A pesar de las quejas por ruidos molestos de los habitantes de la ciudad, la reiterada violación a las fajas de seguridad tras las clausuras denunciadas por el defensor del Pueblo y por el  delegado en Chaco del defensor del Pueblo de la Nación y los reclamos en la zona por problemas de higiene y seguridad, el Municipio reconoce que existe normativa vigente que regula la habilitación de este tipo de comercios. Al respecto Corregido sostiene que “no puede otorgarse permisos precarios para el funcionamiento y con ello no solo afectar la calidad de vida de los vecinos, sino también la propia seguridad de quienes concurren a los locales”.

La mencionada ordenanza determina que existe en la actualidad reglamentación que regula la habilitación, funcionamiento y control de los locales bailables, ya sea en lo referido a su ubicación, estructura edilicia y horarios de apertura y cierre, imponiéndoles exigencias mínimas de seguridad para resguardar al usuario y la tranquilidad de terceros ajenos al servicio, sean vecinos del lugar o circunstanciales transeúntes.

De manera contradictoria, la misma normativa sostiene la imperiosa necesidad de dar respuesta a esta temática considerada “de alta complejidad”, porque debe conciliar los intereses de la comunidad en general con los de los usuarios de este tipo de divertimentos nocturnos. Sin embargo en el texto de la ordenanza se reconoce la existencia de normas a las que deben ajustarse este tipo de comercios y por otro lado la necesidad de legislar al respecto.

Corregido recuerda en el oficio presentado que la misma ordenanza sostiene que el actual Código de Planeamiento Urbano Ambiental prevé la localización de estos tipos de comercios en las rutas 16 y 95, detallando asimismo que existen en el mercado de la construcción materiales que permiten alcanzar tanto la insonorización efectiva de los locales como también que su construcción guarde todos los recaudos y previsiones en relación con cualquier contingencia que pueda resultar grave para los asistentes.

CONTRADICCIONES Y LA NECESIDAD DE UNA DEROGACIÓN

“El permiso de carácter precario dispuesto por la Ordenanza 7956, claramente significa que dichos locales no han cumplido con la totalidad de requisitos para su habilitación, lo que no solo importa un riesgo para quienes concurren, sino para los vecinos”, resalta el Ombudsman.

En esa línea remarca que “no puede el Concejo termal dictar una ordenanza contraria a la competencia municipal, aunque esta sea temporaria, sobre todo teniendo en cuenta que la ley orgánica determina en su artículo 10 que la Municipalidad posee el poder de policía para dictar o aplicar el reglamento de faltas. Es su función efectuar los controles sobre este tipo de comercios, asegurando a los vecinos que no existan ruidos molestos y que prevalezca la higiene y seguridad”.

Corregido cuenta como Defensor del Pueblo con la facultad conforme a la Ley 4.190 de propiciar modificaciones o derogaciones de normativas, siempre que estas sirvan para resguardar el interés de los habitantes. Es por ello que señala que “siguiendo el análisis de lo expuesto, la ordenanza N° 7956, constituye un incumplimiento de las competencias asignadas al Municipio para asegurar la vida en comunidad, por lo que creo conveniente recomendar al Concejo Municipal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña la derogación del artículo 3° de la misma, remitiendo copia de esto al Ejecutivo municipal”, concluyó.