El Gobierno tiene decidido postergar hasta después de superada la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus el envío al Congreso del proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social que anunció el presidente Alberto Fernández ante la asamblea legislativa en marzo último.

Así surge de una de las 624 preguntas formuladas por los senadores que respondió el equipo del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y que fueron entregadas ayer, poco más de 24 horas antes de brindar su primer informe ante el parlamento desde que asumió el cargo.

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"La Secretaría de Asuntos Estratégicos informa que el proyecto de ley que constituirá el Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino será enviado al Congreso en acuerdo con las autoridades de las cámaras y los bloques parlamentarios, como parte de la agenda legislativa post-pandemia", afirma el escrito. En ese sentido, justifica la postergación del proyecto en la decisión del Poder Ejecutivo de que "tanto la discusión sobre su constitución, como sus objetivos y prioridades no se superponga con el tratamiento de los temas más urgentes vinculadas con la superación de la emergencia".

Las respuestas ocupan un total de 702 páginas en las que también se puede leer que el Poder Ejecutivo no tiene previsto enviar un proyecto de ley de presupuesto hasta septiembre próximo, cuando la normativa vigente establece que debe presentar el cálculo de recursos y gastos para el próximo año.

Ante una consulta sobre cuándo tiene previsto el Gobierno cumplir con esa obligación, en el informe se sostiene que recién lo hará con el próximo ejercicio, "En septiembre del corriente año, en cumplimiento de los requerimientos legales correspondientes, se presentará el Proyecto de Presupuesto 2021", se afirma en el texto.

A renglón seguido, se justifica la prórroga del presupuesto del año pasado en la "inestabilidad macroeconómica generada por la crisis de balanza de pagos que irrumpió en el año 2018 y se profundizó en el año 2019" y en un "nivel de endeudamiento público insostenible". "En este contexto, el proyecto de presupuesto 2020 enviado por la gestión anterior al Congreso se basaba en proyecciones alejadas de la realidad económica, financiera y social del país", agrega.

En el plano económico, el informe enviado ayer reconoce que se espera una caída del PBI del 6,5% para el corriente año, como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Caída del PBI

"La proyección de crecimiento calculada por el Ministerio de Economía es de -6.5% del PBI para el 2020 y de 3% del PBI para el 2021", sostiene el documento, que se remite a "los documentos relacionados con la negociación con los acreedores externos de la República" como base de la información.

En otro pasaje del informe, Jefatura de Gabinete admite un alto nivel de morosidad en el pago de servicios públicos como consecuencia de la emergencia sanitaria que mantiene paralizada gran parte de la actividad económica desde el 20 de marzo.

Al respecto, se enumeran cifras cercanas al 18% para el gas, mientras que en el caso de Aysa "si se considera el promedio de facturas morosas, 34% de los usuarios no pagaron los servicios que vencieron durante el periodo de aislamiento".

Las cifras no mejoran en los servicios eléctricos. La tasa de morosidad calculada por el Gobierno es del 13% para los usuarios de Edenor, cifra que se eleva al 17% en el caso de la distribuidora Edesur.