Corregido afirmó que no asumirá y acusó a diputados de nombrar a amigos y parientes

La decisión de la Cámara de Diputados de la provincia de aprobar la estructura de cargos para poner en funcionamiento el Instituto del Defensor del Pueblo desató un escándalo de proporciones al conocerse que la ley fue sancionada con un anexo con los nombres del personal que iba a ocupar cada cargo,
en el que es visible la vinculación de cada uno de ellos con las estructuras políticas del radicalismo y el justicialismo.

Ante este panorama el designado defensor del pueblo, Gustavo Corregido, hizo público su decisión de no asumir el cargo en caso de quedar firme esta normativa y también apuntó que como ciudadano defenderá este instituto y que utilizará las herramientas legales a su alcance, porque “lo que hicieron los diputados es un mamarracho jurídico”. A la vez, los califió de “corruptitos políticos”.

Cabe destacar que la ley que crea la defensoría establece claramente en el artículo sexto que será el defensor quien nombre el personal, algo que no fue respetado por los diputados, que en la creación de la estructura de cargos se toman la atribución y de manera irrisoria fijan en el segundo artículo que “por esta única vez desígnese al personal profesional, administrativo y de servicios” de la planilla anexa, es decir, que pasan a planta a una treintena de personas y dicen que lo harán por esta única vez, algo lógico ya que esas personas estarán en sus cargos por lo menos en los próximos 30 años.

“Corrupción política”

En las primeras horas de ayer, Corregido salió con los tapones de punta y puso de manifiesto que no está dispuesto a asumir la función como el primer defensor del Pueblo del Chaco y cuestionó con dureza la ley de estructura, la cual dijo “está viciada de corrupción política”.

Si bien reconoció que en los días previos escuchó la posibilidad de que definan las personas que iban a ingresar, “me pareció algo de fantasía que pongan los nombres en la ley, pero lamentablemente ocurrió”.

“Quiero dejar el mensaje claro a la gente de que no voy a asumir el cargo en estas condiciones. Considero que esta ley está viciada de corrupción política; por otro lado carece de fundamentos legales y desde el punto de vista técnico legislativo es un mamarracho y está dirigida con un fin deleznable, cuyo único propósito era nombrar a amigos y parientes”. Además, agregó que “lo que hizo esta Legislatura va a quedar en la historia porque se olvidaron del pueblo al que supuestamente representan”.

Más allá del evidente malestar reflexionó que tenía expectativas en confiar en los principios republicanos y en las buenas intenciones del gobernador Jorge Capitanich, sobre quien aseguró puso mucho esfuerzo para que se ponga en marcha la Defensoría del Pueblo, la cual fue incorporado en la reforma constitucional de 1994. “Confío en las buenas intenciones para que la defensoría sea un lugar independiente de los partidos políticos y tengo expectativa de que el gobernador Capitanich ni bien tome conocimiento vete esta ley abominable (refiriéndose a la estructura de cargos aprobada)”.

Insistió en que no va a asumir si se promulga esta ley, pero de todos modos anticipó que “como ciudadano voy a defender este instituto para que salga como tiene que salir, porque esto verdaderamente es un fraude al pueblo del Chaco”.

Reconoció que no tiene contacto con el defensor del Pueblo adjunto, Daniel Illia, y recordó que “fui propuesto y elegido por ser un funcionario independiente, a mí nadie me quita esa independencia. Nunca me pudieron comprar porque nunca estuve en venta y si pensaban que me iban a doblegar por un cargo les salió el tiro por la culata. Ninguno de estos corruptitos políticos me va a doblar el brazo”, enfatizó.

Estas últimas palabras calaron hondo en los diputados provinciales que aprobaron la ley, pero a la mayoría fue imposible contactar y las declaraciones que hicieron fueron a través de documentos o comunicados de prensa, sin enfrentar a los medios para dar a conocer su posición de manera directa.

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