Alfredo Cornejo deberá resolver una licitación que empezó Francisco Pérez, tuvo varios traspiés, generó sospechas, fue cuestionada por la Justicia y se estiró tanto en el tiempo que trascendió al anterior gobierno. Se trata de la Verificación Técnica Obligatoria (VTO) de vehículos, dispuesta por una ley nacional y tardíamente aprobada en Mendoza, que le asegura un negocio millonario a quien se lo adjudique.

El proceso licitatorio fue frenado el 15 de abril por la Suprema Corte, ante el planteo de uno de los interesados que consideró que se le había impedido competir. Después de meses de esperar que se revirtiera esa decisión judicial, y pese a que había tenido señales positivas de que eso finalmente iba a ocurrir, el peronismo se fue del poder sin noticias.

Pero el mismo día que terminaba el mandato de Pérez y asumía Cornejo, la Sala Primera del máximo tribunal mendocino finalmente resolvió y levantó la cautelar que había dispuesto en abril. Una ironía del destino o simplemente timming político de los jueces, que le dieron al anterior gobernador lo que pedía, pero cuando ya no podía hacer nada. 

La decisión de la Corte implica que ahora la licitación vuelve a estar en carrera, aunque deberá incorporarse la oferta de la empresa Instecmec, que había pedido la cautelar y también la anulación de todo el proceso porque cuando fue a presentar su propuesta, el 20 de febrero pasado, día que se abrieron los sobres, se encontró con que habían cambiado el lugar del acto.

La Sala Primera tomó esa decisión dividida. Julio Gómez (designado por el ex gobernador Pérez hace seis meses) y Jorge Nanclares votaron a favor del pedido del gobierno anterior, argumentando que éste ya había dispuesto a través de un decreto (1735/15, publicado el 30 de octubre) que la demandante podía presentar su oferta y competir en igualdad de condiciones.

Pero el otro integrante de la sala, Alejandro Pérez Hualde, se opuso, por considerar que la cautelar avalada hace ocho meses tenía vigencia, según se había manifestado expresamente en la misma, hasta que se resolviera el planteo de fondo: la nulidad o no de todo el proceso licitatorio.

Aquel fallo que frenó la licitación había sido firmado precisamente por Pérez Hualde y Nanclares (que ahora la levantó) y en él se aludía a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y se llegaba a decir que “el examen del procedimiento licitatorio, así como de las demás constancias adjuntadas por las partes, permite concluir -en el acotado ámbito de análisis que se impone en la presente-, en la evidente posibilidad de existencia de irregularidades”.

Indefinición

En el Gobierno aún no han definido qué harán con este tema, otro más de la “herencia” que recibió involuntariamente. Obviamente, la decisión no pasará únicamente por la cúpula del Ministerio de Seguridad que conduce Gianni Venier. La palabra final la tendrá Cornejo. 

La duda que los carcome es si deben avanzar con un proceso que ya mostró vicios varios y al menos requiere una revisión, o bien darle de baja y llamar a una nueva licitación.

Esta última opción es la que todos ven como la más posible, tanto en el oficialismo como incluso entre las mismas empresas interesadas y oferentes.

Por lo pronto, Instecmec ya llevó su propuesta al ministerio el jueves, acatando el plazo dispuesto por el fallo de la Corte, aunque mantiene su planteo inicial: el pedido de nulidad de todo lo actuado para que se inicie nuevamente el proceso.

Desde Electrosistemas SA, una firma de Buenas Aires y apuntada como la “favorita”, respondieron que aguardan “las decisiones que próximamente adoptarán las nuevas autoridades, que esperamos resulten en la continuidad del proceso licitatorio hasta su conclusión”.

Una de las voces del Gobierno que creen que debe hacerse borrón y cuenta nueva con la VTO consideró que, tal como están planteados los pliegos hasta ahora, el único que va a ganar es el empresario que resulte adjudicado.

Por eso, este funcionario cree que en un hipotético nuevo llamado deberían imponerse más condiciones al ganador y que esté obligado, por ejemplo, a aportar más dinero que permita mejorar el equipamiento policial.

Un negocio de $ 200 millones que desató una interna en la UTN

La licitación de la Verificación Técnica Obligatoria viene dando vueltas desde hace más de un año y medio, cuando se modificó  la ley de Tránsito.

El 3 de octubre de 2014, el Ministerio de Seguridad, conducido entonces por Leonardo Comperatore pero bajo la conducción política del entonces vicegobernador Carlos Ciurca, publicó la convocatoria. Las propuestas, dispuso, debían presentarse hasta el 17 de octubre. Sólo 14 días después.

Ése fue el primer obstáculo.  En la provincia, hay media docena de talleres, con autorización nacional, que prestan el servicio para los transportes de pasajeros y carga que transitan rutas fuera de Mendoza. Algunos de ellos hicieron planteos judiciales y lograron que todo se aplazara.

A esos talleres tampoco los convencía que se le adjudicara la prestación del servicio a una única empresa en toda la provincia y que, a la hora de evaluar las ofertas, pesara más el proyecto  de arquitectura e instalaciones de las plantas que “la capacidad técnica del oferente para desarrollar la actividad”. 

Finalmente, los sobres se abrieron el 20 de febrero, aunque con un cambio de sede a último momento que es lo que objetó Instecmec, que no llegó a tiempo por eso con su oferta. Por este motivo estuvo paralizado el proceso durante ocho meses.

El objetivo del anterior gobierno era que la revisión comenzara a funcionar el 1 de agosto pasado. El sistema implica la verificación anual de las condiciones técnicas para circular de todo el parque automotor de la provincia, más de 450 mil autos, camionetas y camiones, además de 130 mil motos, con más de dos años de antigüedad.

El costo de la VTO está atado al valor de la “unidad fija”. Para las motos de más de 500 cc, autos y camionetas rondaría hoy los 450 pesos. Los camiones y micros pagarían el doble. Para las motos de baja cilindrada varía, según una escala que va del 35% al 70% del arancel inicial. 

Esto lleva a calcular inicialmente una facturación anual de más de 200 millones de pesos. Lo que se dice un negocio suculento para el ganador, que explica también los tironeos.

Pero los planteos judiciales y críticas que recibió, no fueron los únicos problemas que enfrentó esta licitación. 

Es que la anterior gestión provincial designó como auditor externo a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Buenos Aires. Como tal, fue la encargada de armar los pliegos y de hacer la primera evaluación de las ofertas presentadas. Una vez que funcionara el sistema, iba a seguir su tarea y cobraría el 2% de la recaudación, o sea más de 4 millones de pesos anuales.

Ese convenio con la facultad porteña sorprendió a las delegaciones Mendoza y San Rafael de la misma UTN. El Gobierno había priorizado a una “hermana” foránea y las había dejado afuera de un buen negocio.

Las quejas tronaron dentro de la UTN a nivel nacional y finalmente la regional Buenos Aires cedió su papel como auditor a las dos facultades de la provincia. Aunque por entonces, mediados de marzo, ya había evaluado las ofertas presentadas, obviamente sin las de Instecmec, recién incorporada ahora.