El diputado nacional Sergio Ziliotto presentó una demanda por inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno Nacional que crea la empresa Corredores Viales S.A., el cual abre las puertas a la privatización y al vaciamiento de Vialidad Nacional.

La presentación fue realizada el viernes último en el Juzgado Federal de Santa Rosa. Y específicamente la demanda plantea como objeto dos peticiones.

En primer lugar, pide se declare la inconstitucionalidad del decreto N° 794/2017 por el cual se dispone la creación de Corredores Viales.

Y además, pide una medida cautelar de no innovar que ordene al Estado Nacional suspenda los efectos del decreto hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

El principal cuestionamiento del legislador del PJ es a los artículos 1º (en cuanto a los puntos del objeto que son idénticos o abarcativos del objeto de la Dirección Nacional de Vialidad); 3º (en cuanto aprueba los artículos 5 y 8 del Estatuto Social en cuanto se correspondan con el objeto y/o refieran a recursos de la DNV); 4º (en cuanto dispone que no se aplican las normas y principios de derecho administrativo); y 9º (en cuanto instruye a la DNV a hacer adecuaciones presupuestarias, aportes transitorios o de capital a la sociedad anónima).

En cuanto a la fundamentación, Ziliotto entendió que por un lado existe “violación del principio de división de poderes”. “Se encuentra demostrado que a través del decreto 794/2017 el Poder Ejecutivo emitió una norma de carácter legislativo, lo cual le está expresamente prohibido por la Constitución Nacional”, advirtió, además de reclamar que la creación de un organismo de estas características se debe realizar por ley.

Sobre el pedido de nulidad del decreto, el legislador señaló que del articulado del mismo “surge claramente que se pretende otorgar a esta sociedad anónima las funciones de la Dirección Nacional de Vialidad”.

“Concretamente, el objeto para el que se crea la sociedad anónima Corredores Viales S.A. es sustancialmente idéntico al objeto para la que fue creada la DNV en el año 1932”, insistió.

“Es claramente ilegal pretender sustituir y/o modificar de cualquier manera el objeto, o las funciones de un organismo público creado por ley, mediante un decreto que crea un sujeto privado”, agregó Ziliottó.

Sobre los fondos y bienes que la sociedad anónima administrará, en la presentación se indica que no se ajustan “a las normas del derecho administrativo que regulan las contrataciones del Estado Nacional (Decreto N°1023/01) y de Contratación de Obra Pública (Ley 13.064)”.

“Así, se exime a la empresa de cualquier tipo de control de recursos, fondos y sus destinos, ajenos a todo tipo de control estatal. Además, se viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, el cual prohíbe al PEN emitir normas que regulen materia tributaria. O sea, el PEN no tiene atribución para disponer que fondos provenientes de impuestos con asignación específica sean utilizados para fines diversos, ni por entes distintos”, remarcó.

La transferencia de biene inmuebles del Estado o de Vialidad Nacional a favor de la empresa, también previstos en el decreto, violan para Ziliotto el artículo 75 inciso 5 de la Constitución Nacional “que le reserva al Congreso la disposición del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional”.