Como ya ocurrió en otra ocasión, una ley impulsada por el peronismo no llegará a aplicarse por decisión del gobierno de Alfredo Cornejo.

Se trata en este caso del proyecto que prohíbe retener el carnet de conducir a quien cometa una falta vial grave, el cual fue aprobado en el Senado la semana pasada, pero que difícilmente Diputados convertirá en Ley.

Si bien no es la misma situación, el caso es asimilable a la norma que en abril pasado impulsó el kirchnerista Lucas Ilardo (de retirar del lugar de un incidente vial los vehículos involucrados) que logró adhesión unánime, se convirtió en ley, pero que Cornejo vetó días después.

El 30 de mayo último, los senadores aprobaron -también por unanimidad- el proyecto de María José Ubaldini (PJ), que prohíbe retener los carnets de conducir cuando el conductor comete una falta grave. Para ello, la norma modifica el inciso “a” del artículo 28 de la Ley de Tránsito vigente en la actualidad (6.082).

El proyecto, además, se hace eco de dos fallos de la Suprema Corte de Justicia que consideraron “inconstitucional” la retención del carnet.

Pero un día antes de esa sanción, ingresó a la misma cámara una propuesta del Ejecutivo promoviendo una modificación integral de la 6.082.

La iniciativa, que en sí misma ya ha generado polémicas (sobre todo porque traspasa a las comunas el control de la seguridad vial), también contiene la modificación parcial impulsada por Ubaldini.

La propuesta incluso había sido pre-anunciada por Cornejo al justificar el veto a la ley planteada por Ilardo. En ese momento, el mandatario explicó las dificultades “no consultadas” de mover los vehículos en los incidentes y destacó que promovería “una reforma integral” de la ley de Seguridad Vial, contemplando la iniciativa de Ilardo votada por todos.

Pues bien, el proyecto es el mismo que ahora también puede frustrar el proyecto de Ubaldini, aunque en este caso, sin que se haya convertido en ley aún.

Si la norma que llegó con media sanción del Senado se trata y se aprueba en la cámara baja, y descontando que el proyecto del Ejecutivo terminará aprobándose (el oficialismo tiene votos suficientes para hacerlo), podría darse el hecho de que ambas leyes convivan ordenando -al menos en un punto- lo mismo.

Ubaldini habilitó esa posibilidad. “Estaría bueno, porque mientras se discute la otra ley, ya se puede aplicar esta medida de no retener el carnet. Se ganaría tiempo”, indicó la senadora justicialista, explicando que eso lo habló “con los legisladores oficialistas”.

Y se basó en palabras del propio Cornejo para justificar esa posición. “El Gobernador ya dijo que su proyecto contiene la modificación que yo estaba impulsando”, añadió.

El presidente de la Cámara de Diputados, el radical Néstor Parés, no opina igual. “No tiene sentido tratar dos proyectos sobre lo mismo.

Seguramente esperaremos el tratamiento de la ley que llega desde el Ejecutivo”, señaló, dando a entender el poco ánimo de tratar la de Ubaldini.

De hecho, el expediente del proyecto de la senadora (con media sanción) ingresó el lunes pasado a Diputados. Ayer tenía la oportunidad de tomar estado parlamentario, pero eso no sucedió. Lo que significa que ni siquiera se podrá iniciar su discusión esta semana. “Se postergó para la semana que viene”, indicaron fuentes de la cámara.

Es cierto que el proyecto del Ejecutivo también está demorado. “Todavía no empezamos a estudiarlo. Seguramente eso comenzará la semana que viene”, dijo sobre ese “megaproyecto” el radical Marcelo Rubio, presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado.

Pero también es cierto que la historia se repite. Y una iniciativa opositora (votada con amplio consenso), queda relegada ante otra impulsada por el gobierno de Cornejo.

Las dudas municipales por la seguridad vial

Como ya informó Los Andes la semana pasada, el proyecto de una nueva ley de Tránsito sorprendió a varios intendentes porque dispone el traslado de la jurisdicción de la seguridad vial a las comunas.

No ha habido grandes reclamos pero sí se habla de necesidad de fondos. “Si no hay transferencia de recursos es imposible que nos hagamos cargo”, dicen.

El Gobierno los garantiza. “La misma ley habla de transferencia de fondos”, dijo Leonardo Yapur, de Seguridad Vial provincial. Y citó “el traspaso de la recaudación de las multas”, como ejemplo.

Igualmente, el proyecto marca diferencias. A los municipios que ya tienen “cuerpo municipal de tránsito” y juzgados viales (Capital, Godoy Cruz, Maipú, Luján y San Martín) les da 30 días para adecuarse a la nueva normativa. A los que tienen preventores pero no cobran multas ni poseen juzgados (Guaymallén, Luján, Las Heras, San Rafael) les da seis meses. Y a los que no tienen infraestuctura les extiende el plazo a nueve meses.

De todos modos todo queda supeditado a cómo se dé la discusión de la norma, lo que puede ocurrir recién la semana que viene, si avanzan otras leyes cruciales.