La denuncia, que se inició a raíz de una nota publicada por este diario , contempla la posibilidad de que el consorcio haya incurrido en el delito de amenazas, por las cuales “el mencionado galeno prestador del INSSJP (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) se ve impedido de acceder al consultorio médico donde realiza sus prácticas a afiliados de PAMI a instancias de la administración del edificio y a través del personal de seguridad apostado en el lugar”.

La denuncia fue formulada por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, titular de la Ufi Pami, y recayó en la Fiscalía Federal Nro 7, de Comodoro Py. Fuentes de las fiscalías señalaron a este diario que en los próximos días se tomarán distintas medidas de prueba “a los efectos de que se investigue la conducta de los responsables de la administración del Consorcio de copropietarios”.

“Considero que los sucesos descriptos y atribuidos a los responsables de la Administración del Consorcio de copropietarios mencionado se encontrarían incursos en el delito previsto en el artículo 149” del Código Penal, detalló en la presentación Arzubi Calvo. Para el fiscal, lo sucedido encuadraría en la tipificación según la cual constituye delito hacer “uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”. La figura "a su vez se ve agravada cuando ‘las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo’”. 

En el caso de Caballito, al infectólogo Rubén Solari -quien, además de ser jefe de sala en el Hospital Muñiz, atiende en ese consultorio privado como médico de cabecera a afilados de Pami- se le impide “acceder al consultorio médico donde realiza sus prácticas a afiliados de PAMI a instancias de la administración del edificio y a través del personal de seguridad apostado en el lugar”.

Las “actuaciones se iniciaron con motivo de la publicación de una noticia periodística” en Página/12, señala la presentación del fiscal, que cita extensamente la nota a partir de la cual este diario dio a conocer la situación, el 2 de mayo.

Según contó entonces el médico Solari, el jueves 30 de abril el encargado de seguridad del edificio, ubicado a metros de Rivadavia y Acoyte, impidió el ingreso de médicas y médicos que atienden en consultorios instalados allí. En función de una orden que la administración le había impartido por escrito, en nombre del consorcio, el empleado solamente debía permitir -además de a quienes viven allí- que continúen entrando “odontólogos y sus correspondientes ayudantes y pacientes que deban hacer tratamientos de urgencia”. 

La indicación estipulaba que “queda terminante prohibido el ingreso y circularización de cualquier otra especialidad”. “No habían comunicado nada, nos enteramos por la seguridad del edifico que impedía la entrada. Le pasó a colegas que no pudieron pasar”, detalló a este diario el infectólogo Solari.