Corrientes avanza en la decisión de responder a los productores.

En las próximas horas se aguarda que el Gobierno de Corrientes declare también en su territorio la emergencia, como lo han hecho los gobiernos de Entre Ríos y el Chaco. Esta semana dirigentes ruralistas realizarán intensas gestiones para que se firme el decreto en la Provincia, luego de lo cual pasa a la Comisión Técnica integrada por los ministerios del Interior y de Economía, los que convalidan la medida. La Presidente de la Nación ha tomado la decisión política de declarar en emergencia a seis provincias, entre ellas Corrientes. La sequía es la mayor de los últimos 50 años y dejará graves secuelas en el proceso productivo ganadero, que no se limitan a la mortandad sino a la disminución de la preñez. En la agricultura las pérdidas serán millonarias y el Estado dejará de recaudar por retenciones más de U$S 3.000.000.000.
El Gobierno de Corrientes se sumará a otras jurisdicciones y establecerá en las próximas horas el estado de emergencia productiva por los daños que causa la falta de lluvia en esta zona del país.

La determinación se suma a una serie de acciones del Estado para mitigar los impactos del fenómeno climático que tiende a profundizar la crisis por la que atraviesa el sector productivo.

Alertado por las pérdidas que afecta a la producción primaria, el titular del Ejecutivo provincial convocó al Comité de Crisis para que se diseñe programas a fin de "atender prioritariamente a los pequeños productores, que siempre son los más afectados en estas cuestiones".

Los pequeños ganaderos serán los primeros asistidos por el Estado. El sector recibirá desde hoy el pago los subsidios para paliar los efectos de la falta de lluvia, como parte de un plan implementado desde el año pasado. También se iniciará la instrumentación en la entrega de 1.500.000 vacunas destinadas a la hacienda de esos beneficiarios.

Aún cuando son escasos los fondos provinciales, los planes de ayuda serían ampliados después que funcionarios provinciales se reúnan con productores agropecuarios de la provincia con la idea de "avanzar en la evaluación de los daños y actualizar datos de todos los sectores", según dio a conocer el secretario del Ministerio de Producción, Pablo Maldonado Vargas.

Las acciones del Gobierno correntino son respuestas a los pedidos de las dirigentes rurales que solicitaron que se declare el estado de crisis en la provincia.

Las autoridades gubernamentales acudirán también al Gobierno nacional y se sumarán así a la lista de provincias que solicitan a la administración central que destine fondos federales a socorrer al sector productivo.

UNIDOS EN

LA DESGRACIA

Las divisiones políticas que generó el "voto no positivo" que hizo caer la Resolución 125 pasó a un segundo plano y los gobernadores que defendieron la idea del Ejecutivo de aumentar las retenciones al campo se unen al reclamo de los calificados por el oficialismo nacional como "anti K", en el pedido de distribución de fondos nacionales entre las provincias afectadas por la sequía.

Algunos mandatarios solicitan una baja a los impuestos que se les cobra a los productores como una medida para ayudar al sector, pero la Presidencia de la Nación no da el brazo a torcer en esta cuestión.

Entre los que reclaman ayudas al Ejecutivo nacional se encuentran los "ultra-k" Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco, que se manifestó de igual manera que Oscar Jorge, de La Pampa; Daniel Scioli, Buenos Aires; y Sergio Urribarri, de Entre Ríos.

Capitanich afirmó que la grave sequía llegará a reducir en más de un 50% la producción rural en el Chaco.

En Buenos Aires cayeron apenas 240 milímetros de agua cuando la media histórica se ubica en 400. Por la situación se registró la existencia de 75.000 animales menos respecto de la última vacunación antiaftosa.

En tanto, en Entre Ríos la Federación Agraria Argentina (FAA) estima que las pérdidas por la falta de lluvia ya alcanzarían los 4.420 millones de dólares y las explotaciones productivas deben haber sufrido un perjuicio de por lo menos el 50%", explicó el subsecretario de Producción Agrícola, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de esa provincia, Rubén Sarli.

Los gobernadores se sumaron al reclamo de Hermes Binner, de Santa Fe, y de Juan Schiaretti, Córdoba, mandatarios que defendieron al campo desde marzo del año pasado, cuando comenzó el conflicto por las retenciones a la soja y que ahora sufren la crisis rural en sus provincias. El cordobés, por ejemplo, se acercó a los Kirchner luego del conflicto, pero al igual que el socialista santafesino, mantiene su reclamo de baja a las retenciones a la soja, algo que la Casa Rosada no está dispuesta a discutir "mientras se tome el debate como una guerra por ganar o perder".

Se suma al reclamo Corrientes, donde gobierna Arturo Colombi, un allegado al Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, y en la que ya se perdió cerca del 80 por ciento de 30 las mil hectáreas de soja sembrada, 14 mil de maíz y 2.500 de girasol en el Norte provincial.

Respecto a la producción ganadera, la falta de agua causó la pérdida del 65 por ciento de las vacas preñadas, según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

El titular de la Fundación Correntina para la Sanidad Animal (Fucosa), Jorge Estigarribia, confirmó el dato e informó que en la localidad de Sauce se registra solamente un 25 por ciento de preñez en las vacas, cuando los porcentajes habituales en esta fecha rondan el 90 por ciento.

PÉRDIDAS

MILLONARIAS

El sector productivo perderá por los efectos de la seca unos 3.600 millones de dólares, según informó la fundación Producir Conservando, que la integran empresas y productores agroindustriales.

Según la institución, la cosecha de granos bajará en veinte millones de kilos respecto a la campaña de 2007/08.

La producción total de soja se ubicaría entre 44 y 45 millones de toneladas; la de trigo en 8,4 millones de toneladas, la de sorgo en 3,5 millones de toneladas y la de girasol en 3 millones de toneladas. El valor de exportación total ascendería a 22.000 millones de dólares, contra 32.500 del año pasado; la disminución es de aproximadamente 10.500 millones de dólares.

El Estado también pierde debido a que la falta de producción derivará en un freno a la exportación que generará una baja en la recaudación de 3.000 millones de dólares.

La recaudación final por retenciones llegó el año pasado a 9.950 millones de dólares, se calcula que esa cifra en 2009 llegará a 7.000 millones de dólares. Según los especialistas el Estado dejará de percibir 3.000 millones menos que el año pasado, ya que no se llegará a los niveles de exportación que el año último fueron de 32.500 millones de dólares, con envíos al exterior del agro que representaron el 45 por ciento del total de las exportaciones argentinas.

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