personas con la excusa de afiliarlos a un partido político y luego esa información era utilizada para hacerlos ingresar como empleados de Astillero Río Santiago y cobrar sus sueldos que llegaban a 30.000 pesos.

La investigación comenzó en el 2013 en Coronel Pringles cuando una mujer fue a cobrar al banco la Asignación Universal por Hijo. La respuesta que recibió la dejó conmocionada: en la ventanilla le dijeron que ya no era beneficiaria de la ayuda social debido a que su esposo -un trabajador rural- cobraba cerca de 30.000 pesos por mes por ser empleado de Astillero Río Santiago. Ante esta situación, el matrimonio realizó la denuncia judicial y de ahí empezó a gestarse la investigación que quedó a cargo del fiscal platense, Jorge Paolini.

Con el avance de los días, los investigadores pudieron comprobar que se creaban contratos a personas que desconocían esa situación, la mayoría de las cuales eran “gente muy humilde”, muchos de ellos “indigentes y vendedores ambulantes”.

En base a toda la prueba recolectada, el 4 de junio del año pasado la Justicia allanó las oficinas de la tesorería de Astillero Río Santiago, donde efectivos de Prefectura Naval y los instructores judiciales incautaron 250 legajos de empleados que figurarían como contratados pero nunca habrían prestado funciones en el organismo. Con todo lo incautado, los investigadores concentraron la causa en 58 legajos, aunque la sospecha en ese momento era que podrían existir un total de 300 empleados que percibieron esos beneficios durante los últimos cinco años.

La investigación continuó avanzando hasta que Paolini le solicitó esta semana al juez de garantías Nº 6 de La Plata, Fernando Mateos, los pedidos de detención de todos los acusados.

Giri fue apresado por efectivos de la Coordinación Departamental de Investigaciones (CDI) a la medianoche del 8 de marzo en su casa y luego fue trasladado hasta La Plata donde durante más de tres horas declaró ante el fiscal Paolini.

Pocas horas después, el juez de Garantías N° 6 de La Plata, Fernando Mateos, le concedió la excarcelación a todos los imputados luego de que sus abogados solicitaran la eximisión de prisión para que pasen el proceso judicial en libertad al considerar que no existía peligro de fuga o entorpecimiento en la investigación.

El juez Mateos concedió la excarcelación bajo cauciones reales fijadas según el grado de responsabilidad. A Scavuzzo se la concedió por la suma de 1,2 millones de pesos, a Elisetch por 800 mil pesos, a Borovik y Borcerio por 600 mil y a Ombrosi por la suma de 250 mil pesos, al igual que a Emiliano Giri, el ex titular del Emtur.

La investigación

Paolini considera que hay “indicios vehementes y semiplena prueba” del delito de peculado cometido por los mencionados imputados.

Según el fiscal, la estafa al erario bonaerense se realizó mediante la “liquidación de sueldos en contrato a plazo fijo a nombre de distintas personas que ignoraban tal circunstancia y que nunca trabajaron para el astillero”.

Una vez efectuada la liquidación -afirma el fiscal-, las sumas correspondientes a los sueldos de estas personas eran retiradas mes a mes de la tesorería de Eaars, y sustraídas por Elisetch, uno de los imputados. “Para poder llevar a cabo esta maniobra -continúa Paolini-, los imputados se valieron de la existencia de un circuito administrativo por el cual se concentraba la confección de los contratos y legajos y las liquidaciones de sueldos de personal superior en una única área, la oficina de Coordinación de Sueldos y Jornales y Personal Superior”.

El final del recorrido es la liquidación del dinero, que se pagaba en efectivo, a diferencia del resto de la administración pública. “Inexplicablemente se pagaban importantísimas sumas de dinero en efectivo, para lo cual debían trasladarse los fondos desde el Banco Provincia hasta el astillero, con el peligro de sustracción que ello conlleva”, consideró Paolini.