Correa expulsó a un diplomático de EE.UU.

Se trata del segundo diplomático estadounidense en ser expulsado en quince días por motivos similares. No hubo reacción de Washington pero, según el canciller ecuatoriano, la embajadora está muy preocupada y había pedido disculpas.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, expulsó ayer al segundo diplomático de Estados Unidos en menos de quince días. “Se expulsó al Sr. Marc Sullivan, primer secretario de la embajada, por una inaceptable intromisión en los asuntos internos de Ecuador. Concretamente por su posición, cuestionamientos y condicionamientos que ha hecho a la Policía Nacional. Tiene 48 horas para salir del país”, sentenció Fander Falconí, canciller ecuatoriano, quien calificó el hecho como muy grave.

Según Quito, Sullivan condicionó la entrega de ayuda económica a la unidad policial a que esa unidad fuera conducida por funcionarios designados por el diplomático norteamericano. “Su condicionamiento vulnera las competencias y atribuciones de autoridades nacionales, las únicas encargadas de decidir quién debe dirigir una unidad de investigaciones especiales”, sostuvo el canciller.

La decisión se anunció al concluir ayer una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Nacional (Cosena), máximo organismo de asesoría en materia de seguridad del Estado presidido por Rafael Correa.

“De acuerdo con los informes policiales, se determina que el funcionario ha condicionado competencias de autoridades nacionales a la continuación de cierta cooperación. Por ello queda declarado persona no grata”, señaló Gustavo Jalkh, ministro de Gobierno.

Hace dos semanas había sido expulsado el agregado estadounidense Armando Astorga. El funcionario había sido acusado prácticamente de lo mismo que Sullivan, pero con respecto a otra unidad policial, la de lucha contra el contrabando y tráfico de personas, a cambio del poder de decidir sobre los nombramientos claves en el área.

Cuando llegó la orden de expulsión de Ecuador, Astorga ya había sido transferido, supuestamente en una movida de rotación de personal. Entonces, Washington expresó su intención de resolver diplomáticamente la controversia. Pero, según Quito, los lobbystas de la embajada cambiaron de cara pero no de táctica, lo cual derivó ayer en la segunda expulsión.

Sullivan es el segundo funcionario estadounidense en importancia después de la embajadora Heather Hodges. Ayer continuaba en suelo ecuatoriano, según informó el jefe de la diplomacia de ese país, por lo que el plazo para su partida se había reducido a 24 horas.

Desde el gobierno ecuatoriano buscaron reducir el impacto de la medida señalando que la misma embajadora norteamericana se encontraba consternada por el accionar de su subordinado. “La embajadora está muy preocupada por la situación, y esta sensación es mutua”, remarcó el canciller en conferencia de prensa. Pero no por ello dejó de señalar la medida como una muestra de la conducta del gobierno en política exterior. “El hecho mismo representa una señal muy fuerte de hacia dónde se dirige el gobierno cuando plantea que todos los elementos de la cooperación internacional sean transparentes y públicos.”

La injerencia estadounidense tiene antecedentes en el gobierno de Correa. En enero de este año las autoridades norteamericanas suspendieron una ayuda de 340.000 dólares anuales a la división anticontrabando de la Policía, ya que Washington consideró un desaire el que se nombraran a las autoridades responsables del área sin consultar previamente. Como respuesta, personal de la embajada norteamericana retiró las computadoras donadas previamente a la unidad policial. El retiro de las máquinas, que contenían información sobre seguridad recabada en los últimos quince años, motivó una dura protesta de Correa. Si bien los discos duros fueron devueltos por la misión estadounidense, el jefe de Estado ordenó un peritaje para descartar una eventual adulteración y anunció sanciones contra cuatro oficiales que permitieron el hecho.

Además de Ecuador, en los últimos meses diplomáticos norteamericanos fueron acusados de intervenir en los asuntos internos de Bolivia y Venezuela. A principios de septiembre del 2008, Evo Morales expulsó al embajador norteamericano acreditado en La Paz, Philip Goldberg, tras acusarlo de apoyar el levantamiento de las gobernaciones de la Media Luna en contra de su gobierno, que derivó en la masacre de Pando. Poco tiempo después, Morales expulsó del territorio boliviano a todos los agentes del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), bajo los cargos de conspiración y espionaje. “Tenemos la obligación de defender la soberanía del pueblo boliviano”, declaró Morales al momento de anunciar su decisión. Desde Caracas, Hugo Chávez se solidarizó con el mandatario boliviano e hizo lo propio al expulsar a Patrick Duddy, embajador de Washington en Caracas en ese entonces.

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